Me van a permitir que explique una experiencia personal para ayudar a comprender eso de la rentabilidad razonable. En los años ochenta el conocido como Marco legal y estable (MLE) retribuía a las centrales de generación del régimen ordinario por el valor reconocido de la inversión.
En 1991 terminamos de construir la central de Alange, de 9.140 kilovatios de potencia, dentro del Régimen Especial. Al mismo tiempo Guadisa, entonces propiedad al 50 por ciento de Sevillana de Electricidad e Hidroeléctrica Española construyeron la central de La Serena, de 25.000 kilovatios de potencia. Ambas, centrales de pie de presa de la Confederación del Guadiana. La inversión que calculó de esta última estaría alrededor de mil millones de pesetas. Sólo a efectos del MLE, como valor reconocido, estimo que no bajaría de los dos mil millones. La inversión en Alange fue de 600 millones, siempre hablando de pesetas.
Ambos embalses estaban vacíos, no alcanzando el nivel del agua la cota de explotación hasta 1997. Entre 1992 y 1996 se produjo la mayor sequía en la cuenca del Guadiana en intensidad y en tiempo que se ha conocido mientras se tienen registros. Ésto entra dentro de los riesgos del negocio. Las diferencias empiezan a partir de aquí. Hasta 1997 ninguna central pudo dar un kilovatio a la red.
La central de La Serena, aún con la imposibilidad real de dar un solo kilovatio hora, empezó a ser retribuida. Si la memoria no me falla el tipo de retribución era de un 16 por ciento sobre el valor reconocido. Entre 1992 y 1997, ambos inclusive, fueron 6 años ,que al 16 por ciento, pagaron la central dos veces respecto a la inversión real. Sin haber dado un sólo kilovatio a la red.
Luego vinieron los costes de transición a la competencia, los famosos CTC, para el régimen ordinario nada más. Como la central de la Serena técnicamente no estaba amortizada, -por el plan contable lo estaría a los 40 años aproximadamente- fue de nuevo considerada como de retribución necesaria.
Por el contrario en Alange, sin poder dar kilovatios tampoco, debía pagar los cánones de unos 15 millones anuales a la Confederación, más los intereses intercalarios, lo que hizo que el valor final de la central se duplicara. ¡Ahora se nos acusa a las renovables del régimen especial de ser caros! ¿Tendremos que comulgar con esas ruedas de molino?
¿Cuántas veces hemos pagado en el sistema la central de la Serena? ¿Cómo va a calcular el ministro Soria y los Sres. Nadal la rentabilidad razonable? ¿Van a tratar con equidad todas las instalaciones? ¿Va a devolver dinero La Serena, cuya rentabilidad tiende a infinito?
Después de la Ley 54/97 del Partido Popular, que en teoría perseguía la liberalización del sistema, ahora como gran solución del déficit de tarifa, de cuya realidad tengo grandísimas dudas, se nos plantea de nuevo un marco estable I/Y-LEGAL, donde se nos pretende retribuir con una tasa a la inversión, olvidando la producción. OLE. Si no invertimos en eficiencia de generación, haremos menos kilovatios, que, oh casualidad, lo harán las centrales de gas.
Si se tomaran bases reales, ya nos conformaríamos con el 7,5 por ciento que anuncian. ¿Es que piensan subirnos las primas?. Sólo tienen que preguntar al Idae con qué tipo (7 por ciento) calculaban las primas de las distintas tecnologías con sus costes y producción media. El Idae es testigo de excepción porque han construido para ellos y para terceros plantas renovables de todas las tecnologías.
Todas las medidas tomadas, que ya serían muy malas para las nuevas instalaciones, para las construidas bajo un paraguas Legal, suponen una auténtica expoliación.
Estoy convencido de que los tribunales europeos y españoles emitirán sentencias en contra de las medidas que este gobierno ha tomado, pero cuando se produzcan habrán dejado por el camino empresas y empleos irrecuperables. Y como siempre pasa con las decisiones de los políticos, aunque luego se demuestren contrarias a derecho, ya no estarán ni tendrán consecuencias personales.
Cuando quieran les pongo otro ejemplo en el Acueducto Tajo Segura. El Tribunal Supremo tardó 12 años en darme la razón sobre una central hidráulica de 14 megavatios que ahora, además, con estas medidas, no se construirá.
Puedo hacer las cuentas de cuánto ha costado a la Hacienda Pública y a mi empresa aquella decisión. Se sonrojarían. Este ministro y los Sres. Nadal tomaron la decisión de enviar a tarifa a todo el régimen especial y ha costado al sistema 1.000 millones de euros en cuatro meses, pero lo caro son las renovables.
José María González Vélez, empresario de renovables.
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