La política democrática en Europa tiende a legislar en demasía. La minuciosidad con que el Parlamento Europeo desciende a las regulaciones más nimias de nuestra vida cotidiana ha sido objeto de innumerables chascarrillos. Y en España, la normativa emanada de los tres grandes niveles administrativos ha sido excesiva, hasta el punto que don Federico Castro solía decir irónicamente que "en España, la abundancia de leyes se mitiga con su incumplimiento".
Sin embargo, este haz tiene su envés: con frecuencia, lo que requiere definición normativa urgente porque está en juego un interés legítimo tarda más de lo debido, a veces por lentitud del aparato burocrático, en ocasiones por la acumulación de problemas del legislador. Éste es el supuesto que nos ocupa, y que justifica este artículo: tras los cambios introducidos en las carreras técnicas de ingeniería por el proceso de Bolonia, los titulados superiores anteriores a la reforma no tienen reconocida todavía su titulación equivalente.
En 2008, una Resolución del Parlamento y el Consejo Europeos creó el nuevo Marco Europeo de Calificaciones para los títulos otorgados por el sistema educativo surgido del proceso de Bolonia. Dicho marco, estructurado en ocho niveles, fue adoptado por el Gobierno español mediante un decreto de 2011, que creaba el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), con cuatro niveles (técnico superior, grado, máster y doctor).
Una vez puesto en marcha el proceso de Bolonia, del que ya van a salir pronto los primeros egresados, es preciso ahora establecer una correlación entre las titulaciones anteriores y estos cuatro nuevos niveles. En el caso concreto de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que es el que me atañe directamente, los así titulados, que han cursado como mínimo 300 créditos ECTS y cinco años de estudios, han de ser reconocidos como máster en ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que requiere acreditar idéntica formación.
Las demás ingenierías tienen el mismo problema. La cuestión no es banal, ni puede reducirse a un problema terminológico y secundario: la imposibilidad de utilizar el título de máster limita las oportunidades de empleo de los ingenieros en el extranjero. Y perjudica a las empresas españolas que licitan obras o servicios en el exterior, ya que no pueden acreditar la disponibilidad de ingenieros de categoría máster, que puntúa muy significativamente en los concursos.
Como presidente del Colegio de ingenieros de Caminos, he reclamado insistentemente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte este simple trámite, que se reduce a corroborar lo obvio mediante una norma de rango ministerial. Pero lo que se antojaba fácil se ha complicado.
El argumento que avala la demora es desconcertante: se quiere resolver de una vez la equivalencia de todas las profesiones, y comoquiera que hay algún problema de homologación en alguna de ellas, se hace pagar a todas el precio de la inhibición. El momento es sin embargo, malo para estos juegos malabares: difícilmente se podrá impulsar la tambaleante "marca España" en el exterior si no se permite a nuestros expertos lucir su currículum. Y mal se resolverá mediante el empleo en el extranjero el alto paro interior si no se acredita a nuestros técnicos como merecen.
Así las cosas, el Colegio de Ingenieros de Caminos se ha multiplicado: hemos escrito al ministro Wert, hemos solicitado audiencia con la secretaria de Estado de Universidades, nos hemos entrevistado con todas las autoridades accesibles del Ministerio de Educación, hemos buscado apoyo en los principales grupos parlamentarios, hemos pedido a los ingenieros miembros del Consejo Empresarial de la Competitividad que aprovechen sus contactos gubernamentales para concienciar al Gobierno de este problema... Y el pasado 25 de septiembre, el Colegio presentó una solicitud al Gobierno con el ruego de que se proclame y se comunique a Bruselas la equivalencia de los títulos prebolonia con los actuales.
No vamos a cejar. Y no descartamos buscar adhesiones a nuestra petición al Gobierno para lograr un reconocimiento legítimo y urgente. Lamentamos que no se acabe de entender que no tiene sentido que las dificultades derivadas de la crisis se vean acrecentadas por la falta de diligencia en la eliminación de obstáculos que no tienen razón de ser.
Juan A. Santamera, presidencia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
