Los incidentes y tropelías registradas con harta frecuencia en cajeros o en las puertas de sucursales bancarias son más que un símbolo de puro gamberrismo, que no debe pasar desapercibido pese a la mayor atención prestada a los escraches o acciones de coacción ante las casas de algunos políticos. Denotan que la crisis genera situaciones de irracionalidad basadas en la desinformación y con efectos contraproducentes para todos, por lo que urge cambiar la dinámica y pasar de una actitud de conflicto a otra de cooperación en las soluciones. Las autoridades nacionales han de encauzar ese consenso, aunque a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo les cabe mayor responsabilidad en superar un ambiente causado por un cúmulo de errores recientes que frenan el desarrollo de las tarjetas.
Quienes sabotean cajeros deben saber que el disparate de cargar contra las redes de medios de pago es más clamoroso si se sitúa en su contexto económico. España tiene una de las mejores redes de Europa. Pero este capital físico está amenazado de manera creciente por su infrautilización. Los cajeros automáticos sumaban 56.258 en 2012, y las terminales de punto de venta para el uso de tarjetas en los comercios totalizaban 1.502.144 al empezar este año, en retroceso desde la recesión del 2009. Pero como publicó la prensa, por primera vez desde que empezó la crisis cayó un 0,90 por ciento el volumen de operaciones con tarjetas (teníamos al iniciarse 2013 todavía 68,8 millones de tarjetas de débito y crédito), cuando en 2004 crecían a un ritmo anual del 17,06%. Mayor ha sido el descenso de las retiradas de efectivo en cajeros (2,88%), que en 2003 crecían a ritmos anuales próximos al 11%.
Más oportunidades que desafíos
Tampoco debe ignorarse otra cosa ahora que los servicios de información de la Policía han advertido al Gobierno de que el orden público puede verse alterado como consecuencia del malestar social derivado de la crisis. Al igual que el comercio físico tiene que asumir la dura competencia del comercio electrónico, los trabajadores y millones de usuarios que dependen de esas redes de pagos deben asumir la incertidumbre que arrojan sobre sus empleos los pagos por móviles o Internet. Pero las oportunidades que generan esos cambios son muy superiores a sus desafíos.
Esas oportunidades no solo están en el mercado español, sino en el mundial, ante el cual podemos jugar la gran baza de contar con dos de los mayores bancos globales y con una de las operadoras líderes de telecomunicaciones. Lo mismo que España compensa con exportaciones de bienes y servicios su caída de la actividad comercial doméstica, podrá suceder con las redes de pagos electrónicos e incluso con el necesario y deseable avance del proceso de sustitución del efectivo por las tarjetas.
Es duro tener que reconocer que habrá que asimilar nuevas transformaciones, cuando la extensa red de pagos española decíamos que está infrautilizada pese a ser de lo mejor que tiene Europa. Pero ya era así antes del boom de los pagos por móviles. En 2010 teníamos 1,6 tarjetas por habitante, cuando la media de la Eurozona era del 1,4. Sin embargo, tanto el número de transacciones por tarjeta, como por habitante, eran inferiores a la media de la Eurozona. También es menor tanto el gasto por tarjeta como por habitante.
Esto sucede por el cúmulo de errores al que nos referíamos. Algunos se notan en la fragmentación de la necesaria unidad de los mercados nacionales y europeos por errores políticos. Por ejemplo, aquí, mientras el Ayuntamiento de Barcelona aprueba la tasa de cajeros cuando al mismo tiempo el uso del móvil gana a los cajeros en la realización de operaciones ya en algunas localidades, en Melilla, Economía baraja instalar cajeros para que los melillenses puedan realizar el pago telemático de facturas. Igualmente, el Gobierno de Rajoy limitó el año pasado a 2.500 euros el uso de efectivo, uno de los mayores topes europeos. Pero mayores son los errores del BCE y de la CE, y no sólo por el reciente caso de Chipre, donde el corralito contra el dinero oculto de rusos y otros ha llevado a que los cajeros sólo dan 100 euros al día, mientras se publica que un peligro malware ruso llega a los cajeros de EEUU.
Contra la economía sumergida: pagos con tarjeta
Mayores errores son que España siga siendo uno de los países con mayor uso de efectivo y que la Eurozona duplique en esto a EEUU, cuando es sabido que los pagos electrónicos por su trazabilidad evitan algunos de los efectos de la economía sumergida, que allí es curiosamente la mitad que por estos lares del Atlántico. Sólo el ahorro de costes por introducir medios electrónicos más baratos oscilaría entre los 20.000 y los 23.000 millones de euros, de ellos 3.000 millones para España, según el informe World Payments 2011.
Gran parte de las soluciones al problema de la economía oculta española han de proceder de la UE. En otros continentes se han llegado a reducir el IVA u otros impuestos para combatirla. Pero en Europa esos incentivos fiscales se han limitado a Alemania y han sido escasos, por lo que este país sigue con un bajo uso de tarjetas. Al margen de actuaciones más decididas contra los paraísos fiscales dentro de la UE, muchas son las medidas que debería adoptar. Entre ellas, en vez de reducción de gastos y subidas de impuestos, habría que empezar por introducir incentivos fiscales a los medios de pago electrónicos, mejorar los sistemas de información de la trazabilidad de los pagos y, sobre todo, no frenar el dinamismo de las tarjetas con regulaciones que en vez de fomentar la competencia la distorsionan.
Para superar todo esto hace falta un enfoque de cooperación entre todos los agentes involucrados. Entre otras razones, porque hay que alejarse cuanto antes de los efectos y prácticas nocivos aplicados a los medios de pago tradicionales. Son mucho más productivas para el conjunto de la sociedad el carácter y efectos potenciales de las nuevas tecnologías de la información como las incorporadas en las tarjetas por su permanente innovación, en aras de su seguridad, comodidad y menores costes. Como las demás tecnologías, éstas avanzan y se imponen con mayor celeridad cuando todos los agentes participantes en las mismas aprecian ventajas y optan por participar, en vez desplegar estrategias que llevan a juegos de suma cero o negativa.
Joaquín Trigo, Director general del Instituto de Estudios Económicos.