El INE ha revisado a la baja las cifras del PIB de 2012. El crecimiento de esta magnitud ha sido inferior al previsto en dos décimas. Fundamentalmente, por una mayor caída del consumo. En concreto, el consumo de los hogares se redujo un 2,8% en lugar del 2,1% estimado en febrero. Analizando las cifras de los últimos años, no parece que hayamos tocado fondo; crecer a tasas negativas supone ahondar más en la crisis, aunque sea a menor ritmo.
En definitiva, las medidas económicas no están dando los resultados esperados: llevamos siete trimestres consecutivos de recesión (tasas negativas en el crecimiento del PIB, tanto en términos interanuales como inter trimestrales), aunque se observe una suavización del deterioro. El avance del segundo trimestre de 2013 señala todavía un decrecimiento del 1,6% en términos interanuales. Siguen aumentando las exportaciones, sí, pero el consumo sigue cayendo. Y veremos qué ocurre después del crecimiento coyuntural del turismo, en parte debido a las expectativas de conflictos en países tradicionalmente receptores de turistas. Mientras, el resto del mundo está en una fase de crecimiento, como reconocía el presidente del Gobierno ante sus socios comunitarios recientemente. Lo peor es que se insiste en medidas escasamente efectivas, lo que sorprende puesto que además se considera que la actual política económica es la única posible. La recesión continúa, aunque pueda observarse una ligera atenuación de su ritmo.
Ha disminuido algo el gasto de las Administraciones Públicas, pero no porque se haya incrementado la recaudación por mayor actividad económica, sino, en buena parte, por los recortes (especialmente dolorosos en el caso de ciertos servicios sociales y sanitarios) y el aumento de los tipos impositivos. La reducción del gasto es necesaria, siempre que se haga en el gasto improductivo e inútil. Pero es igual de importante gestionar óptimamente los ingresos.
Ha mejorado la competitividad, lo cual se refleja no solo en menores costes de producción, sino también en aumentos de calidad. Lo fácil es recurrir básicamente a la reducción de los costes de los factores, y en concreto al factor trabajo vía reducciones salariales. Que es lo que en buena parte está ocurriendo. Parece que estamos instaurados en un círculo vicioso: aumentan los tipos impositivos, disminuyen los salarios y la renta disponible (para consumir o invertir), cierran empresas, se destruye empleo (incluso en agosto; que no suba el paro registrado no oculta que la afiliación a la Seguridad Social desciende en casi 100.000 personas) y en consecuencia menos consumo. Hasta aquí el diagnóstico. ¿Podemos romper este círculo? Sí, pero es necesaria una estrategia a largo plazo. Hay que plantearse ganar competitividad mejorando la calidad de nuestros productos más que reduciendo salarios. Entre otras razones, además de frenar la caída del consumo, se consigue aprovechar el talento de los trabajadores con alta formación que emigran ahora a Alemania, Noruega y otros países avanzados. Ganar competitividad por esta vía requiere tiempo y esfuerzo, pero a largo plazo lo que más cuenta en la economía de un país es el capital humano. Es fácil para los políticos recurrir a medidas instrumentales para conseguir objetivos a corto plazo. Un cierto aumento de las exportaciones no es para tirar cohetes. Es habitual en las recesiones, consecuencia del menor consumo interno y las reducciones salariales.
Respecto al déficit, detrás del gasto público hay personas que lo gestionan y, por tanto, responsables de hacerlo eficientemente o con despilfarros, como detrás de las buenas ideas hay empresarios, personas creativas y buenos gestores.
Es necesario apostar por la I+D, pero como herramienta para mejorar la competitividad. Al mismo tiempo hay que recuperar el protagonismo del sector industrial como motor de crecimiento y creación de empleo sólido. Hay subsectores con muy grandes posibilidades; este es un tema clave que requiere de una más profunda reflexión y extensión. El papel del Estado es clave, pero no para intervenir en los mercados. Hay que exigirle que se liberalicen más los mercados eléctricos, del gas, de las telecomunicaciones y de otros oligopolios para reducir costes de producción. También es el Estado quien ha de eliminar burocracias innecesarias para que se pueda interactuar con la administración de forma más eficiente. Pero también priorizar el gasto en I+D, con oferta pública de empleo incluida; en caso contrario, el acceso a la economía del conocimiento estará cada vez más lejos. Sí, muchos temas clave son responsabilidad del Estado. Exijámosle que plantee objetivos claros y evaluables, que inspiren y movilicen a los ciudadanos, incluso con un calendario detallado que ponga fin a una situación que se prolonga demasiado tiempo. ¿Es mucho pedir?
Juan Rubio Martín, Doctor en Ciencias Económicas y experto en Economía de la Sociedad de la Información.
