El caso Ergenekon es uno de los más complejos y controvertidos de la historia de Turquía. Se trata de una supuesta trama ultranacionalista y golpista con 275 acusados para los que se han dictado duras penas de prisión y numerosas cadenas perpetuas. Sólo 21 han sido absueltos.
Estalló en 2007 tras descubrirse un abundante depósito de municiones y explosivos en la vivienda de un distrito de Estambul. Salía así a la luz lo que se ha revelado como una red organizada y relacionada con lo que en Turquía se conoce como el "Estado profundo". En esa época, el Ejército se oponía al nombramiento del actual presidente islamista Abdullah Gül. Desde 2008 han sido detenidos en el marco de la instrucción decenas de oficiales, tanto en activo como retirados.
La investigación determinó que la red conspiradora se extendía a la jerarquía militar, responsables políticos, líderes universitarios y periodistas. Según la acusación el objetivo de Ergenekon era hacer caer el Gobierno islamista-conservador de Recep Tayyip Erdogan.
Cadena perpetua
Entre los condenados a perpetuidad (17 en total) está el ex jefe de Estado Mayor, general Ilker Basbug, declarado culpable de "intento de derrocamiento del orden constitucional por la fuerza".
Mustafa Balbay, conocido periodista de un diario de izquierdas y elegido diputado del principal partido de oposición durante su detención, ha sido condenado a 35 años de cárcel.
A lo largo del último medio siglo los militares se han considerado los garantes de los valores laicos de la república turca. Desde 1960 derrocaron tres gobiernos democráticamente elegidos y en 1997 obligaron a dimitir a un ejecutivo pro-islamista. Hay quien afirma que Ergenekon, más que una organización, era una manera de dirigir el Estado que contemplaba eliminar a otros usando la fuerza del aparato y asesinando de considerarlo necesario.
El poder de Ergodan
El final de Ergenekon, aun pendiente de apelación, puede liquidar definitivamente en Turquía medio siglo de dominación castrense y afianza -aparentemente- el poder de Erdogan. Sin embargo, el "juicio del siglo" suscita graves interrogantes sobre la libertad de expresión y de prensa y la independencia judicial. El veredicto afecta además de a los culpables a un gran número de personas inocentes, condenadas por testimonios anónimos y afirmaciones nunca demostradas. Esto arroja una oscura sombra sobre la sentencia.
El caso ha derivado en un enfrentamiento público entre los laicos que temen una islamización por iniciativa del gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP), y los miembros del propio partido del primer ministro, Erdogan. El gobierno se ha limitado a declarar mediante su portavoz que respeta la decisión judicial. Pero se sospecha que el AKP ha instrumentalizado la Justicia para deslegitimar a sus rivales políticos y desacreditar al Ejército. El juicio ha estado rodeado desde el principio de una honda polémica política.
Los dos principales partidos de la oposición en Turquía con representación parlamentaria, el kemalista Partido Republicano del Pueblo (CHP) y el nacionalista Partido del Movimiento Nacional (MHP), han criticado duramente las sentencias. Califican de "ilegítimo" el fallo al provenir de tribunales especiales. Denuncian que la noción de imperio de la ley no es válida para este tipo de cortes que están vinculadas y sometidas a instrucciones de la autoridad política.
Tribunales especiales
Aunque los tribunales especiales fueron abolidos en Turquía en 2012 por decisión parlamentaria, los juicios por los casos Ergenekon y Balyoz -ambos sobre supuestas tramas golpistas- quedaron al margen de la nueva ley por haberse iniciado ya en el momento de su aprobación.
Crecen en Turquía las divisiones entre islamistas y laicos. Las multitudinarias manifestaciones contra Erdogan en los últimos meses son buena prueba de la deriva autoritaria del jefe del Gobierno. También en la sede del tribunal que dictaminó la discutida sentencia del caso Ergenekon hubo enfrentamientos pese a que se desplegó un importante dispositivo de seguridad.
Se ha abierto la puerta al intento del gobierno de apabullar a la oposición y coartar las libertades. La vaguedad de las leyes antiterroristas aplicadas, las manifiestas violaciones del derecho de defensa o acusaciones inverosímiles han hecho que muchos califiquen de farsa el proceso. Ha habido asimismo críticas en la Unión Europea. El juicio a la organización clandestina no puede devenir en un símbolo de la lucha entre el gobierno islamista y las élites seculares. Mucho menos convertirse en una caza de brujas. El creciente autoritarismo de Erdogan debe encontrar sus límites en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho.
Marcos Suárez Sippman, analista de relaciones internacionales.
