El Presidente del Tribunal Constitucional ha militado en un partido político. El dato parece haber sorprendido el candor de algunos. Otros jueces han podido militar con la discreción de no pagar cuotas. O pertenecen a asociaciones judiciales vinculadas a opciones de partido. Es decir, tienen ideas políticas, pero no pagan cuotas de afiliado. Es la militancia secreta. Seamos sinceros. Solo eso, seamos sinceros en el debate.
Los jueces no viven a solas consigo mismos, en la cueva del ermitaño. En Estados Unidos, por ejemplo, la American Bar Association señala en su Código de Conducta que el juez no solo tiene derecho sino que debe ser alentado a participar en el debate político. Pero los jueces españoles tienen prohibido concurrir (sencillamente concurrir) a actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial. Esto es la pura letra de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, lo que importa aquí es que los jueces oculten su opinión. Pero la tienen. Problema distinto es que su imparcialidad quiebre por eso. Y esto no depende de la opinión política ni de pagar cuotas sino que está íntimamente relacionado con la ética. No se puede abrir un campo estéril, químicamente aséptico alrededor de los jueces para evitar su contacto con la política o su militancia ideológica. Lo que se debe garantizar, en medio de la verdad de las cosas, es su efectiva imparcialidad, su condición ética en el interior de la decisión judicial.
En Italia, el Consejo Superior de la Magistratura está presidido por el Presidente de la República y ocho de los veinticuatro componentes son elegidos por el Parlamento. En Alemania, la mitad de los magistrados de la Corte Federal son nombrados por el Bundestag y la otra mitad por el Bundesrat y se ha establecido la práctica de asignar determinados puestos en cada Sala a determinados partidos de modo que, al cesar un magistrado en su cargo, el partido respectivo propone a un sucesor. En Suecia, los 18 magistrados del Tribunal Supremo son elegidos por el Gobierno y en Francia, la totalidad de los magistrados del Consejo Constitucional se nombran por el Presidente de la República y por el Presidente de la Asamblea Nacional. En Suiza, todos los magistrados del Tribunal Supremo son nombrados por el Parlamento y es frecuente que mantengan fuertes vínculos explícitos con los partidos políticos. Más allá de Europa, el presidente de los Estados Unidos nombra a los nueve miembros del Tribunal Supremo, precisamente por su ideología.
Hay muchos países democráticos, como se ve, donde los altos cargos judiciales están ligados a opciones de partido y, sin embargo, no puede afirmarse en ellos que el poder judicial no sea independiente o que esté politizado. Los jueces no son de piedra y piensan y votan y tienen opiniones políticas. Pero en España importa fingir que no las tienen y que la militancia sea silenciosa, sin pago de cuotas. Seamos sinceros. Solo eso, seamos sinceros en el debate.
Juan Carlos Arce, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid
