Si buscan regiones europeas expertas en reconversiones, no busquen más, las de la Cornisa Cantábrica hicieron todas. La minería, la siderurgia, el sector lácteo y la construcción naval entre otras. Desde los cierres masivos de astilleros del primer gobierno socialista con el ministro Solchaga a la cabeza, el Norte ha luchado por mantener vivo el sector naval. Los 19 astilleros privados españoles, supervivientes de un interminable proceso de reconversión se encuentran ahora de una manera inesperada ante una decisión de la Comisión Europea que podría llevarles incluso al cierre: el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, presenta hoy ante el colegio de comisarios una propuesta de declarar ilegales las bonificaciones fiscales (que no ayudas) ligadas a la adquisición de barcos construidos en España desde el año 2001 hasta el 2011.
Todo este proceso, ya ampliamente conocido por la opinión pública como Tax Lease, ha dado lugar al posiblemente mayor esfuerzo conjunto de defensa de los intereses españoles en Bruselas desde nuestra adhesión a las Comunidades Europeas. Gobierno central, sobre todo a través de Industria y Hacienda, además de la Secretaría de Estado de Relaciones con la UE; gobiernos autonómicos de Asturias, País Vasco y Galicia, con sus respectivos consejeros; todos los ayuntamientos con astilleros; diputados, senadores y eurodiputados de todos los signos políticos; patronales de los astilleros, Pymar; de los armadores, Anave; los sindicatos CCOO y UGT, medios de comunicación en bloque y nuestra embajada ante la UE... todos ellos han hecho el esfuerzo en España, como sobre todo en Bruselas, de intentar la tarea imposible de convencer al comisario Almunia de que su decisión puede terminar con la construcción naval española y después europea.
Todo empezó como una guerra comercial de tantas que hay entre países europeos. Los astilleros holandeses, molestos porque los constructores españoles se llevaban contratos de buques de alta tecnología antes reservados a sus astilleros, demandaron ante Bruselas el esquema fiscal español que permite una amortización acelerada del barco con una reducción de la base imponible del inversor, lo que se traduce finalmente en una reducción del coste final para el armador (adquirente del barco) estimado en un 24%. Nada distinto y seguramente inferior al aplicado precisamente en Holanda, Alemania, Polonia y otros sanos competidores de la industria naval española.
Lo que debería haberse saldado como tantas otras veces con un compromiso europeo que armonizase los diferentes regímenes de Tax Lease se convirtió por decisión personal de Joaquín Almunia y su director general de ayudas (curiosamente un holandés) en una decisión salvaje que obligaría al sector a devolver cerca de 3.000 millones de euros, lo que quebraría un montón de empresas españolas que han invertido en Tax Lease además de condenar a los astilleros españoles a no volver a construir un solo barco en su vida. Hoy saldremos de dudas. Se reúne el colegio de comisarios para debatir la propuesta Almunia. Algunos comisarios con más sentido europeo, el italiano Antonio Tajani entre otros, proponen precisamente esa solución de compromiso. La última palabra la tendrá el Presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, que tiene una ocasión de oro de demostrar que sabe combinar los intereses europeos con la suma de intereses nacionales que constituyen precisamente esta unión entre iguales que es Europa.
Se le han ofrecido a Almunia muchas alternativas, entre ellas la de apoyarse en una carta firmada por su predecesora Nelly Kroes que reconocía en el 2009 ante la pregunta de armadores noruegos la legalidad del régimen fiscal español aplicado a la construcción de barcos. Hasta ahora Almunia y los servicios jurídicos de la Comision rechazan esa carta porque significaría un precedente ante casos similares. Bueno, ¡y a nosotros españoles, qué! Si la Comisión Europea ha calculado mal este caso y sus repercusiones es su problema. El nuestro es no mandar a 87.000 familias y a todo un sector clave en la Cornisa Cantábrica a un paro forzoso e injusto.
Porque es muy injusto. Los astilleros asturianos, gallegos y vascos construyen la mejor calidad europea y resisten muy dignamente la presión absolutamente ilegal de chinos y coreanos, estos sí hinchados de ayudas de estado ilegales que falsean la libre competencia. El presidente de los astilleros privados y de Gondan, el asturiano Álvaro Platero sabe que defiende una causa justa y la defiende con uñas y dientes. Y todos nosotros desde el Gobierno al ultimo concejal le seguimos en esa defensa. En interés de ellos, en interés de todos.
Ovidio Sánchez y Salvador Garriga, portavoz de Industria del PP en el Congreso y eurodiputado del PP, portavoz de Presupuestos.
