El periodista Rafael Jorba publicó hace unos días un clarividente artículo sobre el súbito cierre de la televisión pública griega (ERT), impuesto por el primer ministro Andonis Samarás, y que provocó la salida del socio menor de la coalición de Gobierno, Izquierda Democrática (Dimar, 14 diputados en un parlamento de 300). La medida fue cuestionada por el Consejo de Estado, que ordenó el restablecimiento de la señal, sin que el jefe del Ejecutivo acatara la orden. Bruselas se ha cuidado de aclarar que no recomendó el cierre pero se ha apresurado de inmediato a convalidarlo, sin la menor reserva moral ni ideológica.
Con independencia de que sobreviva o no la coalición residual formada por la conservadora Nueva Democracia (ND, 125 escaños) y por el socialista Pasok (28 escaños), que reúnen una precaria mayoría de 153 diputados y que mantienen una disputa sobre la reviviscencia de un nuevo ente público de comunicación (el NERIT, Nueva Radio, Internet y Televisión de Grecia), es claro que el cierre brutal, sin preaviso, de todo el audiovisual público tiene una fuerte carga ideológica, vinculada a la exigencia de la 'troika' de que el Estado griego prescinda de 2.000 funcionarios más antes de que concluya julio (ERT tenía 2656 funcionarios, con lo que se colmaba sobradamente la exigencia).
La medida ha sido calificada de "golpe de Estado" por el líder opositor Alexis Tsipras, líder de la coalición Syriza. Y, como dice Jorba, la medida "da la razón a aquellos economistas que desde el inicio de la crisis, así en Grecia como en el conjunto de la UE, venían argumentando que el problema de fondo no es la economía sino la ideología: las reformas estructurales no se utilizan sólo para descargar el exceso de peso del modelo social, sino para desregularlo en clave de política neoliberal". Porque, como dijo el líder parlamentario de Dimar al anunciar la ruptura, "no estamos hablando sólo de una televisión, estamos hablando de democracia". La normativa europea sobre televisión -lo recordaba también Jorba-, las directivas Televisión sin fronteras de 1989 y Servicios de Comunicación Audiovisual de 2010, contemplan la coexistencia de los sistemas audiovisuales estatales, de fuerte tradición en toda Europa, y de los operadores privados.
Al audiovisual público le corresponde la gestión del pluralismo informativo, proporcionar voz a las minorías y equilibrio a la hora de suministrar elementos informativos como nutrientes de la opinión pública. El audiovisual público debe dar a la sociedad lo que el mercado no le proporciona porque no obtiene con ello suficiente rentabilidad: información completa y neutral, plataforma para el contraste de ideas y la controversia política, cobertura universal, difusión de valores constitucionales de solidaridad y pluralismo, etc.
En la práctica, el audiovisual público tiende a abandonar las áreas del entretenimiento, cubiertas por el privado, y se concentra en proporcionar a la ciudadanía aquellos materiales que responden a la demanda existente de información y de cultura. Difícilmente se podría negar el efecto del audiovisual público en los ámbitos de la difusión cultural y de la cohesión social en países como España, a pesar de los errores que hayan podido cometerse (sobre todo en las autonómicas) y de cierta desorientación en los desarrollos.
Detrás del cierre del audiovisual griego, están las mismas pulsiones que fomentan desde Bruselas en España la privatización de la Sanidad pública o la reducción del sistema de pensiones para dar entrada paulatina a un régimen complementario de fondos privados. Detrás de las estrategias de salida de la crisis no sólo está la racionalización de nuestra opulencia, sino también la tesis neoliberal del 'estado mínimo', que desemboca en la postergación de los menos favorecidos, que necesitan el apoyo inicial del Estado para arrancar su trayecto vital con auténtica igualdad de oportunidades.
En este sentido, es muy importante clarificar el debate ideológico para que nadie se llame a engaño: tan legítimo es pretender ese 'estado mínimo' que, por ejemplo, postula el Tea Party republicano en USA, como propugnar el 'estado suficiente' que pretende el Partido Demócrata o la socialdemocracia en Europa. Pero no resultaría legítimo desbordar con oportunismo los programas electorales de los partidos a socapa de la crisis. En otras palabras, ni la coalición de gobierno griego está legitimada para desmantelar elementos vitales del Estado, ni aquí sería aceptable que se cambiase el modelo no consensuado, con el argumento, en ambos casos, de que hay que recortar gastos para cumplir los planes que nos dictan desde Bruselas. La transferencia de soberanía a la UE es la que es, y no parece oportuno ampliarla mientras no se reduzca el grave déficit democrático de la construcción continental
Antonio Papell, periodista.
