Acaba de conocerse el anteproyecto de la futura Ley de Emprendedores, y nos vuelve a chocar que no se entre en el fondo de la cuestión. Se elimina el límite de los 3.000 euros para crear una sociedad limitada, pero ¿es que un proyecto empresarial puede sobrevivir con menos de 3.000 euros? Normalmente, cuando sales de la notaría después de constituir la empresa ya te has gastado más o menos la mitad. Se dice que no se responda con la casa propia hasta 300.000 euros, pero ¿es que tiene que ser necesario hipotecar tu vivienda para emprender un proyecto?
Esta ley nacerá muerta si no se resuelve, de una vez por todas, el problema que atenaza a la economía española, que no es otro que la ausencia de crédito a familias y empresas. El Gobierno no ceja en su empeño por salvar bancos y cajas de ahorros "cueste lo que cueste", mientras deja a la sociedad civil indefensa en medio de una sequía de liquidez.
Lo que menos necesita un emprendedor es hipotecar una casa que probablemente no tiene, sobre todo si es joven, o que sus padres, ya próximos a la edad de jubilación, tengan que hipotecar una casa que les ha costado toda una vida de esfuerzo conseguir pagar. El Gobierno tiene que facilitar que quien quiera emprender pueda hacerlo, y ello pasa por quitar intermediarios, y muy en particular, los bancos y cajas de ahorros.
Aparte de la espectacular operación de salvamento bancario que ha protagonizado en los últimos doce meses, el Gobierno permite que los bancos tengan crédito ilimitado del Banco Central Europeo al 0,5% y que luego lo inviertan en deuda Pública al 5%, ganando sin esfuerzo y sin riesgo 4,5 puntos que pasan a engrosar sus cuentas de resultados, a costa del contribuyente que, vía Presupuestos Generales del Estado, paga ese 5% en el servicio de la deuda.
Todas las entidades financieras, de acuerdo con su tamaño están dedicando preferentemente los recursos que captan a financiar al Estado, bien con crédito, bien con compra de deuda pública. Y si nos fijamos en cómo ha evolucionado durante el período de crisis, podemos ver que se ha triplicado el dinero dedicado por los bancos y cajas para financiar el sector público.
Esta situación es lo que se conoce en Economía como efecto crowding-out, y supone la expulsión de familias y empresas del sistema financiero, ya que el sector público reclama para sí todos los recursos del sistema que pueda captar.
En lo que respecta al crédito, no tenemos nada que decir: un banco presta el dinero que capta de particulares al tipo de interés y al prestatario que considere oportuno; pero en el caso de la deuda pública, se está comprando con el dinero barato que proporciona el Banco Central Europeo (BCE) a las entidades financieras. Y es este negocio el que el Gobierno no puede permitir, al margen de que hasta ahora lo haya fomentado, para garantizarse que los bancos españoles le compren la deuda pública que emite, y así dar la sensación de que no tiene problemas para colocar dicha deuda (podríamos preguntarnos en qué ha invertido Bankia los 24.000 millones del salvamento que necesitó).
Por consiguiente, si los bancos y cajas se están llevando no menos de 5.000 millones de euros de beneficio anual con ese regalo del BCE, y el Gobierno no para de decir que el sector financiero se encuentra ya completamente saneado, ¿por qué no incorporamos una tasa anual sobre la deuda pública en balance de estas entidades financieras, que suponga la recaudación de la mitad de ese dinero, y con esos 2.500 millones nos dedicamos a financiar de forma directa los proyectos de emprendedores, pymes y autónomos, que tienen el crédito cerrado porque "no son demanda solvente"?
Si los bancos quieren evitar esa tasa lo tienen fácil, que vendan deuda pública y den crédito a familias y empresas; y lo que no hagan los bancos, que lo haga el ICO directamente, dotándose de estructura y utilizando las oficinas de la banca nacionalizada que para algo depende del Frob para la toma de decisiones. Con situar unas cuantas oficinas "duales" en cada provincia, y ceder unos cuantos profesionales del crédito que apliquen los parámetros tradicionales de concesión (no los de ahora), se podría dar la vuelta a esta situación de claro suicidio económico que estamos viviendo.
Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera, Universidad Ceu - San Pablo.
