Es cierto que ningún miembro del Gobierno ha criticado al juez que ordenó la entrada en prisión del exbanquero Blesa; la honrosa excepción la ha protagonizado este periódico, pero la mayoría tanto de los personajes de la derecha como de los medios de comunicación que representan a esta tendencia política, tal vez porque fue la derecha, o mejor dicho el Gobierno de Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid quien lo colocó al frente de Caja Madrid, se han empleado a fondo contra el juez Silva, que acaba de ser relevado del caso.
Esta anécdota no tendría ninguna importancia si no fuera porque es una muestra más de la fractura política existente en el país, una fractura que lleva a mantener en posturas irreconciliables a políticos, periodistas, medios de comunicación e incluso a los economistas, que se colocarán sin pudor al lado de una u otra tendencia que, al ser las dos igual de sectarias, en nada ayudan a resolver los problemas reales del país. Y esto determina un marco, el menos adecuado para propiciar la recuperación económica.
Sería bueno que de una vez por todas, al menos en situaciones tan graves como la que nos ocupa, lo mismo que en la gran lacra de la corrupción, derechas e izquierdas, con independencia del color de los corruptos, se pusieran de acuerdo para erradicar esta peste que alcanza a la mayoría de las instituciones que configuran el Estado: Casa Real, políticos, financieros, etc. No se entienden muy bien, comenzando por la Casa Real, las tretas en torno a la imputación de la infanta Cristina, que intentan por todos los medios salvar lo insalvable, tretas a las que no parece ser ajena la mismísima Corona, ya directamente o por persona interpuesta.
Pero si seguimos con la crisis financiera y sus responsables en nuestro país, no se entienden muy bien los obstáculos para depurar responsabilidades del saqueo y ruina a que han estado sometidas las mayorías de las Cajas de Ahorro, cuyos consejos de administración fueron copados por políticos, sindicalistas y otras representaciones, y cuyos platos rotos estamos pagando o terminaremos pagando los contribuyentes.
Es curioso que el delito por el que se encarcela al ex presidente Blesa fuera apoyado por la mayoría del consejo de administración y a nadie más se piden responsabilidades. Y ¿qué decir de la trama Gurtel, que tiene atenazados a un buen número de miembros del PP o que fueron miembros del mismo? Pero, ¿y los ERES de la Junta de Andalucía, que lleva tiempo convertida en la finca particular de los socialistas, ahora participada por IU? Y para que no falte de nada, acaba de resurgir con fuerza el caso Palau; y aquí, como en otros muchos casos, no se sabe si el independentismo se activa para tapar el caso Palau o si el caso Palau surge ahora para desactivar el independentismo. Pues bien, la autoridad política y sobre todo el Poder Judicial debieran ser conscientes de la gravedad de la duda, que no debiera caber en un Estado de Derecho que garantiza la seguridad jurídica y la administración de Justicia con independencia del estatus del delincuente.
No parece que el estado de cosas que acabamos de sintetizar genere el clima más adecuado para alentar la recuperación económica, más bien lo que hace es perpetrar la incertidumbre y la falta de confianza. En este sentido, el Gobierno, que un día sí y otro también apela a que la banca nacionalizada, que sigue llena de problemas, haga fluir el crédito, un crédito que no tiene y que, por otra parte, tampoco se demanda, pues la incertidumbre y la falta de confianza impide que se pongan en marcha proyectos de inversión rentables.
Lo que debe hacer el Gobierno es incentivar que se depuren responsabilidades, y no entrometerse en las decisiones del Poder Judicial, para que en realidad sea libre y pueda perseguir de forma eficiente a los delincuentes. La Justicia debe poder entrar a saco en el famoso caso Urdangarín y señora, y si la Corona no quiere que le salpique, que no los defienda. Otro tanto debe ocurrir con los delincuentes que han arruinado las Cajas de Ahorros. Y si los contribuyentes tenemos que pagar a la señora del banco malo, que heredó los activos tóxicos de las Cajas, que se revise su salario. Tampoco se sabe muy bien a qué se espera para poner orden y justicia en el caso Gurtel, al mismo tiempo que en los ERE de Andalucía y en el caso Palau.
Son demasiados los casos de corrupción y, además, afectan a la columna vertebral del Estado. Mientras que no se aborde de forma decidida la persecución y depuración de responsabilidades, reforzando la separación de poderes y, sobre todo, la independencia del Poder Judicial, va a ser muy difícil restablecer la confianza que incentive la reactivación de la economía y el crecimiento económico.
Victoriano Martín, Catedrático de Historia del Pensamiento Económico. URJC.
