La actividad económica en España se ha judicializado hasta extremos insoportables. Es una consecuencia de los excesos previos a la crisis, en un momento en el que el dinero fácil no sólo dio lugar a todo tipo de despilfarros, sino a la versión más detestable de estos: la corrupción. Pero la corrupción en el más amplio sentido de la palabra.
No sólo es corrupción meter la mano en la caja. También lo es aprovechar los intereses políticos y una laxa supervisión para hacer y deshacer sin criterios empresariales abocando a la empresa o a la entidad financiera a una quiebra que, por supuesto, pagamos todos los españolitos con impuestos y ajustes. Es una figura que se llama administración desleal y que, intuyo, va a proporcionar más de una sorpresa en los próximos meses.
El primer aldabonazo lo dio el encarcelamiento del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Pero parece razonable pensar que la gestión de Blesa en sus años al frente de la entidad no ha sido una excepción en el (casi) desaparecido universo de las cajas de ahorros. Unas entidades que debían estar supervisadas precisamente por quienes más se beneficiaban de ellas, es decir, los poderes políticos. Que además colocaban al frente a personas de su cuerda, dóciles con sus requerimientos, y en muchas ocasiones sin una adecuada formación como gestores.
Con este puzzle, creo sinceramente que, aunque nos escandalice, es muy saludable la situación actual. Muy saludable sobre todo para nuestra fe en la democracia. Para que quede claro que no todo vale y que quienes roban y se enriquecen a costa de los contribuyentes son una minoría y además la acaban pagando. Que la mayoría del país está compuesto por gente trabajadora y honrada que no tiene nada que ver con ese grotesco desfile de escándalos que llenan las páginas de los periódicos. Pero el primer paso para la regeneración se basa en una premisa: dejen trabajar a los jueces.
Juan Carlos Lozano, Adjunto al Director.
El polémico nuevo juez del 'caso Blesa'
