En los últimos tiempos estamos asistiendo a una subida generalizada de todos los impuestos existentes en España. En este contexto, los impuestos especiales no han sido una excepción, si bien como su aplicación tiene un carácter mucho más sectorial del que pueden tener impuestos más "mediáticos" como el Impuesto sobre Sociedades, el IVA o el IRPF, su incremento ha pasado, sin duda, mucho más desapercibido.
Y lo cierto es que nuestras empresas, además de tener que hacer frente a una restricción dramática de la demanda y a una reducción generalizada de márgenes, están sufriendo en la actualidad los efectos de una serie de reformas que han aumentado significativamente la carga impositiva y por ende el coste de materias primas como el gas natural, gasolinas, gasóleos, queroseno, etc.
Entre las medidas de reciente introducción, destacan por su mayor calado las aprobadas mediante la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que, bajo el pretexto de homogeneizar el tratamiento fiscal de la utilización de las diferentes fuentes de energía y del coste derivado de la contaminación medioambiental, han incrementado los tipos de gravamen de diversos productos objeto del Impuesto sobre Hidrocarburos y establecido nuevos tipos especiales (conocidos como "céntimo verde").
El caso más evidente es el del gas natural, sobre el que se ha fijado un tipo impositivo específico de 0,65 euros por gigajulio cuando se destina a usos distintos del de carburante, situación que hasta ahora quedaba libre de tributación. No obstante, se ha previsto que este tipo quede reducido hasta los 0,15 euros, en el caso de que el gas natural sea destinado a usos con fines profesionales.
Precisamente, este concepto de "uso con fines profesionales" ha generado cierta controversia dado que, aunque su existencia puede parecer un planteamiento razonable y flexible -no entorpecer la actividad empresarial-, la Dirección General de Tributos, en la única consulta emitida hasta la fecha sobre la nueva norma, ha limitado muy significativamente su ámbito de aplicación, con restricciones y diferenciaciones que la propia norma no ha previsto y que están generando una gran confusión en su aplicación práctica.
La misma Ley 15/2012 ha introducido nuevas figuras impositivas, entre las que destaca el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, cuyo objeto es gravar a los productores de energía eléctrica, de cualquier naturaleza, con un impuesto del 7%. Son varias las cuestiones que suscita este nuevo tributo y, a la espera de que la Administración publique la resolución a algunas de ellas en los próximos días, ha trascendido ya que, sorprendentemente, la configuración que se desea dar a la base imponible de este impuesto es mucho más amplia de lo que anticipaba la redacción de la norma, en una nueva muestra de que la deficiente técnica legislativa contribuye a generar inseguridad jurídica en el sector energético.
No es ésta la única medida fiscal que afecta al sector eléctrico, ya que se han suprimido también las exenciones que venían aplicándose, en el ámbito de los impuestos especiales, a la adquisición de determinados productos con el objeto de producir electricidad. Todo ello es revelador del giro que se ha producido en la política de financiación de este sector, hoy muy lastrado por decisiones adoptadas en años pasados. Sin embargo, no hay que olvidar que estas medidas afectan también al resto de la industria y, muy particularmente, a aquella que ha optado por la cogeneración como una vía para incrementar los ingresos o reducir los costes.
Se esperan ahora nuevas modificaciones en el ámbito de los impuestos especiales, que han sido ya anticipadas por el Gobierno. Esta vez, parece que será el turno del alcohol y el tabaco. La necesidad perentoria de incrementar la recaudación es el único motor de esta introducción atropellada de normas dispersas, poco claras y de una complejidad innecesaria, que están generando un entorno de incertidumbre e inseguridad jurídica que penaliza la competitividad de las empresas que, en definitiva, son las que deberán tener un papel principal en la salida de la crisis.
Agnès Granés, abogada y economista del Grupo Energía y Ecotax en Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
