¿Realmente alguien cree que, con las cifras de desempleo existentes y su evolución histórica, no debe hacerse nada más en el mercado laboral? ¿Creen que realmente nuestro marco de relaciones laborales es eficiente a pesar de que en los últimos 35 años, desde el inicio de la democracia y con recesión o sin ella, hemos mantenido una tasa de paro de las más elevadas de Europa y siempre por encima de la media de la UE?
¿Debe realmente defenderse, como hacen sindicatos y patronal, un marco legislativo laboral básico que, a pesar de las múltiples reformas pregonadas, proviene del franquismo y se basa en el intervencionismo y la preponderancia de los acuerdos y decisiones de sindicatos y patronales por encima de las decisiones individuales o de empresa (también para la formación del trabajador); la rigidez de las relaciones laborales; un sinfín de modalidades de contratación; elevadísimos costes de despido (justificados como protección del desvalido pese a la realidad de los datos) y unas cargas sobre el coste laboral (impuestos y cotizaciones sociales) desincentivadoras de la contratación?
¿Saben que ninguna de las reformas acometidas en nuestro mercado laboral se ha atrevido a enfrentarse a los principales escollos enquistados en el mismo, a saber, bajas tasas de actividad; tasas de paro sistemática y sostenidamente elevadas; su dualidad en múltiples facetas; mucho desempleo de larga duración e impedimentos elevadísimos tanto para quienes quieren acceder por primera vez como para quienes quedan expulsados del mercado con ciertas edades?
Pues bien, nuestro Gobierno, con la complacencia de las organizaciones sindicales y empresariales, se ufana en anunciar que lo hecho -que algo es y terminará notándose en los datos- es suficiente y nada de avanzar en la reforma laboral con un contrato único o cosa que se parezca. Ciertamente, no es que los sindicatos estén muy contentos con las reformas del marco laboral y preferirían, nada menos que, su marcha atrás. Pero es de su agrado que no se avance en las mismas.
Pese a todo, es imprescindible perfeccionar la reforma laboral en varios aspectos, aunque muchos defiendan que ello va contra los derechos o protección de los trabajadores; no pararán de sangrar a pesar de darse contra el muro de las cifras, los hechos y la realidad de nuestro mercado laboral, que confunden con el ciclo económico. Debe simplificarse al máximo los 41 tipos de contratos existentes, que para colmo contemplan múltiples excepciones, bonificaciones de todo tipo, aplicaciones diferentes por sectores, especialidades o temporalidades, etc. Tal complejidad de contratos, que torpemente intenta considerar una multitud de excepciones, es notablemente menos flexible y respetuosa con la diversidad que un contrato único que contemple cada acuerdo laboral o contrato como único, particular y característico, aunque, eso sí, con un plan de condiciones o indemnizaciones progresivas -en caso de despido improcedente- común a dichos contratos.
El contrato único, que no es un único contrato o igual para todos -y que es compatible con el mantenimiento de contratos de sustitución temporal (enfermedad, paternidad o maternidad...)-, puede ser suficientemente abierto como para que las diversas jornadas laborales o los tiempos parciales o completos queden establecidos por las partes, siendo en definitiva lo que con imperfecciones han intentado diversas reformas laborales (desde Felipe González), bien con nuevos formatos de contratos introducidos, bien con ampliaciones o excepcionalidades en los existentes o con la creación de contratos que admitían ceses o contratación temporales, según pedidos o demanda y sectores.
Otro problema es el salario mínimo interprofesional que perjudica especialmente, generando una bolsa mayúscula de paro, a los oferentes jóvenes o con escasa formación o que buscan su primer empleo. Si queremos reducir al mínimo dicha bolsa entre esos grupos, debe eliminarse el salario mínimo además de promover una formación adecuada de la población. La formación es asimismo crucial para resolver el problema del paro de larga duración, pero no mientras se mantenga en manos de las organizaciones sindicales y patronales que no debieran interferir en absoluto en tales decisiones personales.
Nuestra actual protección o seguro de desempleo produce otra distorsión. Debe establecerse una prestación que dure mucho menos tiempo -por ejemplo 6 o 9 meses-, asociada a requisitos de formación y a la aceptación de empleos razonables o dentro de unas características adecuadas al trabajador, pero que sea mucho más cuantiosa o generosa que la prestación actual; es decir, en caso de paro cobrar más al mes pero menos tiempo. Esto debe, sin duda, complementarse con la agilidad del sistema para encontrar un trabajo y transitar mucho menos tiempo por el desempleo (a lo que en parte las reformas deberían también contribuir).
En todo caso, la demanda de trabajo aumentaría con seguridad si se rebajase el coste de emplear personas, lo que no implica reducir salarios -que tampoco son desorbitados en España-, pero sí reducir las contribuciones a la Seguridad Social. Aunque esta debería ser otra reforma complementaria, pues afecta al sistema de Seguridad Social (pensiones, sanidad, etc.). Si bien, otra alternativa a este asunto sería quitar el seguro de desempleo de las manos de la Administración, los sindicatos y las patronales y pasarlo a manos del trabajador en forma de ahorros o acumulación de fondos (como una cartilla o un auténtico seguro capitalizado). Y todo esto es sólo una parte.
¡Vaya si hay que hacer cosas! No lo digo yo. Lo dicen y escriben especialistas y académicos, que llevan a sus espaldas años de investigación y trabajo, pese a que la consideración por parte de políticos y profanos sea tan evidentemente nula como testaruda la realidad de nuestro mercado laboral.
Fernando Méndez Ibisate, Universidad Complutense de Madrid.
