A finales de mayo, Bruselas, tras evaluar el plan nacional de reformas y el cuadro macroeconómico español, decidirá con toda probabilidad flexibilizar el proceso de convergencia de nuestro país, alargando su duración dos años, lo que nos permitirá ampliar hasta el 6,3% el objetivo de déficit al término del presente ejercicio.
Lógicamente, el Gobierno del Estado trasladará en parte esta flexibilización a las comunidades autónomas que, en su conjunto, han realizado un gran esfuerzo en 2012 puesto que han pasado de un déficit público del 3,3 al 1,7% del PIB. No todas han mostrado sin embargo idéntico aprovechamiento, y Cataluña, en concreto, concluyó el ejercicio rondando el 2% de déficit. Tampoco han cumplido Valencia (déficit del 3,5%), Murcia (3%), Andalucía (2%) y Baleares (1,8%)...
Y el problema se suscita al tener que cuadrar las cuentas de 2013 de acuerdo con el nuevo objetivo que, después de la relajación del límite de la deuda española, será el 1,2% del PIB. La imposición del mismo límite a todas las comunidades autónomas obligaría a las menos austeras a realizar recortes que pondrían en peligro la propia prestación de los servicios públicos esenciales. Así y todo, si a Cataluña se le obliga a cuadrar las cuentas de este año con un déficit del 2%, el recorte habrá de ser de unos 1.600 millones. El caso de Valencia también es delicado puesto que esta comunidad estaba financiando gastos estructurales -servicios públicos- con ingresos coyunturales provenientes del 'ladrillo', lo que obliga a replantear todo su sistema de financiación.
¿Habrá déficit a la carta?
Rajoy, forzado por las circunstancias y presionado por el conflicto soberanista catalán, ya ha anunciado que permitirá un déficit a la carta, que deberán negociar las propias CCAA en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o que, si no se produce el acuerdo, será impuesto por el Ejecutivo central. El ministro de Hacienda, Montoro, que ha insistido en que en todo caso todos los déficit de 2013 deberán ser inferiores a los de 2012, ha dado a entender ya que el límite de déficit para Cataluña podrá alcanzar el 2%, es decir, la misma cuantía relativa que el año pasado...
Lo que, si se extiende la tolerancia a las demás comunidades que se han excedido en el gasto, significará que las comunidades que han cumplido rigurosamente la exigencia que les venía impuesta tendrán que conformarse con un déficit sensiblemente inferior al 1,2%. La injusticia es evidente y Rajoy tendrá serias dificultades para gestionar el reparto, frente a la resistencia de sus barones territoriales, que no tienen más remedio que defender su posición si no quieren enfrentarse a sus propios ciudadanos.
En concreto, Madrid, Extremadura, Aragón, Galicia y Baleares han hecho saber su malestar, pero están también incómodas las demás regiones afectadas por esta inequidad.
El problema es de por sí complejo y aun experimenta un agravamiento al superponerse al alarde soberanista catalán, que distorsiona los argumentos e introduce elementos subjetivos de disidencia que dificultan cualquier acuerdo pacífico. Porque desde la Generalitat no se reconoce el marco jurídico político en que se plantea la financiación autonómica, y sus portavoces sugieren provocativamente que la responsabilidad de estas apreturas es del Estado y no de la mala administración de la comunidad catalana. Conviene saber a este respecto que Cataluña es la comunidad que más entes públicos mantiene tras la crisis: 437 fundaciones, organismos autónomos y empresas públicas frente, por ejemplo, a los 172 de Madrid.
Todo ello otorga al forcejeo la apariencia de un verdadero chantaje: o se cede a las pretensiones económicas de Cataluña, o la desafección soberanista, ya justificada del todo por la cicatería española, se volverá explosiva.
Así las cosas, es evidente que Rajoy no tiene más remedio que buscar una solución a la carta que no dejará satisfecho a nadie. Pero ello debería hacerse al mismo tiempo que se imponen compromisos claros de lealtad institucional, que alejen los equívocos que se están extendiendo -a cambio de un trato de favor, el Gobierno de la Generalitat debería aplazar sus exóticos preparativos para la autodeterminación-, y a la vez que se negocian los criterios de una reforma profunda del sistema de financiación, de forma que se acentúe la correlación entre ingresos y gastos de cada autonomía, cuota de solidaridad aparte.
Cataluña, o cualquier otra comunidad, debe poder gastar lo que considere adecuado, dentro de ciertos límites constitucionalizados, siempre que se encargue de dotarse de los recursos necesarios. Lo que se echa en falta, en el fondo, es una concepción federal del estado de las autonomías, de forma que los entes autonómicos hayan de programar sus gastos contando sobre todo con los ingresos que ellos mismos se ocuparán de recaudar.
Antonio Papell, periodista.
