A pesar del poco tiempo transcurrido, la reforma que hicimos hace dos años se ha quedado corta. A marzo de 2013 el número de afiliados no llegaba a los 16,2 millones, cuando habíamos llegado a tener más de 19 millones. Mientras el número de cotizantes caía, el número de pensiones superaba los 9 millones, de las cuales la mayoría son las de jubilación (5,4 millones) y las de viudedad (2,3 millones).
La ratio de cotizantes por cada pensionista se acerca peligrosamente a 2, que se considera el límite para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Durante el año 2012, hemos utilizado por primera vez el Fondo de Reserva. Como en septiembre necesitamos 3.000 millones y llegamos al límite establecido por ley del 3% anual, tuvimos que modificar la norma para ampliarlo, ya que en diciembre añadimos otros 4.000 millones.
Esta hucha tiene 63.000 millones de euros, invertidos lamentablemente en un 97% en deuda pública española, lo que no parece preocupar a la ministra.
Se publicó el mes de marzo un informe de Standard&Poors que analizaba lo que podía ocurrir en diversos países si no se modificaban las condiciones de jubilación, su efecto sobre el volumen de deuda pública y, en consecuencia, sobre el rating. Se basa en un informe de la Unión Europea de 2012 que proyecta la situación individualizada de cada país hasta 2060. De él se desprende que, si no se hacen reformas, la deuda pública española superaría el 200% en 2050 y no podría mantenerse el grado de inversión de la misma. No se asusten, como de la mayoría de países estudiados. El informe que les sirve de base para las proyecciones prevé que, en 2050, la población española subirá a 52 millones, el número de pensionistas superará los 16 millones y el número de personas entre 15 y 64 años subiría a 29 millones. De la última cantidad se deduce una fuerza laboral de 22 millones, después de restar estudiantes y otros colectivos. En estas condiciones, y asumiendo un aumento de la productividad del 1,6% anual, el porcentaje que representarían las pensiones sobre el PIB subiría del 10% actual al 14%.
En estos momentos, la comisión del Pacto de Toledo debe reflexionar sobre una propuesta para la implantación del factor de sostenibilidad, que ya han incorporado a su legislación otros países como Suecia. En definitiva, se basa en ajustar anualmente las pensiones a los factores demográficos y a la situación macroeconómica de forma automática y así evitar el desgaste político que supone. Ello no impide que también se puedan ajustar las variables paramétricas de edad de jubilación, aceleración del ritmo que marcó la reforma de 2011 para completarla antes de 2027 y las medidas que dificulten la jubilación anticipada, al menos a cargo del erario público. Es decir, que tendremos que revisar y ajustar a la realidad los parámetros fijados en cuanto a edad de jubilación, el número de años mínimo de cotización, el cálculo de la pensión y, especialmente, dificultar las jubilaciones anticipadas.
Proximidad al sistema anglosajón
Al final, la introducción de un factor de sostenibilidad acaba convirtiendo un sistema de prestación definida, que es el que tenemos hoy, en uno de contribución definida. En el primero, el compromiso es definir lo que cobrará el pensionista cuando se jubile mientras la aportación que haga al sistema depende de su situación laboral. En el segundo, lo que se define es la aportación que cada uno de nosotros vaya haciendo hasta el momento de la jubilación, pero el cobro de la pensión dependerá de la situación macroeconómica del país en ese momento.
El cambio es sustancial y obligará a aumentar los esfuerzos de ahorro para la jubilación a lo largo de nuestra vida laboral. Deberán incentivarse los planes de pensiones individuales y los de empresa, para compensar una pensión pública menos generosa que la actual, en cuanto a relación con el último salario cobrado. Ello nos acercaría al sistema anglosajón, que pretende ofrecer una pensión asistencial mínima a todos y no relacionarla con el salario o la aportación que haya efectuado el jubilado a lo largo de su vida. De hecho, esta situación ya se da de facto en los tramos más elevados de renta, ya que se sube la base de contribución de los asalariados, pero se mantiene constante la pensión máxima, lo que lleva a que la relación entre la primera pensión y el último salario sea menor.
En definitiva, pensiones aseguradas pero porcentualmente más bajas, y preparémonos para ahorrar más en cuanto se pueda.
Jordi Fabregat. Director del Executive Master en Finanzas de Esade.
Sala i Martín: "No podrán pagar pensiones"
