El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, muestra asiduamente un tono de enfado y desafiante que, especialmente para quienes estamos pagando de un modo u otro sus flamantes éxitos de reducción del déficit o ajuste fiscal, resulta un tanto ofensivo.
Entiendo -más de lo que pueda imaginarse- al señor ministro. Después de todo, es cierto que encontró su negociado con una situación pésima, deplorable, muy compleja e incómoda para un político, de la que no es responsable; agravada, además, por la tendencia de nuestro crecimiento económico, de lo que en parte sí lo es.
Además, precisamente este ministro, que sí ha embridado y cambiado la desastrosa tendencia que venía teniendo lugar en la administración de los dineros públicos desde 2004, que en muchas ocasiones incluso ha rayado lo punible (no me refiero a los últimos escándalos que circulan por los medios; estoy hablando simplemente del uso, manejo y administración de los dineros públicos realizados por los burócratas o políticos de todo signo y nivel, incluidos sindicatos y empresarios, que han utilizado fondos procedentes de nuestros bolsillos... ésos que no son de nadie), este ministro -digo- tiene que soportar en diferentes ámbitos, incluido el parlamentario, palabras gruesas y tonos igualmente desafiantes de quienes han formado o tomado parte de tales abusos o son sus causantes.
Pero, no es de recibo el enfado del ministro cuando se le indica que no se están haciendo las cosas del todo bien. Es muy importante, mucho, simplemente haber cambiado el rumbo de la política presupuestaria. Pero el giro ha sido insuficiente, pues las cifras se han maquillado, y el ajuste presupuestario se podría haber hecho de otra forma, incluso a pesar de la emergencia y premura a las que se agarra el Gobierno.
Ha sido Bruselas, no cualquiera, quien ha cuantificado nuestro déficit en el 10% del PIB con ayudas al sector financiero y quien ha dicho que aceptan o dan por bueno el 7% sin las mismas. No el 9,99 y el 6,74%, respectivamente, cifras oficiales del Gobierno que, como en las rebajas, recuerdan esos precios que acaban en 9 céntimos para intentar persuadir al cliente.
La credibilidad otorgada por Bruselas, con condiciones -no se olvide- de seguir con las reformas, proviene del reconocimiento de un esfuerzo plasmado en cifras. Pero se trata de un esfuerzo que no han hecho las instituciones oficiales, los organismos y entes públicos, las Administraciones y, en definitiva, los políticos y burócratas de este país que mantienen no sólo puestos, cargos, haberes y transferencias, sino sobredimensionada su presencia en ámbitos privados. Seguimos sobreprotegidos por un Estado paternalista, a imagen más de tiempos pasados que de un Estado de derecho, en el que la ideología de izquierda o centroizquierda y muchos políticos de centroderecha se sienten cómodos e identificados.
A pesar de los intentos por parte del Gobierno de explicar cierta equivalencia en el esfuerzo, ha existido una clara asimetría en contra de los ciudadanos (trabajadores, empresarios, autónomos, funcionarios, pensionistas?) sobre la carga de los costes, ajustes o recortes (cuantitativos y cualitativos) soportados, contradictoriamente admitida por el propio Ejecutivo cuando afirma que ha sido la recaudación en la última parte de 2012 lo que ha salvado las cuentas finales de déficit. Bueno, la recaudación y algunos trucos, creatividad contable o como quiera llamarlo el señor ministro, pese a su enfado. Porque ha habido gastos y compromisos de gasto guardados o retrasados (entre los que figuran, otra vez, nuevas cantidades de impagos de las Administraciones Públicas a proveedores); fraccionamiento y adelanto de ingresos (impuesto de sociedades) computados en el ejercicio; dineros, fondos o partidas derivados a la contabilidad de organismos, empresas o entes públicos (entre otros los préstamos concedidos por Loterías del Estado al FLA), o miles de millones de otros déficits (como el de tarifa eléctrica) que se obvian, aunque sean déficits que deberemos pagar antes o después.
La situación inicial podría haberse encauzado con un programa de recortes de gasto público mucho más ambicioso en diciembre de 2011 y una menor subida de impuestos. Luego, un análisis más pausado, a lo largo de 2012, de la verdadera situación de las partidas de gasto y del verdadero papel del Estado en la sociedad y la economía, podría haber implementado un recorte aún mayor de gastos públicos, con profundas reformas del sistema en su conjunto (de sobra conocidas y repetidas) y con devolución de impuestos para este mismo año, lo que hubiese animado la actividad (ahí está su parte de responsabilidad).
El Gobierno ha hecho ajustes y está asumiendo sus costes políticos; pero los elementos que subyacen en nuestras cuentas públicas (miren también la deuda) muestran que, hasta ahora, no se ha optado por la reforma seria y eficiente que nuestro país precisa en términos administrativos, políticos, institucionales, organizativos y de cargos, puestos, empresas, entes, aparatos, organismos, etc., públicos.
Fernando Méndez Ibisate, de la Universidad Complutense de Madrid.