Nuestro sistema de pensiones público se encuentra en una encrucijada. Con esta afirmación no pretendo ni mucho menos difundir un mensaje alarmista pero no tengo reparo en llamar la atención sobre la necesidad de abordar cuanto antes esta realidad a la que nos enfrentamos a través de un debate sosegado, libre de prejuicios y con la participación de cuantos agentes sociales puedan aportar su experiencia y su conocimiento.
Contamos con un buen punto de partida: la reforma de las pensiones que entró en vigor en enero de este año resultó valiente y positiva. Volvió a poner sobre la mesa un debate sensible que se había dejado aparcado demasiado tiempo, se confirmó como la reforma más ambiciosa en pensiones de toda la democracia y se aprobó en el seno del diálogo social.
Sin embargo, y a pesar estos elementos positivos, numerosos estudios confirman que resulta insuficiente. El informe sobre La Reforma de las Pensiones Públicas del Foro de Expertos del Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones puso de manifiesto que el gasto en pensiones sobre el PIB nacional podría pasar del 9% a alrededor del 18% en 2050. Con estas cifras en la mano, se estima que la última reforma sólo cubre tres puntos de dicho incremento, pero no soluciona la financiación de los seis restantes. Parece que seguimos sin dar con la ecuación. Así pues, la conclusión es clara: serán necesarias más reformas para alcanzar el equilibrio en un sistema que proteja a nuestros ciudadanos, pero que también nos podamos permitir.
La educación financiera, esencial
En mi opinión, una de las soluciones por la que debemos pasar es simple y a la vez extremadamente compleja: la información y la educación financiera. El ciudadano va a tener que asumir una responsabilidad extra en lo que se refiere a su jubilación. Vivimos más y nos incorporamos más tarde al mercado laboral. Es decir, cotizamos menos años y el Estado tiene que mantenernos más tiempo como jubilados con cohortes retiradas mucho más numerosas que de cotizantes. Sólo a través de sistemas de previsión complementarios podremos equilibrar la balanza de las prestaciones. Recordemos que en España esta fórmula de ahorro tiene un peso simbólico de en torno al 8% de nuestro PIB según los últimos datos de Inverco, mientras en países del entorno como Holanda alcanza hasta el 120%.
Pedimos a las personas que planifiquen sus finanzas para la jubilación, pero es normal que se resistan a cambios que les exigen sacrificios extra sin que se les den ni los motivos por los que deben hacerlo, ni las herramientas adecuadas que les permitan llevarlo a cabo. De ahí la importancia de informarles.
¿Cómo informarse sobre la jubilación?
El estudio del Instituto Aviva El reto de la información sobre pensiones. Comparativa europea puso de manifiesto que España es el país de la Unión Europea donde más tarde se recibe información sobre las pensiones que recibiremos al jubilarnos, sólo el año previo a la edad de retiro y siempre que se solicite. Esta situación difiere notablemente de la de los suecos, que la reciben a partir de los 18 años, o los franceses, que lo hacen a los 35, lo que les otorga más margen para planificar su retiro y les hace más conscientes del alcance de las prestaciones públicas. Es cierto que nuestras actuales circunstancias no son las más idóneas para hacer calar el mensaje del ahorro, pero debemos tratar de generar ese hábito desde tempranas edades, que nos haga ver que una cantidad simbólica destinada al ahorro cada mes puede suponer mantener nuestro nivel económico cuando nos retiremos.
Al reto de la información hay que añadir en España el de la fiscalidad. Para dar a nuestros ahorradores más facilidades es preciso que se definan ventajas fiscales entendibles para el ahorro a largo plazo, sobre todo de la clase media que será el colectivo que en el futuro sufra mayor reducción de su nivel de vida. Es importante destacar los pasos más que positivos que está dando el Gobierno para abordar el problema. El Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones ha tenido ocasión de reunirse con los responsables de la Seguridad Social y me consta que los puntos anteriormente mencionados están sobre la mesa y creando un profundo debate. Otro signo muy positivo es la valoración por parte de la Dirección General de Seguros de las 40 propuestas que los distintos actores sociales (aseguradoras, entre otros) han presentado para fomentar el ahorro complementario y cuyo informe se presentará en junio al Pacto de Toledo.
Aún estamos a tiempo de corregir los desequilibrios del sistema y vamos por el buen camino. Pero es responsabilidad de todos los agentes sociales ser parte activa en la resolución de la ecuación de las pensiones: administración, ciudadanía, sindicatos y por supuesto, el sector privado. Para las compañías que nos dedicamos al ahorro-previsión es una obligación moral ofrecer productos transparentes y de la máxima calidad, colaborar con nuestro conocimiento en la educación financiera de las familias y estar abiertos a la colaboración directa con las administraciones para hallar la mejor fórmula de cara al bien común.
Ignacio Izquierdo, consejero delegado de Aviva España.
¿Qué va a pasar con las pensiones?
