En la segunda mitad de 2011 la economía española se sumergió en una nueva etapa recesiva, agravada por la crisis del euro. Así como en 2008 y 2009 se destruyeron más de un millón y medio de empleos del sector de la construcción, el inmobiliario e industrias afines, la segunda fase está afectando a nuevos sectores, fundamentalmente de servicios.
Ahora, miles de trabajadores del sector financiero y del sector público, que hasta hace poco creían tener empleos estables y de buena calidad, ven amenazados sus puestos de trabajo.
Y esto ocurre cuando la reforma laboral de 2012 ha introducido dosis de flexibilidad hasta ahora desconocidas en nuestro marco de relaciones laborales.
Es verdad que los despidos individuales y la extinción de contratos temporales siguen siendo las vías mayoritarias de salida del empleo, pero desde hace un año no ha dejado de crecer el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de extinción, pero sobre todo de reducción o suspensión acordados.
La reforma laboral eliminó la necesidad de autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo, incentivando a las partes, empresa y trabajadores, a acometer una verdadera negociación que sirviera para poner en marcha medidas de flexibilización interna que minimicen los despidos.
Al mismo tiempo obligó a las empresas que acometieran el despido colectivo de más de cincuenta trabajadores a poner en marcha un plan de recolocación externa; una novedad que nos homologa con los países de nuestro entorno, introduce un poderoso elemento de flexiseguridad al proteger al trabajador y no al puesto de trabajo, y puede acabar convirtiéndose en una fuente de innovación y modernización de nuestro sistema de empleo.
Una transición rápida de un empleo a otro (work-to-work), a través de la mejora de la empleabilidad, mejora el clima en las empresas sometidas al ajuste, reduce el gasto público en prestaciones, y protección al desempleo y ayuda de forma efectiva a las personas en momentos de incertidumbre, como señala el estudio de la consultora Élogos.
Asimismo, el Parlamento europeo ha propuesto la creación de "células de reinserción y movilidad profesional", acciones de formación y reciclaje, orientación profesional individualizada, ayuda en la búsqueda de empleo, incluidos los permisos retribuidos, así como el apoyo en la creación de empresas y cooperativas propias, y, además, medidas tales como la asistencia psicosocial si fuera necesario.
La calidad del proceso de acompañamiento en la transición debe basarse en tres pilares: la profesionalidad de los consultores-orientadores; el establecimiento de un estándar de prestaciones básicas, y la implementación de mecanismos de seguimiento, evaluación y mejora continua.
Hoy tenemos la ocasión de dotarnos de una herramienta eficaz, sustentada en el diálogo social, en la colaboración público-privada, en la calidad de servicios profesionales y en la garantía de prestaciones mínimas a los trabajadores.
Si logramos alcanzar el éxito, los planes de recolocación llegarán a ser, tal y como lo demuestra la experiencia de otros países de nuestro entorno -y en momento muy crítico-, una herramienta útil para los trabajadores en su transición de unos empleos a otros, para las empresas en sus ajustes a las exigencias del mercado y en general para toda la sociedad.
Francisco Rueda Sagaseta, Director de Formación para el Empleo de Élogos.
