Josep Pla captaba como pocos las especificidades del entorno; en especial las del paisaje y el paisanaje. En su obra Madrid 1921. Un dietario, sostenía que "en España no hay leyes ni reglamentos. Hay amigos, hay favores". Pla consideraba que este modelo era eficiente, pero "quizá fuera mejor situar como fundamento de las cosas la razón, la legalidad y el interés general".
Han pasado más de 90 años desde que el gran escritor ampurdanés, tan maltratado en Cataluña, escribiera aquellas palabras. Desde entonces las cosas han cambiado profundamente. Aquel Madrid, tan arbitrario, ha ido incubando dosis crecientes de competitividad, y a él acuden jóvenes emprendedores que desean que sus actividades estén amparadas por el imperio de la ley y puedan desarrollarse sin la pesada carga del intervencionismo irracional o la impunidad jurídica.
Por el contrario, ahora, en Cataluña el ambiente es mucho más proteccionista y se ha desarrollado la actividad de los buscadores de rentas en perjuicio de los contribuyentes. Montesquieu, en muchos casos, ha sido arrinconado con detrimento de la seguridad jurídica. Además, se tiene la sensación de que se extiende "la arbitrariedad corregida por el intercambio de favores" que diría Pla. En el marco municipal, pero no el único, los ejemplos son numerosos.
Todo esto viene a cuento tras la lectura de un excelente documento ("Reflexiones procompetitivas sobre el modelo regulador del taxi y del arrendamiento de vehículos con conductor"), suscrito por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), donde se analiza la ineficiente regulación del citado mercado en Cataluña -y, por extensión, en España-, destacando las restricciones a la competencia en perjuicio de los ciudadanos. Tras hacer un análisis comparado, el documento culmina con unas recomendaciones. También Facua ha denunciado los efectos de la falta de competencia en el sector del taxi.
La ley ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre) introdujo ilusiones liberalizadoras que pronto fueron cercenadas a golpe de reglamento en una muestra de desprecio a la seguridad jurídica. Afortunadamente, el Tribunal Supremo ha corregido algunos desmanes perpetrados por políticos que no sienten ningún respeto por las leyes. Pero, ahora, como alerta la ACCO, el Ministerio de Fomento está cayendo en la tentación de modificar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres respecto al arrendamiento de vehículos con conductor, añadiendo restricciones innecesarias que, en su día, fueron removidas por la ley ómnibus. Sobre esta cuestión, el documento es contundente: "Estas modificaciones normativas supondrían un paso atrás desde la óptica de la competencia y no parece existir ninguna razón que las justifique que (sic) la de preservar los operadores del sector del taxi de la competencia de otros agentes".
En relación con el interés general, lo primero que debe decirse es que el mercado del taxi no es plenamente competitivo y el consumidor, en un contexto de asimetría informativa y de limitada capacidad de elección, tiene una posición negociadora muy débil frente al taxista en el momento de contratar. En consecuencia, cabe preguntarse por qué la autoridad protege al fuerte frente al débil. Dos datos: el primero, la ley catalana del taxi establece que debe garantizarse "la rentabilidad suficiente de la explotación del servicio" sin hacer mención ni a la ineficiencia de la regulación ni a la propia estructura del sector, que limita el número de taxis, el papel de las empresas y la posibilidad de negociar el precio y otras condiciones del servicio. El resultado es letal; el ciudadano paga más por lo que podría pagar bastante menos y se impide el establecimiento de empresas competitivas. El segundo: en el año 2001 había un taxi por cada 623 habitantes. 10 años después, la cifra había ascendido a 709. Nada revela que se quiera proteger al consumidor ni al operador eficiente.
Las propuestas de la ACCO rebosan sentido común: liberalizar las licencias suprimiendo los numerus clausus; proteger mejor al cliente y añadir más dosis de calidad y seguridad en el servicio; permitir la competencia en precios, y extender el alcance de las autorizaciones al conjunto del mercado nacional. Nada que no se haya hecho en otros lugares con resultados dispares. No es fácil. Hay que estudiar más.
Pla, como tantas veces, tenía razón: "Saber colocar un favor estratégicamente es una prueba de gran inteligencia". Quienes lo hacen se creen inteligentes porque reciben parabienes. Pero no son conscientes del daño que causan.
Amadeo Petitbò, Catedrático de Economía Aplicada.
