Durante la presente semana he estado expectante sobre las diferentes opiniones vertidas por parte del máximo ejecutivo en relación con la revalorización de las pensiones. Me he mantenido al margen, ya que estaba a la espera de la resolución final.
No les voy a abrumar con más datos. Permítanme que haga alusiones a parte de mis diferentes intervenciones desde el pasado mes de julio, donde venía manifestando de manera reiterada la inviabilidad del sistema y la imposibilidad de poder revalorizar las pensiones: julio, PrevisiónSocial.net, "Tenemos aseguradas nuestras pensiones"; agosto, elEconomista, "El sistema de reparto de pensiones"; octubre, La Voz de Galicia, "La viabilidad del sistema de pensiones"; noviembre, ABC, "Cinco razones para empezar ya ahorrar para la jubilación"; noviembre, La Razón, "¿Qué hacemos?".
Los pronósticos se han hecho realidad. El Ejecutivo anunciaba hace escasas fechas que no compensará este año a los pensionistas por la desviación del IPC, que se ha situado en noviembre en el 2,9%, aunque ha anunciado que en 2013 incrementará un 2% las pensiones inferiores a 1.000 euros y un 1% a las pensiones superiores a los 1.000 euros.
Diferentes ejecutivos, similar resultado
Aunque las medidas adoptadas en los últimos años tanto por el Gobierno socialista como por el del Partido Popular son diferentes, el resultado es muy similar. El Gobierno socialista, en el ejercicio 2011, decide no aplicar el incremento del IPC para el ejercicio posterior, mientras que el Gabinete del popular, en el presente ejercicio, pone de manifiesto que no hará frente a la paga extra ni al ajuste de la pensión.
El pasado 10 de septiembre comparecía el presidente del Gobierno en una cadena de televisión, donde manifestaba textualmente: "Si hay algo que no tocaré son las pensiones?".
Desde su comparecencia hasta la fecha se han sopesado diferentes opciones; cálculo de la revalorización de las pensiones en función de un índice de precios alternativo, congelación de las pensiones, revalorización para los pensionistas que no perciban la máxima, etc. La decisión final es que los 8,2 millones de pensionistas que hay en España no cobrarán la desviación de la inflación de 2012, lo que supone una pérdida de su poder adquisitivo.
El Pacto de Toledo, hasta la fecha, garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. A principios de año, el Gobierno debería incrementar las pensiones en relación a datos previsibles de inflación. Al final de cada ejercicio, es necesario ajustar dicha previsión con los datos de cierre reales del IPC, y, en caso de existir diferencia, se abonará en una paga compensativa para los pensionistas en el mes de enero.
En este caso, la práctica supera a la teoría; el órgano gubernamental puede burlar por decreto esta obligación legal. La pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas en estos dos últimos años, en términos de pensión media, ha sido de 850 euros anuales.
La revalorización de las pensiones supone una merma importante de capacidad financiera de los pensionistas y es, desde mi punto de vista, una medida totalmente discriminatoria: no se puede penalizar a aquéllos que han aportado mayores cuantías al sistema.
Desde principios del ejercicio 2013, se han tomado diferentes medidas con el fin de cumplir el déficit exigido por Bruselas: incrementos impositivos de IRPF e IVA, supresión de la paga extra de los funcionarios y, ahora, congelación de las pensiones.
¿Dónde están los recortes en la clase política?
Contamos con cerca de 446.000 políticos, España es el país europeo con mayor número de políticos con cargos públicos por habitante de toda Europa. ¿Son realmente necesarios tantos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas?
Siempre he pensado que los grandes gestores son aquéllos que tienen un poder de reacción inmediato. Ahora bien, si pensamos que el poder de reacción inmediato es disminuir el poder adquisitivo de todos los ciudadanos -lo cual, sin duda, penaliza notablemente el nivel de consumo y de ahorro de una nación, siendo éstos unos de los mayores indicadores de riqueza y progresividad-, efectivamente, estamos en manos de grandes gestores, independientemente de su color o ideología.
Haciendo un breve símil entre la gestión estatal y la gestión aseguradora, cuando se produce un resultado técnico negativo podremos tomar diferentes decisiones: aplicar un recargo sobre el precio; hacer una correcta política de selección de riesgos; hacer un férreo control sobre las reclamaciones, o aumentar el número de asegurados.
Alguna de ellas ha sido adoptada por el Gobierno: se han incrementado las tasas impositivas, hay mayor control sobre el fraude fiscal? Pero ¿han pensado cómo incrementar el número de asegurados, es decir, en la creación de empleo? ¿Han pensado en llevar a cabo una correcta política de selección de riesgos, es decir, en disminuir el riesgo financiero que supone mantener cerca de 446.000 políticos?
En mi opinión, hasta la fecha se ha elegido el camino más corto, pero en muchas ocasiones el corto no es el más seguro. Ahora bien, ¿necesitamos, para este tipo de medidas, financiar todo el gasto político que tenemos en la actualidad? Insisto en que las medidas de mayor facilidad de aplicación pueden tener un efecto perverso.
¿Dónde están los más de 17 millones de ciudadanos activos?, ¿dónde están los superávits presupuestarios?, ¿dónde está nuestra famosa deuda pública con calificación triple A?
Señores políticos, no olviden nunca que éstas son sus obligaciones, por lo que les rogaría encarecidamente que comenzasen a trabajar para los ciudadanos, que, sin duda, son sus más preciados clientes y los que soportan el sistema.
No nos vuelvan decir que no lo sabían, es su responsabilidad. La relación entre los ciudadanos y la clase política se basa en la claridad y la transparencia. Informen correctamente, por favor, no especulen con las ilusiones y necesidades de todos los ciudadanos.
Queridos lectores, todo lo citado anteriormente pone de manifiesto la necesidad de incrementar el ahorro privado de los españoles para la jubilación. El porcentaje de ciudadanos que no dedica parte de su ahorro a una pensión futura alcanza el 66%. Las aportaciones a productos de previsión social complementaria deben ir ligadas a la incorporación al mercado laboral. Estamos viviendo una etapa de transición entre el Estado y la sociedad de bienestar; tendremos que empezar a asumir la responsabilidad, cada uno de nosotros, de la nueva sociedad del bienestar.
Julio Fernández García, profesor de la Fundación de Estudios Financieros y Fundador de PrevisiónSocial.net.
