Durante mucho tiempo se confundieron los planes de vivienda de protección oficial (VPO) con una política de vivienda. Todavía pasa eso y, sin embargo, una política de vivienda que pueda llamarse tal debería ir mucho más lejos. Es algo que se ha puesto de manifiesto en la crisis actual.
Tenemos la situación paradójica de que hay un exceso de stock de viviendas sin vender al tiempo que hay gente que se queda sin vivienda; las entidades financieras están pasando dificultades por la financiación de la vivienda y las familias sobrendeudadas.
Los precios están cayendo, pero, a pesar de todo, el esfuerzo que debe hacer el ciudadano medio para comprar una vivienda todavía es mayor que el que realizan los adquirentes en países como Estados Unidos y Reino Unido, donde también se desarrollaron burbujas en el sector inmobiliario. Muchos jóvenes no pueden emanciparse como consecuencia del coste de la vivienda, y el mercado de alquiler es de poco más del 9% del total de hogares, según los últimos datos del INE. En medio de todo eso, las políticas del Gobierno sólo hablan de manera vaga del alquiler y de la rehabilitación, y ahora reacciona tarde ante el problema de las familias que se quedan sin hogar.
Los desahucios (dejando aparte casos excepcionales) se deben a la crisis económica que estamos viviendo, no son culpa del sistema hipotecario. La morosidad ha aumentado en todos los ámbitos de la economía, no sólo en el hipotecario: así pues, ¿habría que reformarlo todo? No. Hay que ayudar, eso sí, a las familias en situación de necesidad, y lo mejor sería hacerlo con cargo al Presupuesto, con luz y taquígrafos. Sin perjuicio de que un análisis reposado podría identificar puntos de mejora del mercado hipotecario, una reforma sólo se debería llevar a cabo para facilitar el acceso a la vivienda, y no como resultado de una crisis puntual y excepcionalmente grave. Y un requisito fundamental para que funcione el mercado lo constituye el cumplimiento de la ley: los llamamientos a la desobediencia civil son irresponsables.
Viviendas a precios razonables
Una política de vivienda debe abarcar todos los órdenes, empezando por asegurar un precio razonable de la vivienda acotando el precio del suelo, pasando por facilitar la financiación (fortaleciendo el mercado hipotecario, para lo que una medida útil sería tener tipos fijos bajos a largo plazo); favoreciendo la inversión institucional en vivienda en alquiler (hay mucha demanda y el mercado de alquiler no despegará confiado solamente a los particulares que ponen una o unas pocas viviendas en el mercado); dando vivienda accesible a las familias que lo necesitan (sobre todo, en alquiler); ocupándose de las viviendas de los trabajadores de sectores claves para la sociedad (por ejemplo, maestros y bomberos); fomentando la aparición de entidades sin ánimo de lucro que faciliten viviendas para pobres; teniendo un mecanismo permanente de ayuda en casos de necesidad excepcional (Estados Unidos puso en marcha al comienzo de la crisis mecanismos de ayuda a gente en distintos estados de necesidad, entre ellos, el de los que no podían atender a los pagos de la hipoteca).
Esperemos que la reacción social ante el problema de los desahucios anime en nuestros gobernantes el objetivo de poner los mimbres para una verdadera política de vivienda, que abarque todos los ámbitos del sistema e incluya una política de vivienda social que abandone definitivamente el anacronismo de la VPO. La inoperancia de este recurso ante la crisis ha quedado bien patente para todos. Y es que no se debe proteger la vivienda, sino al ciudadano.
José Luis Suárez, profesor del IESE Business School.
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