Este diciembre de fiestas dedicadas al consumo y a gastos impuestos por la costumbre social de ser felices por mor del calendario trae la realidad de unos funcionarios sin paga extra y unos jubilados sin revalorización de las pensiones. También culmina un año de recortes en gastos sociales de estricta justicia, además de una serie de privatizaciones que están subastando en pública almoneda las garantías constitucionales de prestar determinados servicios.
La excusa aducida de cumplir los plazos y cuantía del déficit se ve desmentida por los hechos; no se cumplirán en absoluto las previsiones, y la deuda privada y pública sigue estando en torno a los 3,5 billones de euros. El sacrificio impuesto a la mayoría ciudadana es, pues, ineficaz además de injusto.
La deuda pública ha alcanzado los 817.000 millones de euros y genera anualmente un desembolso más que oneroso para las arcas del Estado. Este yugo -esta soga atada al cuello de la Tesorería del Estado independientemente de lo que la ha motivado en un porcentaje notable-, la llamada deuda ilegítima, es una exigencia constitucional por obra y gracia de los señores diputados y senadores que votaron la reforma constitucional de septiembre del 2011.
Cuando cualquier empresa que entra en quiebra está obligada -por ley- a que los primeros pagos que atender sean los salarios y después las demás deudas, la iniciativa del PSOE y el PP carga sobre funcionarios, jubilados y ciudadanos necesitados de servicios asistenciales la responsabilidad de atender el pago de los intereses a bancos españoles y extranjeros.
Mientras que Bruselas ha terminado por flexibilizar los plazos para cumplir con el déficit, el Gobierno anterior y el presente no han querido contemplar la vía de la quita, el aplazamiento, la auditoría o cualquier otra que pudiera dar un respiro a los ciudadanos. Son los Gobiernos que en nombre de los mercados gobiernan contra sus propios compatriotas.
Julio Anguita. Excoordinador de IU.
Anguita: "La deuda no se puede pagar"
