El sector sanitario privado ha sido durante estos años de crisis de los pocos que la ha ido aguantando en positivo. En un entorno en el que tiene que complementarse y competir con una sanidad pública de cobertura aparentemente universal, su nivel de calidad, eficiencia y servicio ha permitido que, a pesar de las dificultades económicas que ha ido pasando la sociedad, el seguro de asistencia de salud haya sido considerado casi como un producto de primera necesidad y que no sólo no haya disminuido el número de asegurados, sino que ha venido creciendo de manera regular a ritmos del 2-3%, hasta alcanzar los 7 millones de asegurados que existen en la actualidad en nuestro país.
Además, el sector sanitario privado genera algo más de 300.000 empleos cualificados, que tampoco han sufrido prácticamente las inclemencias de la crisis económica, constituyéndose así como uno de los sectores empresariales más estables que existe.
Todas estas circunstancias, fuera de prejuicios, demagogias e ideologías, hacen que el sistema sanitario privado sea un elemento fundamental para el mantenimiento del estado de bienestar tanto de los ciudadanos a título individual, como de la sociedad en general y más en el momento de recesión económica que estamos padeciendo.
El pasado 25 de octubre el abogado general de la Unión Europea emitió un documento de conclusiones sobre el procedimiento de sanción abierto contra España por la aplicación de la directiva del IVA sobre los productos médicos. En este documento, el abogado general propone al Tribunal de Justicia que declare que España ha incumplido dicha directiva, al aplicar el tipo de IVA reducido sobre productos sanitarios como el material sanitario, equipos médicos o el instrumental.
Obviamente, no es intención de estas líneas defender la inocencia de España, que corresponderá dirimir al Tribunal Europeo, y de ello estarán al corriente los servicios jurídicos del Estado -en mi opinión, esta denuncia puede plantear serios problemas a la evolución de un sector tan dinámico como el de la sanidad privada-. Por ello, es necesario anticiparse y prever las catastróficas consecuencias que la medida tendría para dicho sector y, por contigüidad, para el sistema sanitario público, que en muchos lugares funciona de un modo simbiótico.
Conviene recordar que los servicios de asistencia sanitaria se facturan exentos de IVA, por lo que los proveedores sanitarios privados no tienen capacidad de repercutirlo en pacientes o aseguradoras, lo cual les representa una pérdida económica no recuperable. La aplicación del IVA normal -al 21%- a todos estos productos a los que actualmente se aplica el IVA reducido -al 10%- implicará una pérdida por el IVA para las empresas sanitarias próxima al 15% de su ebitda. Es decir, si el sector en el momento actual tiene un margen de ebitda medio de un 8,25%, la aplicación de esta medida supondría de golpe una reducción de los márgenes hasta por debajo del 7%.
En este momento la presión a la que están sometidos los centros sanitarios, dado el nivel de competencia, en forma de ajuste de prima que mantienen las aseguradoras para retener a los asegurados, junto con el retraso en los pagos por parte de la comunidades autónomas y los bruscos recortes que se han producido en forma de disminución de conciertos, hace que existan multitud de hospitales en niveles de beneficio prácticamente nulos, a los que esta medida les supondría directamente entrar en pérdidas -y a aquéllos que puedan soportarlo les afectará directamente a su capacidad de inversión y reposición en tecnología-. Todo esto sin entrar a considerar los miles de puestos de trabajo que se verán reajustados para tratar de compensar el incremento de coste por la pérdida debida al incremento del IVA.
Al final, se producirá una repercusión en toda la cadena de valor que condicionará un incremento imprescindible en la prima que pagan los usuarios, con la consiguiente disminución del aseguramiento privado y los efectos que esto tiene sobre el incremento de gastos y recursos para el sistema público. El sector sanitario privado, a pesar de la falta de consideración que se tiene desde los poderes políticos, ha venido siendo una fuente de crecimiento y de generación empleo. Deberemos dejar al lado la demagogia y analizar realmente las consecuencias en empleo y en el Estado de bienestar que se producirán si empieza a resentirse el sector sanitario privado. Entre todos hemos de tratar de promover medidas que contribuyan a su consolidación y su estabilidad, como la promoción fiscal de los seguros de salud, o la ampliación del modelo de las mutualidades a otros colectivos, con la finalidad de compensar este nuevo zarpazo que sin duda, contribuirá a que un sector referencia por su aportación y buen servicio se vea abocado a la inestabilidad y al cierre de multitud de sus centros.
Juan Abarca. Médico y abogado. Secretario general del IDIS.
