James Tobin recibió el Nobel de Economía en 1981 por sus análisis de los mercados financieros y las relaciones de éstos con las decisiones de gasto, empleo, producción y precios. Se trataba de un serio defensor de las políticas intervencionistas de Keynes y, como tal, mantuvo en su tiempo una interesante pugna con Milton Friedman, otro Nobel que abogaba por todo lo contrario.
Con esta forma de pensar, allá por 1971, Tobin propuso implantar una tasa relacionada con las transacciones financieras. No se trataba de un impuesto como tal, sino de un gravamen sobre ciertas operaciones financieras. Detrás se encerraba el objetivo de desincentivar la especulación sobre unas transacciones financieras concretas y no sobre otras, que quedaban exentas y podían realizarse normalmente sin penalización.
La idea no era nueva, ya había sido propuesta por Keynes treinta y cinco años antes. Keynes pensaba que era la forma de controlar los excesos de Wall Street, que él consideraba la causa primera de la crisis del 29 y su expansión hacia Europa. Siguiendo esta idea, Tobin pensó que gravar las compras y ventas especulativas de divisas, por ejemplo, traería efectos beneficiosos sobre la estabilidad monetaria a escala global. Ciertas ONG hicieron suyo el modelo con motivo de la crisis actual, y han aplaudido la puesta en marcha de este nuevo impuesto por solidaridad, por una parte, y, por otra, como medio de penalizar a la banca, causante desde su punto de vista de las penalidades económicas actuales.
En agosto pasado, Francia lanzó la tasa Tobin cargando un 0,2% sobre ciertas operaciones de compraventa de títulos de grandes empresas cotizadas. Aparte del populismo de la medida, se pensaba recaudar 400 millones de euros en la segunda parte del año, lo que daría unos 1.600 millones en un ejercicio completo.
No todas las transacciones están penalizadas. Quedan fuera, por ejemplo, las emisiones de títulos de las cámaras de compensación o las adquisiciones de acciones entre empresas de un mismo grupo. Tampoco se aplica a las empresas cuya sede esté fuera de las fronteras francesas, ni a las empresas francesas que coticen en otros países. Quedan igualmente eximidos los seguros de impago de deuda, los ya famosos CDS (credit-default swaps).
Ciertos países europeos han decidido ahora sumarse a esta iniciativa. Según la Comisión, la nueva tasa redundaría en una recaudación cercana a los 20.000 millones de euros. Aparte de Francia -ya con el esquema en marcha- se suman a la iniciativa España, Alemania, Italia, Francia, Grecia, Portugal, Austria, Bélgica, Eslovenia, Eslovaquia y Estonia. Inglaterra, que realiza las tres cuartas partes de las transacciones europeas, se queda fuera. Tampoco se suman Holanda y los países nórdicos. Según se dice, la tasa gravará con un 0,1% las operaciones de acciones y títulos de deuda, y con el 0,01 las transacciones con derivados. Estas últimas difícilmente controlables, sobre todo si se considera el gran volumen de operaciones OTC (over the counter) que se realizan hoy en día.
¿Una medida efectiva?
Aparte de su supuesto efecto de carácter social, este impuesto resulta discriminatorio sobre ciertos productos financieros, y abre múltiples dudas sobre la efectividad de la medida. Primero, porque aunque parezca que ha vuelto Robin Hood a poner a los ricos en su sitio, hoy muchas transacciones bursátiles son llevadas a cabo por una clase media que trata de sacar réditos con pequeñas o medianas inversiones en bolsa. Pero hay más. La aplicación de la tasa Tobin en unas plazas sí y en otras no tendrá un efecto de huida de capitales hacia otros lugares, como pueden ser Londres, obviamente, y también Nueva York y Singapur. Es así como funciona la globalización financiera. No hay que coger ningún avión para trasladar el dinero, basta darle a la tecla del ordenador y los capitales mueven de un sitio a otro. A esto se añade que este tipo de impuesto trasladará nuevos costes al consumidor, que absorberá de forma indirecta este nuevo gravamen. Además, promoverá nuevos circuitos opacos fuera de los canales formales aumentando las operaciones OTC.
Para ser eficaz esta medida debería tener carácter global, o al menos ser aplicable en toda la Eurozona; ya que, aparte de lo dicho, existen modos de sortearla, pues tanto los bancos como las empresas globales y transnacionales pueden hacer operaciones fuera de las plazas donde se aplique la medida.
Se trata de un impuesto que penaliza la existencia de un sistema financiero ágil, de bajo coste de intermediación y más transparente, lo que es fundamental en esta Europa decaída financieramente. Si se quiere evitar la especulación sobre ciertos flujos de capitales, existen en la práctica otras medidas menos lesivas para el sistema. Todo apunta a que será una nueva ocasión perdida en la creación de un modelo financiero europeo potente y competitivo globalmente.
Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul España.
