El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado fija en el 1% el incremento de las pensiones del sistema de Seguridad Social. La cifra deberá someterse a debate y votación en la tramitación parlamentaria del proyecto. En una situación de crisis como la que atraviesa el país, el debate acerca del coste de las pensiones corre el riesgo de ser parcial, deliberadamente opaco y, sobre todo, contradictorio.
Es lógico que dos ideas opuestas tensionen la decisión. Por un lado, la idea de que las pensiones deben aumentar por razones de justicia social, al menos tanto como haya aumentado el IPC -que será más de un 3% en noviembre-, y, por otro, la idea de que no deben elevarse o de que deben incluso reducirse, por razones económicas. Y, entre esos dos polos, todo un arco de variantes, incluida la congelación.
El sistema de Seguridad Social se ha construido con esfuerzo a lo largo de cien años. Una tercera parte de su historia se ha cubierto bajo un régimen constitucional democrático. Ha contribuido al cambio más importante de los últimos años y a la transformación de las costumbres. En realidad, la Seguridad Social ha sido un instrumento, quizá el más poderoso, para asegurar la supervivencia del régimen de economía liberal. Más aún, en ella reside la clave para hacer posible la convivencia entre los fundamentos del capitalismo y los principios que sustentan el ideal democrático.
La Seguridad Social, más que cualquier otra cosa, más que cualquier programa político concreto, más que cualquier corriente de pensamiento, ha venido a establecer en las sociedades avanzadas que el intervencionismo estatal es conveniente y útil en el interior de una economía libre de mercado.
Pero esa intervención, en un momento como éste, debe tomar en cuenta la completa situación del país y decidir sobre las pensiones de acuerdo no sólo con los principios del Estado del bienestar, sino también con las finanzas del Estado.
Vivimos un momento en que el sistema de Seguridad Social debe ser defendido absolutamente. Y sobre todo, debe ser defendido de sus entusiastas. Porque si se quiere mantener, será preciso contener su coste, a menos que se pretenda hacer con las pensiones otra burbuja cuyo pinchazo produzca un súbito crecimiento de la pobreza extrema. Los políticos deben tener presente que ese aspecto de los Presupuestos no puede ser nunca un gesto de partido, ni una excusa para un discurso brillante, ni una decisión que no tenga en cuenta que la Seguridad Social influye en el bienestar de las personas. Que vale la pena. Que define el desarrollo de una sociedad y que es la historia del Estado contemporáneo. Que hay que mantenerla, reforzarla y financiarla. Y que quizá el camino para eso sea congelar las pensiones en 2013.
Por eso, determinar si existirá o no aumento o cuál debe ser éste es labor hoy de políticos con sentimiento de pertenencia al futuro, sin electoralismos para ganar o para mantener el poder. El futuro es lo que hoy está en juego y lo que los españoles tenemos que ganar. No unas elecciones por uno u otro partido.
A España le salen tan mal las cuentas que no tiene margen para el error. Le salen tan mal las cuentas que ahora, cuando se viaja hacia las Indias, ya ni siquiera se descubre América.
Por eso, los legisladores que enfrenten el desafío de aumentar o no las pensiones el próximo año no tendrán la sagrada libertad de equivocarse.
Juan Carlos Arce, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UAM
