En una economía de libre empresa, los agentes económicos gestionan y toman sus decisiones con independencia y en función del interés de sus accionistas, clientes y empleados, los denominados stakeholders. Siempre bajo el cumplimiento de las reglas de juego establecidas en el marco regulatorio. Y el Estado ha de respetar este principio de subsidiariedad. Conviene tener esto en cuenta ante el anuncio de Banco Popular de ampliar su capital por importe de hasta 2.500 millones de euros, mediante aportaciones dinerarias y con derecho de suscripción preferente para los accionistas actuales.
La decisión del banco que preside Ángel Ron ha sido la consecuencia inmediata de la prueba de resistencia efectuado a finales de septiembre por Oliver Wyman que, aunque detectó un exceso de capital de 677 millones en un escenario base, cifró en 3.223 millones el déficit de capital en el entorno más adverso, donde las variables macro y financieras proyectadas (eran sólo proyecciones) se llevaron al límite. Sin embargo, tan sólo cinco días después, la EBA (European Banking Authority), una de las tres agencias de supervisión europeas, que depende de la Comisión y Parlamento Europeo, afirmó lo contrario al señalar que Banco Popular cuenta con un nivel adecuado de capital para afrontar pérdidas inesperadas si la situación económica se deteriora más de lo previsto. La disparidad de las conclusiones de ambos exámenes es una buena muestra de las contradicciones en que pueden incurrir los supervisores. Es urgente solicitar una mayor coordinación para no desorientar y confundir a accionistas, clientes y ciudadanos.
Mi reflexión se centra en el plan de negocio presentado por Banco Popular. La entidad anunció un esfuerzo real de saneamiento a fondo del balance en 2012 por importe de 9.300 millones (6.000 contra cuenta de resultados y 3.300 contra capital) y de fuerte recapitalización (hasta 2.500 millones). De esta manera, la entidad ha adelantado a 2012 los saneamientos exigidos por el regulador español. Un ejercicio de extrema prudencia que se ajusta al canon anglosajón, muy poco conocido y utilizado por aquí. Ninguna otra entidad financiera española se ha atrevido a abordar tal esfuerzo. Y es algo que hay tener muy en cuenta, pues es exactamente este tipo de operaciones de limpieza de balance lo que demandan los mercados. El plan anunciado por Popular constituye, por añadidura, un ejemplar ejercicio de transparencia del que tan necesitado está el sistema financiero español.
Se deja en suspenso temporal la política de retribución al accionista para adecuarla a las nuevas exigencias de capitalización y elimina el dividendo de octubre de 2012, previéndose para 2013 la reanudación del mismo con un pay out del 50%. Incluye, además, plusvalías por 545 millones entre 2012 y 2013, frente a los 2.500 millones previstos en el plan de negocio anterior. La entidad mantiene, no obstante, intacta su capacidad para realizar plusvalías y ello supone que su materialización implicaría una mejora sustancial de las previsiones
Una decisión valiente y dura
La decisión de elegir la vía de una ampliación de capital supone un flujo real de entrada en caja. Es una decisión valiente y, a la vez, difícil y dura para el accionista por su efecto dilutivo. A pesar de ello, es previsible que acudan a la ampliación el núcleo duro de accionistas (Allianz, Crédit Mutuel, Sindicatura, Fundación Barrie de la Maza, Amorim, etc....) representado en el Consejo que aprobó el plan por unanimidad. La operación, que contará, además, con la participación de un sindicato de aseguradores, ofrecerá al mercado la confianza de que llegará a buen puerto, si bien es cierto que, debido al actual entorno de mercado y la penalización que supone la prima de riesgo española, la ampliación tendrá que ofrecer un fuerte descuento sobre la cotización en el momento de su lanzamiento.
Banco Popular ha tomado una decisión coherente para una empresa de propiedad privada en el entorno de un mercado libre y abierto. No acude a la ayuda pública y, en definitiva, al sacrificio de los contribuyentes españoles. Asume un reto que, al superarlo, le situará en un excelente punto de partida para el futuro.
De entrada se mantendrá como la entidad financiera más eficiente de Europa (más ingresos a menor coste) aun en el escenario mas adverso contemplado por OW. Por añadidura sus pérdidas esperadas para 2012 (2.300 millones) le permitirán asumir de forma extraordinaria saneamientos acelerados e iniciar 2013 sin necesidades adicionales de saneamiento. Como consecuencia de ello, y dada la capacidad de generación de márgenes de explotación, el banco recuperará su senda de beneficios (500 millones en 2013 y 1.400 en 2014). Los beneficios deberían ser superiores gracias a la capacidad de recuperar provisiones que han sido dotadas conforme a un escenario cuya probabilidad de ocurrencia es inferior al 1%. Y, por último, Banco Popular situará su solvencia a la cabeza del sistema español, con un capital principal de nivel 1 superior al 10% en 2012 y 2013 y por encima del 12% un año después.
Enrique Pérez-Hernández, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles de la UCM.
