En la ajetreada agenda del IASB (International Accounting Standards Board), regulador europeo en materia contable, está el emitir, antes de finalizar el 2012, una versión definitiva de la norma contable relativa a los arrendamientos operativos, denominados rentings. A tenor de lo expuesto en el borrador de la misma, la nueva norma prevé para la mayor parte de estos contratos un tratamiento contable análogo al que actualmente se está dando a los arrendamientos financieros o leasing. La capitalización o incorporación en el balance de este tipo de contratos supondría un gran impacto para los estados financieros de las empresas cotizadas españolas, puesto que por un lado verían aumentados sus activos y pasivos por la incorporación de los derechos y compromisos que se derivan de los mismos, y por otro lado sus resultados también variarían a consecuencia del cambio en la cuantía y composición del gasto, puesto que cambiarían un gasto corriente por alquiler por un gasto en concepto de amortización más un gasto financiero correspondiente a los intereses devengados.
Este proyecto relativo a los rentings se enmarca dentro del macroproceso de globalización de los sistemas de información financiera iniciado por los reguladores americano y europeo a partir del acuerdo alcanzado en 2002, por el que se propusieron emitir normas contables conjuntas que fuesen compatibles. Sin embargo, en este proceso de internacionalización de la información financiera, cuyo máximo exponente es la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad (IFRS), los propios reguladores advierten que ante un cambio de normativa es necesario ahondar en el análisis de los posibles efectos no deseados, y por lo tanto del impacto que la regulación contable pueda tener sobre el proceso de toma de decisiones de las empresas.
En este escenario, el proyecto de norma relativo a los arrendamientos operativos introduce cambios relevantes en los estados financieros de las empresas cotizadas. El IASB justifica la propuesta manifestando que el modelo actual no cubre las necesidades de los usuarios de la información financiera ya que el tratamiento contable asimétrico de leasings (registro en balance y resultados) y rentings (registro sólo en resultados) hace que los balances no arrojen una información completa de los compromisos adquiridos. Ante ello, empresas y asociaciones han reaccionado enviando cartas a los reguladores expresando su apoyo u oposición a la propuesta, en ocasiones alertando precisamente de los efectos no deseados que se pudieran derivar.
Dentro de las más de 1.000 cartas se encuentran las de Telefónica, Inditex o Repsol, donde si bien reconocen el esfuerzo del legislador, muestran su preocupación por las posibles consecuencias. Destacan, por un lado, las preocupaciones relativas al coste de cumplimiento de la norma y la complejidad inherente al proceso de capitalización, y por otro lado los efectos derivados tanto del incremento de los niveles de endeudamiento como del impacto en resultados. Así pues, y dentro de un análisis coste/beneficio, parece que las empresas cotizadas españolas no ven con buen ojo la propuesta, puesto que al margen del coste de administrar el cambio, el incremento de los ratios de endeudamiento podría entrar en conflicto con algunas de las cláusulas de los contratos de deuda en vigor, pudiendo derivar en costes de incumplimiento o en impactos sobre el acceso al crédito.
En una estudio realizado con datos del cierre de 2010 sobre el conjunto de empresas cotizadas españolas, excluyendo el sector financiero, se aproxima que el impacto de la capitalización de los arrendamientos operativos supondría un incremento del 18% de la deuda y un incremento del 17% de los activos no corrientes. Según el análisis, el impacto no es homogéneo. Los más afectados son el sector de retail, tanto de servicios como es el caso de hoteleras como Sol Meliá o NH Hoteles y las aerolíneas como Vueling, como de bienes como es el caso de Inditex o Adolfo Domínguez. También empresas del sector de la energía como Repsol, Gas Natural, Cepsa o Iberdrola se verían impactadas de forma significativa, puesto que buena parte de sus activos de explotación están contratados con fórmulas de arrendamiento operativo.
Así pues, ante esta perspectiva de cambio habrá que esperar a que la norma definitiva entre en vigor para conocer cuál será el comportamiento de las empresas, donde es de esperar que reaccionen cambiando sus sistemas de financiación con el fin de evitar el incremento de la deuda registrada. Esta relación causa efecto entre los cambios en la normativa contable y las consecuencias, deseadas o no, que se derivan de los mismos, pone de manifiesto que en el marco de las decisiones empresariales, la contabilidad sí importa.
Àngels Fitó, Directora de estudios de Economía y Empresa de la UOC.
