Con la crisis económica, el modelo de financiación autonómica, que hubiera sido suficiente para las comunidades autónomas en otra coyuntura menos adversa, ha saltado por los aires, y así, a pesar de corregir las diferencias de financiación entre territorios, al hacerlo sobre recursos menguantes, ha devenido en insuficiente.
En el caso de la comunidad autónoma de Cataluña hay una razón de fondo para la reivindicación. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, hace treinta años, siguió aplicando el coste de los servicios transferidos como base de cálculo para los traspasos a las comunidades autónomas, con lo cual se arrastraba el desigual reparto territorial de estos servicios en la futura financiación. Considerada como un territorio hostil por el franquismo, la sociedad civil y las instituciones catalanas crearon colegios, hospitales y residencias en mucha mayor medida, bien por mayor iniciativa, bien por mayor necesidad. El menor nivel de renta facilitó en los primeros años de la democracia gastos e inversiones compensadoras en comunidades más pobres. Y así, los decretos de traspasos eran más generosos con comunidades de población menor. Testigo soy de como el último Gobierno socialista de Felipe González tuvo que emplear a la vez la imaginación y el esfuerzo para casar con la población el traspaso del Inserso (luego Imserso) a Castilla y León, y tuvo que dejar para una ampliación de competencias en una segunda tanda plantillas y residencias que no encajaban.
Esta realidad ha sido objeto de sucesivas correcciones, configurando sistemas de financiación con una mayor base poblacional y de corresponsabilidad fiscal, a través del porcentaje creciente de los tributos recaudados en el territorio considerados ingresos propios de la comunidad. El Gobierno Aznar en la legislatura de 1996 a 2000 entregó 40.000 millones de pesetas al año adicionales a Cataluña tomando como pretextos la ampliación de competencias en cuencas hidráulicas e instituciones penitencias, la financiación sanitaria, los mossos d´esquadra y la homologación de los servicios públicos fundamentales. Después, con el Gobierno socialista, el nuevo Estatut ha garantizado un porcentaje poblacional de la inversión nueva en Cataluña, pero esta partida ha menguado tanto que es irrelevante.
Porque, además, la financiación de las comunidades autónomas, destinada en un porcentaje notable a prestar servicios sanitarios, educativos y sociales, se resiente diferencialmente en momentos de crisis frente a la mayor capacidad de ajuste que tienen otros gastos, tales como las inversiones en infraestructuras. En este sentido, esta realidad no puede ignorarse, y Cataluña y todas las CCAA necesitan que la financiación del Estado sea sensible a estos servicios públicos fundamentales. Hasta aquí, una historia de reivindicaciones y consecuciones que tuvo momentos dramáticos y de mucha tensión, pero que ahora casi parece un camino de rosas. Y ahora, la propuesta secesionista, basada en un agravio fiscal que se denuncia como incontestable.
Dejando al lado la planta fundamental del argumentario (los sujetos fiscales son las personas y las empresas, no los territorios), conviene señalar que los flujos económicos entre los territorios no tienen únicamente naturaleza fiscal. Hay un flujo económico de primera magnitud y es el del capital humano (recomendaría en este sentido vivamente elaborar una balanza fiscal sobre las relaciones de España con Ecuador). Con frecuencia, las personas que emigran pasan su infancia, juventud y vejez en la tierra que les vio nacer, y trabajan en otra comunidad. Toda su vida activa ocupada pagan impuestos en un territorio y reciben prestaciones en otros, con lo que contribuyen virtualmente a generar desequilibrios fiscales. Pero sin embargo su fuerza de trabajo compensa con creces ese presunto déficit .
Un buen ejemplo lo tenemos en las cuentas de la Seguridad Social. En términos de caja, las empresas con domicilio social en Cataluña pagan las cotizaciones de sus trabajadores en todos los centros de España en Barcelona. Los pensionistas que han obtenido sus pensiones trabajando en Cataluña las cobran en Cataluña, en su lugar de nacimiento si éste es otro y han vuelto, o dónde desean residir. Así, en términos de tesorería las cuentas de la Seguridad Social arrojan un superávit virtual en Cataluña, que se desvanecería el mismo día en que se separaran las cajas. Centenares de miles de trabajadores del resto de España dejarían de pagar sus cotizaciones en Barcelona, y centenares de miles de pensionistas empezarían a cobrar una pensión catalana y otra del resto de España. Los recursos adicionales del déficit fiscal que tan frívolamente algunos cuentan como destinados a los niños en Cataluña no bastarían en dos o tres años para resolver los costes de esa segregación en el sistema de protección social.
Cuando he planteado estas objeciones a amigos catalanes segregacionistas me dicen que lo más sencillo es mantener una estructura confederal para el servicio exterior, la Seguridad Social, las relaciones con la Unión Europea... ¿Se acuerdan ustedes de cuando en 'La vida de Brian' los miembros del Frente Popular para la Liberación de Judea redactan un panfleto y acaban con un texto que dice : "estamos en contra de Roma, salvo el alcantarillado, las fuentes, las termas, los hospitales, las calzadas, las escuelas, los puertos..." Pues eso. A ver cuando nos damos cuenta de que la secesión no es imposible, simplemente perjudica a todos.
Octavio Granado, Secretario de Estado de la Seguridad Social en 2004-2011.
