Hay dos hoteles alpinos a cada lado de la frontera austro-italiana. Lo tienen todo en común: el paisaje, la clientela, el dialecto de los empleados? Facturan en la misma moneda y trabajan con el mismo banco, una gran entidad paneuropea, pero no pagan el mismo tipo de interés: al establecimiento italiano el crédito le sale mucho más caro que a su contrincante porque el banco aplica a cada uno los tipos de préstamo estatal de su país de origen, aumentados por una prima de riesgo y gastos de intermediación.
Este caso real resume la fragmentación financiera a la que se enfrenta la Eurozona. Veinte años después de la consecución del supuesto mercado europeo, la competencia entre las empresas es ficticia porque el crédito favorece a las del norte y penaliza a las del sur, incluso si estas últimas sufren de por sí unos costes más altos y unos mercados en recesión.
Los bancos no tienen la culpa. En el sur, apenas consiguen financiarse a sí mismos y a los que están establecidos en varios países, los supervisores del norte les prohíben utilizar la abundante liquidez de la que disponen para prestar al otro lado de la frontera.
La situación de los estados no es más halagüeña. Desde principios de 2007, más de la mitad de la deuda pública española estaba en manos de no residentes, proporción que a principios de 2012 había caído al 30% y ha seguido cayendo después. La madeja de interdependencias financieras en la Eurozona se deshace a gran velocidad. La amenaza es propiamente existencial: ¿qué sentido tiene conservar la moneda común en un contexto de desintegración financiera? A ese riesgo es al que intenta responder el banco central con el nuevo programa de compra de títulos lanzado a principios de septiembre, que los jefes de Estado quisieron evitar con el lanzamiento a finales de junio del proyecto de unión bancaria. El primero fue muy claro en cuanto a su objetivo: oponerse a las previsiones de escisión y hacer todo lo posible para conservar el euro. Los segundos también enunciaron muy explícitamente sus intenciones: romper el círculo vicioso entre los bancos y los Estados. En ambos casos se trataba de un giro limpio y muy bienvenido. No es cuestión de seguir privilegiando el propio fortalecimiento de las disciplinas presupuestarias sino de remediar las fragilidades sistemáticas de la zona euro y a más corto plazo detener la fragmentación.
¿Será suficiente? Al BCE se le multiplican las dificultades. La más visible es la oposición del Bundesbank. La retirada de los escudos que la decisión de relanzar las compras de títulos públicos (esta vez sin límites) ha provocado en Alemania corre el riesgo de minar la credibilidad de las medidas tomadas por Mario Draghi. Claro que también hay trabas operacionales. Experimentado tras los desengaños del verano de 2011, cuando la coalición de Silvio Berlusconi retomó sus compromisos de tributación de altos ingresos a partir del lanzamiento de las intervenciones del BCE, éste ha anunciado que solamente intervendrá a favor de los países que hayan suscrito las condiciones estipuladas por el fondo europeo de rescate (MES), cuyos accionistas son los Estados. También se ha entablado una relación casi contractual y potencialmente arriesgada. ¿Qué pasará, por ejemplo, si el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) renegocia un programa de ayuda con un estado en contra de la opinión del BCE? Y más a corto plazo, ¿qué pasará si España continúa considerando un programa de ayuda como una humillación insoportable? La solución elegida es, desde luego, menos problemática que el ejercicio de la condicionalidad por el propio BCE, aunque no está exenta de riesgos.
En lo que se refiere a la unión bancaria, las ambiciones siguen sin estar claras. Se ha abierto un vivo debate entre Francia, que quiere someter a todos los bancos a la supervisión europea, y Alemania, que prefiere limitarse a los más grandes. Confiar a Frankfurt la responsabilidad directa de 6.000 bancos sería lógicamente absurdo pero circunscribirse a los veinte más grandes resultaría ineficaz. No es el BBVA y el Santander los que han puesto a España en dificultades sino las famosas cajas. Hay que abarcar bastante más, concretamente uno o dos centenares de bancos, aunque limitarse a supervisar tampoco va a resolver el problema. Para proteger a los Estados de las catástrofes bancarias también hay que mutualizar la gestión de las crisis y organizar el acceso a una fuente presupuestaria común. Eso es, evidentemente, mucho más ambicioso y por ahora no forma parte de las conversaciones. Los mercados ya parecen estar afectados: desde la víspera de la cumbre de finales de junio al día siguiente del anuncio del BCE, a principios de septiembre, el coste de la financiación a dos años bajó de dos a tres puntos para España e Italia. Es una buena noticia para los hoteleros de los Alpes y los Pirineos pero queda lejos de ser suficiente. No convendría que, una vez más, el alivio provoque la inacción.
Jean Pisany-Ferri, director de Bruegel. Profesor de Economía de la Universidad París-Dauphine.
