Al final del primer semestre del año 2006, comenzó la recesión del sector inmobiliario que, hasta entonces, se había convertido en el principal motor del crecimiento de nuestra producción, del empleo y de los ingresos públicos. Su evolución fue paralela con la de la financiación, subieron y cayeron de la mano. Antes de la crisis inmobiliaria de EEUU teníamos una crisis propia, previsible y profunda, que se logró que permaneciera oculta para gran parte de la población. Prueba de ello es que a finales del 2007 habían cerrado la mitad de las agencias de intermediación inmobiliaria y lo hicieron porque llevaban largo tiempo con una crisis de ventas.
El país multiplicó por tres el peso de la construcción en el PIB y en el empleo, en la cumbre de su expansión, por lo tanto su derrumbe iba a tener unas consecuencias letales sobre su futuro. La actividad constructora tuvo un efecto motriz no sólo sobre el sector privado sino, también, sobre el público que incrementó los ingresos y con ello sus presupuestos. El empleo público, que creció en 600.000 personas en este período -de 2.300.000 a 2.900.00- se debió, en buena parte al calor del crecimiento en este sector.
¿Cómo fue posible el disparate de que hiciéramos tantas viviendas en 2005, como la suma de Francia, Alemania y Reino Unido? Según denunció, en el primer semestre del 2006, el Observatorio de la Sostenibilidad, que popularizó la cita anterior, la mitad de la oferta de casas no se ajustaba a la demanda y se estaba construyendo por motivos especulativos. De hecho hasta el año 2.000 se había construido una media anual de 350.000 viviendas y pasaron a 812.294 en 2005. Mientras en la mayoría de países de nuestro entorno, el índice de la construcción de viviendas anuales rondaba las 5 viviendas por cada mil habitantes, en España se llegaron a construir más de 15, desde 2004 a 2006.
Si intentamos repartir la responsabilidad, comprobaremos que, para que se produjera semejante desastre, debía participar mucha gente de diferentes sectores financieros, informativos, sociales y económicos. Pero, si fuéramos justos, la distribución de responsabilidad debería ser piramidal. ¿Dónde estuvo la autoridad monetaria que debía controlar y evitar la generación de una inmensa burbuja especulativa provocada por la ingente entrada de dinero exterior y el comportamiento del sector financiero? La deuda exterior se multiplicó por tres en muy pocos años, pasamos de 0,6 billones en 2002 a 1,76 en 2009.
Y, en cuanto a los responsables de la política económica, tuvimos la mala suerte de que estuviera en manos de personas que carecían de la capacitación técnica adecuada y de responsabilidad para afrontar tan grave situación. Basta recordar sus reproducidas manifestaciones, para comprobar que lo que estaba pasando en la economía, les era ajeno. Solbes en agosto de 2007 dijo: "Los efectos de la crisis hipotecaria tendrán un impacto relativamente pequeño en la economía española"; y en febrero de 2008, continuó: "los que auguran el riesgo de recesión no saben nada de economía?." Las declaraciones de Zapatero eran todavía más optimistas. En septiembre de 2007 dijo: "España ha entrado en la Champions League de la economía mundial"; Enero 2008: "la crisis es una falacia, puro catastrofismo; Marzo de 2008:" España está en condiciones para llegar al pleno empleo".
Cuando llegó la crisis financiera internacional, en septiembre de 2008, la producción inmobiliaria estaba por debajo de cuando comenzó la burbuja. Pero, por lo visto, tampoco esta crisis iba a evaporar el conjunto de ilusiones de los que dirigían nuestra economía. En ese mes Zapatero pronunciaría una de sus frases más célebres "superaremos a Francia en renta per cápita en tres o cuatro años, esto no lo quiere ni oír mi amigo Sarkozy, pero es así y su optimismo se alargó hasta que le despertaron Obama y los principales dirigentes de la Unión Europea". Solbes preveía en octubre de 2008 que "... 2010 todavía será un año de crecimientos por debajo del 3%, pero nuestra idea es intentar volver entre el 2010 y el 2011 a un crecimiento del 3%, que es el potencial de esta economía".
Pero el potencial anterior venía de la sobredimensión del sector de la construcción que estaba en la ruina. ¿Con qué sectores se confiaba para compensar la enorme reducción que suponía en la producción , en el empleo y en los ingresos públicos, el descalabro del sector de la construcción? ¿Que política activa había promovido para potenciar el resto de sectores de la economía? En cualquier empresa en la que se produce una caída en ventas de una sección, la facturación y el empleo se pueden mantener, si las otras incrementan sus pedidos. Al no hacer un diagnóstico correcto de lo que estaba sucediendo, arrastró a todos los sectores de la administración pública que se habían beneficiado del crecimiento de la construcción, al abismo. Si el que tenía la responsabilidad de los presupuestos fijaba un objetivo de crecimiento x, el resto del sector público autonómico y local hicieron los suyos sobre estas previsiones. Ninguna autoridad económica les advirtió de que sus ingresos provenían de unas circunstancias cíclicas que habían acabado en el año 2006 y de que ajustaran sus gastos a la reducción de ingresos correspondiente. Al contrario, el 28 de noviembre de 2008, cuando su potencial de ingresos especialmente ligados a la construcción, se había reducido al mínimo, se aprobó un plan para salir de la crisis, el Plan E, con una gran financiación que cubría el enorme despilfarro publicitario y electoralista que conllevaba. Yo me imagino que, si fuera alcalde y veo las previsiones de crecimiento tan optimista y que me obligan a hacer inversiones tan superfluas y lujosas como las que se hicieron, no me cabría en la cabeza que estaba en una situación de quiebra.
Lo que no sabía es que mientras teníamos dinero para aceras, barandas metalizadas, campos de fútbol, piscinas y mucho anuncio de Gobierno de España, nuestras empresas estaban cerrando por la falta de crédito para sus renovaciones y el funcionamiento normal de su actividad económica. Siendo esta falta de liquidez del sector empresarial, especialmente de la pequeña y mediana empresa y la morosidad general, lo que amplió los efectos negativos del ajuste del sector de la construcción, expandiendo la catástrofe al resto de la economía que se había mantenido alejada de la burbuja inmobiliaria. Lo mismo pasó con las autonomías que ajustaron sus presupuestos a un planteamiento general totalmente alejado de la realidad. Y las más penalizadas fueron las que tenían una mayor proporción de actividad inmobiliaria.
Y es que el nivel de ingresos de un país depende del éxito de la colocación de sus productos en los mercados. Y la facturación determina el trabajo y la renta de sus habitantes, el grado de satisfacción de sus ciudadanos y la base imponible de los ingresos que financian los servicios públicos. Es, pues, en el grado de competitividad de la economía, donde encontraremos la raíz de la solvencia y la calidad del Estado de Bienestar, como es la renta salarial o empresarial la determinante del nivel de gasto y de vida familiar. Cuanto antes logremos crear un marco legal empresarial homologable (en fiscalidad, recursos financieros, calidad educativa, régimen laboral y productividad, costes energéticos, unificación normativa para la producción nacional?) que nos permita expandir la economía y compensar el descenso de la producción de viviendas, antes saldremos de la crisis, tal como publicamos en nuestro primer artículo ¿Cuándo saldremos de la crisis? (elEconomista 11 de agosto de 2008), hace ya 4 años. Porque si no conseguimos aprobar un sistema legal sobre la empresa, competitivo internacionalmente, estaremos condenando a nuestros hijos a emigrar, para conseguir trabajo en países en que la producción se desarrolla en un marco más atractivo que el que nos negamos a modificar los dedos.
Daniel Iborra Fort, analista de inversiones.
