En estos últimos días, Europa ha sido objeto de una serie de acontecimientos que, aunque desde el punto de vista mediático parecen ser favorables y positivos, sin embargo desde el punto de vista sustancial, con la única excepción del resultado de las elecciones holandesas, pueden presentar graves dificultades tanto para la auténtica construcción política de una Europa unida como para encontrar una vía de salida estable de la crisis depresiva de la economía europea. Me refiero, concretamente, a dos decisiones de suma importancia. La primera es el anuncio por parte del presidente Mario Draghi de la decisión del BCE de comprar en el mercado secundario bonos del Estado con vencimientos de uno a tres años, sin límite pero con determinadas condiciones. La segunda decisión es la del Tribunal Constitucional Federal alemán del 12 de septiembre, de aprobar el fondo salva-Estados, es decir el mecanismo europeo de estabilidad (MEDE).
La primera decisión ha tenido unos efectos positivos contra la especulación, ha reducido el spread y ha supuesto un empuje para la subida de las bolsas europeas. Por otra parte, esta decisión del BCE no ha sido tomada en consideración, pese al inmediato recurso contra ella del Tribunal de Karlsruhe -que se ha comprometido a ocuparse de ella en el futuro dejando de este modo pendiente su validez y constitucionalidad en el ámbito del ordenamiento jurídico alemán-.
El Tribunal alemán ha aprobado el fondo salva-Estados con dos condiciones muy concretas: la primera, que el compromiso de Alemania se limite a 190.000 millones de euros, salvo que se constate un voto explícito del Parlamento (Bundestag) que apruebe su aumento; la segunda es que la cláusula de confidencialidad de los procedimientos del fondo no se aplique al Parlamento. Según recuerda la sentencia, dicha cláusula se introdujo para "evitar un flujo de información a terceros no autorizados como, por ejemplo, los actores del mercado de capitales, pero en ningún caso a los Parlamentos, que son los que tienen la responsabilidad política de asumir los compromisos adquiridos en el Tratado de Estabilidad ante sus ciudadanos, incluso durante la posterior ejecución del propio Tratado".
"La ratificación del Tratado solamente es posible si se confirma su interpretación con la garantía de que el Parlamento alemán recibirá la información completa y necesaria en lo que se refiere a las decisiones para que pueda argumentar una opinión realmente informada". Estas condiciones, según la indicación del Tribunal, deberán ser consideradas obligatorias en el derecho internacional, dado que existe la posibilidad de que los tratados deban ser cambiados en estos términos. Y esto exigirá tiempo, aunque Europa tiene mucha prisa para resolver la crisis, tanto para la puesta en marcha del fondo salva-Estados como para la ejecución de la operatividad de la decisión del BCE.
Democracia y soberanía
Por tanto, la lectura atenta de la lenta decisión se traduce, sustancialmente, en una reivindicativa lección de democracia y de respeto de la soberanía establecida por la Carta Constitucional alemana en la cual, cabe recordar, no pueden modificarse bajo ningún concepto el artículo 1, que contempla la intangibilidad de la dignidad del hombre, la inviolabilidad y la irrevocabilidad de los derechos fundamentales, así como el artículo 20, que impone la exclusiva emanación del poder estatal de la voluntad del pueblo, ejercido por los órganos especiales del poder legislativo, ejecutivo y judicial, en el ámbito de un ordenamiento constitucional que los vincula a todos ellos a un Estado de derecho. Esta cláusula, llamada también cláusula de eternidad, ha sido dictada para evitar que se repita la experiencia de la República de Weimar, que acabó cuando el Parlamento declaró el fin de su existencia bajo la prepotente intimidación hitleriana. Quizá, por el contrario, merezca la pena recordar que la Constitución italiana impone la inmodificabilidad solamente de la forma republicana del Estado (artículo 139).
La retirada alemana de los escudos democráticos frente a la deriva tecnoburocrática europea, calificada por Hans Magnus Enzensberger como "el monstruo de Bruselas", presenta dos aspectos distintos: el primero, peligroso, es que el redescubrimiento de Alemania como Estado-nación deteriore su vocación europeísta y la transforme en el hipotético liderazgo de una "Alemania europea en una Europa alemana". El camino hacia una Europa más integrada que prevea el paso de muchas soberanías actualmente en los poderes de los Estados miembros individuales debe desembocar en una Europa que tenga lo que no tiene, una sólida legitimación democrática, equivalente a la de los Estados miembros actuales; en caso contrario, cualquier petición a Alemania o a otros acreedores de un rescate en perjuicio de los propios contribuyentes de las deudas ajenas continuará siendo considerado como un ejemplo, en esta ocasión europeo, de taxation without representation (tributación sin representación).
El segundo aspecto se refiere a que los Gobiernos adquieran un mayor compromiso ante las derivas populistas provinciales, que sólo se combaten con la observancia de los derechos, en lugar de en la construcción de la Constitución europea, en la cual el filósofo Jürgen Habermas ha identificado el proyecto para la solución de la crisis actual y para la creación de una auténtica federación internacional de Estados que pueda desarrollarse en una comunidad cosmopolita de ciudadanos del mundo. Concretamente él escribió: "Hoy el proceso de unificación europea que fue guiado desde el principio por la población ha llegado a un impasse debido a que no puede ir más allá sin que se modifique un sistema administrativo obsesionado por un envolvente aumento de la participación popular. En lugar de darse cuenta de eso, las élites políticas están escondiendo la cabeza bajo el ala". Por consiguiente, el "pacto por Europa" sólo puede partir hoy de un proyecto constitucional. La aceptación por parte del presidente del Parlamento alemán de la oferta del presidente Draghi de explicar las decisiones del BCE debe ser favorablemente acogida como posible recuperación de la supremacía de la política y, por tanto, como inicio del proyecto constitucional europeo, en el que la inclusión del Banco Central Europeo en un contexto político de unidad democrática y no tan sólo monetaria, será muchos menos discutible y contradictoria.
Guido Rossi, presidente del Consob (órganos regulador del mercado de valores italiano 1981-82).
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