Soy de la opinión de que, aunque todavía no se perciba y tardemos tiempo en hacerlo, la economía ha empezado a responder positivamente a los durísimos ajustes realizados en el sector privado (el sector público es otra cosa y en estos cinco años de crisis ha sido una rémora y un perjuicio). Sin embargo, acepto que la situación económica y los datos disponibles son tan desastrosos que sólo se produce ruido en todos los sentidos y falta análisis y medidas juiciosas. Ocurre en el Gobierno, la oposición y los sindicatos, aunque los registros y frecuencias sean más o menos elevados en unos u otros.
No es de recibo que la oposición, que sabe del daño producido a los ciudadanos por sus políticas, exija, como hizo Rubalcaba -que es de lo más mesurado-, que si se acepta la intervención ésta no implique sufrimiento para los españoles. ¡Oiga!, para sufrimiento el ya infligido por las políticas del PSOE entre 2004 y 2011, con apoyos, aplausos y bendiciones de una ideología corta, estrecha y muy conservadora. No es que hayan dejado vacíos arcas o cajones; es que lo han dejado todo con unas deudas y pagos pendientes por doquier mucho mayores de lo que reflejaban sus cuentas y con una proporción de gastos destinados a derroches, favores, privilegios y desvíos a partidas o desembolsos espurios, cuando no malversados, que hace imposible aducir o simular, como exhiben, desafección, distancia o repudio respecto de la situación en que nos hallamos. Y conste que, en otras instancias de la Administración, el PP también tendría mucho que justificar y de lo que dar cuentas, si este fuese un país con instituciones serias y no captadas por el poder político.
He precisado que la izquierda -y buena parte de la derecha- española promueven y hacen una política conservadora, muy poco progresista, en el sentido de conservar lo existente; no arriesgarse, ni trasmitir tanto el riesgo y la incertidumbre que rodean la vida, en general, como su aceptación, prometiendo siempre a la población protecciones muy en consonancia con sistemas tribales; no aceptar cambios que supongan responsabilidades individuales, trasmitiendo la dilución de las mismas entre el conjunto de la sociedad, lo que produce -las más de las veces- enormes injusticias y desigualdades ante la ley; muchas de sus propuestas se oponen al desarrollo, el crecimiento y el progreso y, desde luego, son contrarias a la libertad individual que, por descontado, no entiendo como libertinaje, desorden o ausencia de responsabilidades.
Ante la situación desastrosa de cuentas públicas, y la consiguiente ausencia de credibilidad y falta de confianza en la parte del sistema económico que se halla total o parcialmente copada por el sector público (la deuda y problemas del sector privado eran enormes al inicio de la crisis pero su evolución en estos últimos cuatro años demuestran que están pagando y reduciendo su cuantía, incluso con las subidas de impuestos soportadas en ese tiempo), sólo cabe hacer dos grandes tipos de reformas y dejarse de perder en discusiones o diatribas sobre rescates -que lo son-, condiciones y exigencias.
La primera es una reforma a fondo de toda la Administración Pública y de su estructura con el objetivo casi único o principal de reducir su dimensión, su cuantía (total y relativa) en la economía y en la sociedad y su intromisión. Hago la precisión porque, por ejemplo, el Estado franquista presumía de no tener un tamaño bruto y relativo muy grande (en torno al 30% del PIB y menos), pero no podía decirse precisamente que no estuviese presente en nuestras vidas y haciendas de forma agobiante. Y en la reforma incluiría desde pensiones, educación, sanidad, prestaciones de desempleo (con un modelo de cartilla o mochila austriaca) o infraestructuras; hasta empresas, organismos o entidades públicas de todo tipo; organización ineficiente del Estado en todos sus niveles, con cambios en su estructura y finanzas; Parlamentos o malas instituciones que dependen del poder político, incluso cuando se dicen independientes.
La otra gran línea, en consonancia con la de la mejora en la independencia y eficiencia de nuestras instituciones oficiales o administrativas, sería una reforma de mercados y sectores -conocidos y enumerados de largo- cuyo único o principal objetivo fuese su liberalización -con una vigilancia de cumplimiento de contratos más rigurosa y eficaz- y el reforzamiento de esos valores (responsabilidad, cumplimiento, aceptación de riesgos e incertidumbres -y por tanto, de beneficios o de pérdidas para todos-, etc.) ya mencionados. Habría de ser una reforma que también incluyera la mejora de la responsabilidad y eficiencia empresariales y la nula dependencia de los favores del Estado, es decir, de los contribuyentes.
Creo que, hace nueve meses, numerosos ciudadanos votaron esas directrices o itinerarios, aun a sabiendas de los sacrificios que entrañaban y su dureza. Tal se esperaba del PP. La trayectoria y rumbo adoptados por el actual Gobierno, incidiendo casi todo en los impuestos y casi nada en el gasto y mostrando insuficiencia, timidez y desorientación en las reformas, es lo que desanima, turba y decepciona a muchos. Al menos De Guindos ha anunciado cambios de inmediato; esperemos que esta vez sean los indicados. Y fíjense en que no he precisado rescate o ayuda alguna, sino voluntad.
Fernando Méndez Ibisate, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
