El intercambio de opiniones sobre la situación de la economía española de la última semana entre responsables nacionales y comunitarios se parece sospechosamente a las lamentaciones de los estudiantes suspendidos en junio que esperan aprobar en septiembre alguna asignatura: señor profesor, no me examine del temario completo, no añada nueva materia, respete las condiciones de las convocatorias anteriores?
La polémica es tan artificial que movería a la sonrisa de no ser ésta la cuestión más seria del año en curso. Porque nuestros problemas no son que se nos fijen nuevas condiciones (hay que imaginar que las del rescate de las cajas y bancos españoles serán las que se aplicaron a las instituciones de otros países cuando recibieron ayudas del Estado), sino que somos incapaces de cumplir las condiciones que nos fueron fijadas con anterioridad.
Pongamos como ejemplo el déficit del Estado, ya conocido en términos de contabilidad nacional y tesorería el dato correspondiente a los siete primeros meses del año. Sin entrar en el Presupuesto de gastos, que manifiesta problemas de comparación por lo elevado de las transferencias hacia las comunidades autónomas, y en menor medida a la Seguridad Social, los ingresos por IRPF han crecido un 2,3%, que, siendo generosos con la homogeneidad y descontando las devoluciones, podría llegar hasta el 2,8%, pero lo presupuestado era un 4,7%. El impuesto de sociedades, la limitación de deducciones y de la libertad de amortización, los límites mínimos para el cálculo de pagos fraccionados, etc., se comportan de forma más coherente con las previsiones presupuestarias.
Pero el descenso del IVA, previsto para el ejercicio en un 3,3%, ha llegado al 9,2%. Y el gravamen especial para las rentas que en función de la amnistía fiscal opten por la repatriación, contabilizado inicialmente en 750 millones de euros, ni siquiera es objeto de comentarios por parte del Gobierno, y permitiría incluso señalar que es la primera vez en la historia más contemporánea de España que al tratamiento fiscal más favorable para la repatriación de los fondos se compagina con la mayor salida de capitales. Los impuestos especiales descienden un 9,2% en vez del calculado 5,9%. Y a este desbarajuste vamos a atender con nuevos incrementos fiscales, que mejorarán la recaudación a corto plazo en la misma medida en que destruyen actividad económica en los próximos trimestres.
Pero hay otros déficits que no van a ser contrarrestados con incrementos impositivos, y, así, las cotizaciones sociales caerán muy por encima de lo previsto, de la misma forma en que las pensiones y los gastos de desempleo crecerán muy por encima de lo contado, en un torpe ejercicio de camuflaje, en el Presupuesto.
Y, como en lugar de reformas consolidadas, acordadas y negociadas, con vocación de permanencia, hemos puesto en marcha medidas de emergencia, las inercias del gasto consumen a la vez recursos económicos y confianza ciudadana. Hasta cuando se adoptan medidas restrictivas, se intenta minimizar sus dimensiones si no negarlas. Las prestaciones del Plan Prepara se están denegando en todas las provincias al 75% de los solicitantes, mientras se vendió la iniciativa como una reordenación de recursos. Pero las prestaciones por desempleo siguen esperando una reforma que permita la existencia de un sistema de protección social que beneficie especialmente a los colectivos más vulnerables, y que sea compatible con los empleos que producen rentas reducidas. La participación de los trabajadores en las mutuas podría generar escenarios más responsables de gestión, pero seguimos prefiriendo que la coyuntura haga nuestro trabajo a lomos del temor. Y la única reforma interesante en materia de formación profesional ha sido planteada por los sindicatos, mientras el Ministerio de Educación, en la mejor tradición de la derecha doctrinaria, se plantea como problemas urgentes la concertación de centros que segregan alumnos y alumnas y acabar con la Educación para la Ciudadanía. En cuanto a las reformas administrativas, generarán un mar de tinta y ningún resultado concreto: si en un artículo anterior decía que el animal doméstico preferido por las personas era el chivo expiatorio, el símbolo zoológico de este Gobierno es sin duda el calamar.
No podemos sin nuevas medidas
En conclusión, las medidas a corto plazo ahorran en pienso pero matan la montura, y, mientras la economía se desangra, se discuten reformas ideológicas de miras tan cortas como sus resultados. El déficit público del Estado y de las comunidades se desviará menos por el penúltimo ajuste, y el déficit del sistema de protección social nos llevará más cerca del 6% final que del objetivo inicial para el conjunto del sector público.
No va a haber nuevas condiciones, no; simplemente no podemos, sin nuevas medidas, cumplir aquellas en las que estábamos emplazados a comienzos del año, cuando ya suavizaron el temario. Y, en una semana en la que la prensa alemana ha apoyado sin fisuras al presidente del Bundesbank en su rechazo a los planes del Banco Central Europeo (qué envidia me da el sentido de Estado, aunque esté equivocado); en la que los pronunciamientos de los partidos del arco parlamentario finlandés y de los partidos de derecha de los Países Bajos van en una dirección contradictoria con nuestros intereses; cuando se acaba de rechazar el Plan de Grecia, y cuando debe pronunciarse el Tribunal Constitucional alemán sobre hasta dónde son admisibles las cesiones de soberanía, que nadie espere mejores noticias que la enésima solución de compromiso, que escucharemos presentar convenientemente emborronada.
Octavio Granado. Secretario de Estado de la Seguridad Social en 2004-2011.
