Desde la asociación fotovoltaica UNEF llevamos tiempo reclamando al Gobierno que afronte con rigor la reforma del sector energético y garantice la seguridad jurídica de las inversiones realizadas. La dilatación en la toma de una decisión y los continuos desvíos de la atención sobre esta compleja reforma no han hecho otra cosa que incrementar el clima de inseguridad jurídica.
Las empresas fotovoltaicas somos los primeros interesados en que el Ejecutivo cierre definitivamente el déficit tarifario por las implicaciones que conlleva de mantenimiento del riesgo regulatorio y de paralización de las inversiones en el sector. Sin embargo, entendemos que ninguna tasa puede ser discriminatoria, gravando de diferente modo el mismo hecho imponible, la generación eléctrica, porque esté producida con distintas tecnologías. Debe salvaguardarse la rentabilidad razonable y tener en cuenta la capacidad de pago. Aplicar un porcentaje del 19% para la fotovoltaica vulnera esos principios, lo convierte en confiscatorio y, sumado al RDL 14/10, condena al sector a la insolvencia.
¿Cuáles son los costes de la medida? Los inversores institucionales, fondos de infraestructuras, compañías de seguros, fondos de pensiones, nacionales e internacionales, han invertido y continúan invirtiendo en energías renovables en nuestro país a rentabilidades bajas y largo plazo. Dado el nivel relativamente bajo de rentabilidad a la que invierten en estos proyectos, un impuesto como el propuesto llevaría a la pérdida potencial de la práctica totalidad de sus inversiones, no sólo de la rentabilidad, sino también de la inversión desembolsada. La consecuencia sería la consideración del Estado de España como una contraparte con poca fiabilidad, lo que nos descalifica como potencial receptor de inversiones futuras, especialmente las relacionadas con sectores regulados (infraestructuras, energía, medio ambiente?) y en el mejor de los casos, una subida exponencial de la rentabilidad exigida a dichas inversiones.
Por otro lado, las entidades financieras verían que gran parte de los préstamos concedidos al sector fotovoltaico, en torno a los 15.000 millones de euros, entrarían en lo que técnicamente se denomina default, es decir, los recursos generados por los proyectos serían inferiores al servicio de la deuda, y por lo tanto podría requerir la aplicación de provisiones específicas, todo esto en un momento crucial para el sector financiero.
Un tercer damnificado sería el grupo de inversores compuesto por pequeños ahorradores, nacionales y extranjeros, que han invertido de forma directa e indirecta en proyectos fotovoltaicos (se estima que hay más de 200.000 familias invertidas en el sector), los cuales no sólo podrían perder la totalidad de la inversión que realizaron, sino que además deberían hacer frente a la financiación del proyecto de manera personal, ya que no generaría suficientes ingresos para afrontar los pagos de deuda comprometidos.
Finalmente, el impuesto discriminatorio con energía solar podría poner en peligro la viabilidad de empresas españolas de primer nivel mundial, tanto en términos de empleo como de tecnología.
¿Cuál sería el beneficio de la medida? Con base en el porcentaje de impuesto que se aplicaría a la energía solar fotovoltaica, el importe a recaudar no superaría en ningún caso el 12% del déficit tarifario del año 2011. Los productores fotovoltaicos son una de las pocas tecnologías que recibe una tarifa fija, por lo cual no podrán repercutir este sobrecoste en la tarifa eléctrica y el recibo de la luz no se vería afectado para los consumidores.
Sin embargo, existen alternativas más eficientes, como la que vendría de la combinación de un impuesto lineal a la generación eléctrica y la aplicación del denominado céntimo verde.
Para cuantificar la comparativa de las alternativas analizadas, un impuesto de un céntimo a las gasolinas equivaldría a un impuestos del 15% sobre las primas de las fotovoltaicas. Pero no es sólo una cuestión cuantitativa; es también una cuestión de proporcionalidad y razonabilidad. Las fuentes más contaminantes, como las gasolinas, contribuirían a financiar en parte las fuentes de energía más ecológicas (viento, sol y agua).
Hay, por último, una consideración de política de seguridad de suministro que se debería, a nuestro entender, tener en cuenta en la decisión. En el sector esperamos que esta reflexión ayude a alcanzar una decisión eficiente, proporcional y razonable en un sector tan crucial para la economía española como es el sector eléctrico.
Pedro Michelena. Miembro de la junta directiva de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF)