Finalmente el Banco de España estrena dientes. Otra cosa es que llegado el momento esté dispuesto a usarlos. Este es un país en el que nos ufanamos con una legislación de escaparate que a menudo pasa a acumular polvo en los rincones de la inoperancia. Y, si no, pregúnteselo al anterior gobernador del Banco de España, el señor Fernández Ordóñez, que anduvo desaparecido primero, mientras crecía ese furúnculo infectado del crédito inmobiliario, y luego, cuando se perpetraba ese asalto de corbata y sonrisa a los ahorros de los clientes a los que se les endosó deuda subordinada y eterna bajo el tramposo título de preferentes. Los dislates del anterior Gobierno nos han partido la boca, y el dentista al que no hemos tenido más remedio que acudir a última hora opera sin anestesia. La troika nos ha impuesto todo un régimen de reformas que se han plasmado en el borrador de un "Real Decreto de Reestructuración y Resolución Ordenada de Entidades de Crédito" que incrementa las competencias del Banco de España y desarrolla la actuación del Frob. Es el resultado de trasladar a nuestra legislación las condiciones que establece el memorando de entendimiento para la concesión de un crédito, por valor de 100.000 millones de euros, que resulta imprescindible para mantener a flote nuestro sistema financiero una vez que el mercado -por intermedio de la prima de riesgo- nos haya dado un sonoro y costoso portazo.
Es de destacar el Título II del referido decreto, por el que se capacita al Banco de España a realizar la llamada "intervención temprana" cuando se detecten problemas de estructura organizativa o control interno en un banco. Y es precisamente esa falta de intervención vigorosa por parte del regulador la que origina los problemas de solvencia y liquidez que tumban primero a los bancos, luego al sector y finalmente a todo un país. El plazo es perentorio; la entidad en la que se detecten estos problemas tendrá un plazo de diez días para presentar un plan de actuación para corregir la situación que, una vez aprobado, deberá ser cumplimentado en el plazo de tres meses.
En cualquier caso, el Banco de España tendrá la capacidad de convocar unilateralmente la junta o asamblea general proponiendo el orden del día y si lo considera necesario imponer el cese de los miembros del consejo de administración o de los directores generales. Y lo que es capital: tanto los consejeros como los administradores "responderán por los daños y perjuicios causados en proporción a su participación y la gravedad de aquellos". Ya era hora de que la gestión negligente y dolosa tuviera otras consecuencias que pensiones e indemnizaciones multimillonarias.
No se puede evitar la reflexión de que, de haberse adoptado medidas similares durante el anterior Gobierno en vez de celebrar reuniones laudatorias con los banqueros -recordemos a Botín y cía.-, nos hubiéramos evitado estos malos tragos. La entonces oposición tampoco está libre de culpa, pero quien gobierna y quien lo hace además desde la autoproclamada superioridad moral de la izquierda poca excusa tiene. Y aquellos polvos traen estos lodos de la "reestructuración y resolución ordenada" pilotada por el Frob pero bajo el mando imperativo y perentorio de Bruselas, el BCE y el Fondo Monetario Internacional.
Cuatro entidades bancarias están ya bajo la tutela del Frob (BFA-Bankia, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, Banco de Valencia), y próximamente un examen en progreso, cuyos resultados conoceremos en septiembre, determinará banco a banco quiénes necesitan incrementar su capital o son directamente inviables. Aquellos que necesiten aumentar su capital y no puedan hacerlo directamente en el mercado podrán recurrir a fondos del Frob si éste considera que el banco es viable. En ese caso el Frob suscribirá acciones u otros instrumentos de recapitalización con un descuento notable sobre su valor nominal, lo que le debería permitir realizar un beneficio, o en el peor de los casos minimizar pérdidas al finalizar el periodo de cinco años cuando obligatoriamente tendrá que realizar la desinversión de su participación. Para los que se establezca que no son viables les espera directamente el desguace.
Ya sea mediante un banco puente que reciba parte de los activos problemáticos escindidos o mediante su traspaso a una entidad de gestión de activos (EGA), más conocida como banco malo, sobre el cual el borrador del decreto nos mantiene deliberadamente en la ignorancia respecto a su operativa y desarrollo. Sólo en el memorando donde Bruselas nos marca las líneas maestras de actuación podemos encontrar un esbozo de su diseño. Los activos perjudicados, ya sean préstamos inmobiliarios o cualquier otro, deberán ser transmitidos a la EGA por su valor estimado de mercado a largo plazo y el banco deberá cristalizar en ese momento las pérdidas correspondientes calculadas como la diferencia entre su valor en libros y el valor atribuido en la transmisión. A cambio recibirá una participación accionarial en la EGA o bonos garantizados por el Estado, por el valor equivalente a su participación, lo que supondría de hecho una recapitalización a cargo de la deuda nacional.
Como siempre, el diablo está en los detalles. El proceso de valoración de esos activos, y la asunción de pérdidas por parte de los inversores en preferentes en que se encuentra atrapado el pequeño ahorrador, constituye el escollo difícil de resolver que ha llevado al Gobierno a retrasar una semana más la aprobación del decreto. Este Ejecutivo tendrá que pagar el precio político de un problema que el anterior Gobierno socialista y su gobernador del Banco de España deliberadamente escogieron ignorar. Una vez más, Bruselas tiene que ponernos firmes al exigir una mayor protección para el consumidor reclamando una mejor regulación que limite la venta de deuda subordinada, preferentes y de cualquier otro producto financiero que no esté cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos y que esté destinada al pequeño ahorrador. Y es que la falta de voluntad política en la protección del ahorro ciudadano y la connivencia con la banca por parte del regulador ha dejado a muchos con la boca sangrando y desdentados.
Ignacio Nart, analista financiero.
