Diseñar un banco malo no es fácil. Debe servir para limpiar los balances de activos tóxicos, minimizar el coste para el contribuyente y limitar el riesgo moral. No sólo afronta objetivos que pueden llegar a ser contradictorios entre sí, sino que además se opone a la resistencia de gran parte de la banca tradicional. Una de las variables que permite conjugar el frágil equilibrio entre todo ello es el precio de adquisición de los activos.
Lo normal es que no exista liquidez para ellos, por lo que el precio de mercado no existe; un activo que no es vendible tiene valor nulo. Asignarle una tasación por encima de cero implica un ejercicio de suposiciones sobre flujos futuros y tasas de descuento a menudo sesgado por elementos subjetivos. Acaba siendo una cifra arbitraria. Así se abandona la noción de precio real en favor de la de una valoración que permita, en teoría, alcanzar el equilibrio óptimo para favorecer todos los objetivos. Pero ese punto es elusivo en tanto que la subjetividad de la evaluación ofrece margen para fijarla en favor de unos u otros de los agentes que intervienen.
Forzar el precio a la baja aporta muchas ventajas. Asegura que los accionistas serán los primeros en sufrir pérdidas reduciendo el riesgo moral, rebaja el coste de la valoración que suele ser elevado y mejora la transparencia. Además, ayuda a la depuración de precios en el sector inmobiliario, cuyo mantenimiento artificial por encima del equilibrio constituye uno de los principales lastres de nuestra economía. Lo más importante para el contribuyente es que la venta posterior de los activos tiene más posibilidades de realizar beneficios. Una de las cualidades más atractivas es que mantiene al mínimo el capital requerido por el banco malo, liberando así, en nuestro caso, gran parte de los fondos de rescate para otros usos.
Pero también existen razones para un precio elevado. Evita la descapitalización de las entidades, lo que evitaría nuevas intervenciones del Gobierno que llevarían, de todos modos, el coste al contribuyente. Y es que esa parte del rescate que no se hubiera consumido si los precios fueran bajos tendría que ir a recapitalizar bancos intervenidos, con el riesgo de superar la cuantía del préstamo europeo, lo que resultaría demoledor para los mercados. Una segunda ventaja de tasaciones al alza se basa en que pueden ser favorables para la evolución macroeconómica, en tanto que liberarían capital bancario para restablecer el crédito a los sectores productivos.
En cualquier caso, es difícil fijar el óptimo para servir a todos los objetivos. Si se favorece a alguno se perjudica a otros, en un conflicto de intereses en gran parte responsable de los continuos retrasos en la creación del banco malo. La solución por la que se ha optado es la contratación de equipos de expertos que toman cada vez más tiempo para buscar un precio perfecto que acabará siendo resultado del equilibrio de poder y no de una elección racional por el interés común. Hay otras alternativas más eficientes.
Es probable que los activos se paguen con deuda pública que a su vez se contabilice en las carteras a vencimiento. Eso no exige desembolso inmediato de caja, permite a las entidades descontarlos para obtener liquidez y libera capital para conceder préstamos. Pero tampoco soluciona el problema fundamental del precio. Una solución posible, quizá ni la única ni la mejor, es la que se planteó en Alemania hace unos años: pagar con bonos de vencimiento variable. El reembolso de los mismos estaría ligado al momento y la cuantía de venta de los activos. Así, el banco que recibe el bono asumiría las pérdidas reales.
Esto reduciría mucho el coste para el contribuyente y, más importante, eliminaría el problema de valoración que bloquea el proceso. Incluso sería posible entregar un bono por el valor en libros del activo -o al nominal si ese activo es una deuda-, con la seguridad de que después las pérdidas se reconocerían. Pero, mientras tanto, la entidad podría descontar toda esa cantidad en el banco central obteniendo liquidez. No es una solución perfecta y requiere un diseño cuidadoso, pero ilustra cómo existen posibilidades para soslayar el bloqueo resultante del proceso de valoración.
Aun así, se han dado pasos en la dirección adecuada. Los decretos de reconocimiento obligatorio de pérdidas han rebajado la valoración, mientras que el Frob ha intervenido entidades, y es posible que se apruebe de inmediato la posibilidad de liquidación. Por eso, es triste que el proceso siga bloqueado por intereses divergentes. Las consecuencias de la inacción son graves, puesto que se perpetúa el problema en un contexto en el que el margen para más ayuda ya no existe.
Alberto Matellán, director de Estrategia y Macroeconomía en Inverseguros.
