El barómetro de julio del CIS sitúa la percepción de los españoles sobre la política en uno de los puntos más bajos de toda la serie histórica. A pesar de que sólo un 3,7 por ciento de los encuestados consideran que el funcionamiento de los partidos políticos les afecta personalmente, de forma agregada la clase política y los partidos son el tercer problema de los percibidos por los ciudadanos, muy por delante de la sanidad o la educación, y sólo por debajo del paro y la situación económica.
No es demasiado extraña esta percepción. De la misma forma que el Premio Nobel de Economía Amartya Sen entiende que la democracia -comprendida como movilización colectiva- es el mejor antídoto contra el hambre y la miseria extrema, los ciudadanos identifican la democracia con bienestar. Cuando el bienestar y las oportunidades crecen, los políticos se atribuyen el mérito, y cuando disminuyen despejan su responsabilidad, con lo que los ciudadanos se consideran ofendidos y estafados.
Los cristianos que crearon el Oxford Group, base del movimiento de Alcohólicos Anónimos, comenzaban sus reuniones con una oración en la que pedían coraje para cambiar las cosas que podían cambiarse, fortaleza para aceptar las que no eran susceptibles de cambio e inteligencia para distinguir unas de las otras.
No sería ésta una mala hoja de ruta ni para un gobernante ni para la ciudadanía, pero para la política con letra pequeña, entendida como una forma de mercadotecnia, no hay distinción entre lo que es directa consecuencia del ciclo económico y lo que es fruto de las decisiones gubernativas.
Tenemos de la política gubernativa una percepción de omnipotencia, alimentada por la falta de autocrítica y el exceso de promesas imposibles. Y los políticos, al contrario de las corporaciones profesionales, no tienen una autoestima colectiva que limite la competencia: el colega es en todos los campos un adversario que es necesario destruir para progresar.
En este sentido, la valoración de resultados pobres en momentos difíciles hace que la mayor parte de los ciudadanos valoren como ineficiente la gestión política, y esta desafección puede ser la base sobre la que se asienten movimientos autoritarios, populistas o xenófobos. Urge una recuperación del prestigio colectivo, sobre la base de la ponderación en las relaciones entre partidos, y del prestigio social, en lugar de la fidelidad partidista, como mecanismo de selección de los cargos públicos. La ausencia de este prestigio en la sociedad civil entre muchos dirigentes políticos españoles es tan llamativa como la escasa trayectoria intelectual, y al final se genera la sensación de que no hay valor añadido en la elección. Y, si da lo mismo quien esté, cuanto menos sean y menos cobren, mejor.
Una realidad desconocida
En España, de los centenares de empleados del sector público mejor pagados, los políticos son sólo unas escasas decenas. Los controladores aéreos, facultativos con varios trabajos, y hasta trabajadores del sector portuario ganan más que muchas personas cuya responsabilidad en la administración de los ingresos públicos es altísima. Y esta realidad es tan desconocida como excepcional en los países de la OCDE. La selección negativa se convierte así en un elemento de causa-consecuencia de esta pésima valoración, de la que se nutren y surgen una multiplicidad de rumores falsos, como retribuciones vitalicias o pensiones que desbordan los límites legales.
Pero este acuerdo parece lejano, aunque en este momento sería muy conveniente para mantener la cohesión social. El actual Gobierno ha modificado con un régimen de incompatibilidades propio, estricto y razonable las indemnizaciones de cesantía de los altos cargos. Pero estas indemnizaciones son unas decenas, y las actuales se extinguirán el próximo año. Aplicar el mismo régimen a las situaciones de cobro de distintas percepciones sería la base para este acuerdo general, porque afectaría por igual a todos los grupos partidarios sin dar una sensación de mezquino ajuste de cuentas. Reflexionar sin demagogia sobre las situaciones nos llevaría probablemente a la conclusión de que los ministros no deben cobrar dietas por sus desplazamientos como diputados, cuando estos desplazamientos se realizan y abonan con medios oficiales.
Los miembros de los Gobiernos autonómicos están en la misma situación en relación con sus Parlamentos, y alcaldes y presidentes de diputación, como concejales y diputados en régimen de dedicación exclusiva, en relación con las otras instituciones. Una sola retribución, adecuada y transparente, y una valoración ponderada de lo que puede conseguirse en la gestión pública permitirían que este país se liberara de sus demonios familiares en relación con la política, vengan del franquismo o del anarquismo que subyace en el inconsciente colectivo.
Octavio Granado. Secretario de Estado de la Seguridad Social en 2004-2011.
