La cuantía del endeudamiento del conjunto del sector público, junto con el desconocimiento de la situación de algunas Administraciones Públicas (AAPP), la dificultad del acceso al crédito, el impacto de la dureza de los rescates de los países de la UE más afectados, el riesgo de que otros siguieran por la misma senda, la información cambiante e imprecisa y, en suma, las secuelas del conjunto, han asustado tanto a las personas endeudadas como a las que temían por sus ahorros. Se ha frenado el crecimiento, sacudido a la banca, aumentado las necesidades de financiación del sector público, que ha absorbido los recursos recurrentes y propiciado la salida de capitales.
En una situación como la actual, cada medida que debe adoptarse es urgente, pero las reticencias de alguna parte la demora. Sin embargo, la presión de las circunstancias y la necesidad ayudan a mejorar las decisiones. Un ejemplo es la decisión del Tesoro de incluir las necesidades de financiación de las comunidades autónomas (CCAA). Esa posibilidad está condicionada, de modo que la reasignación de esos recursos no podrá ser arbitraria, lo que se logrará, aunque subsistan dudas respecto al uso de otros recursos que sean liberados por los nuevos. La capacidad de la Administración central para obtener recursos con menor coste redunda en beneficio de las CCAA, si bien el aumento agregado de la petición puede redundar en aumento del tipo que se le exija.
Al margen de las mejoras que aportan decisiones como la expuesta, lo verdaderamente importante es que las AAPP se financien con los ingresos tributarios, que es el método más claro y el menos oneroso para los contribuyentes. La posibilidad de llegar a esta situación requiere una Administración acorde a los tiempos, esto es, que pueda beneficiarse de las facilidades de comunicación para agruparlas y facilitar las gestiones de los ciudadanos, de modo que no deban personarse para cualquier gestión. Pero, además de esto, también debe velar por los derechos del Estado. Por eso conviene que los ingresos de las AAPP, en la medida de lo posible, estén disponibles con rapidez y no como ocurre con las subastas de bienes decomisados, que se deterioran con las demoras. El derecho del Estado sobre los bienes abintestato (cuando el titular fallece sin herederos) debería ejercerse con dilación. En la redacción del Real Decreto Ley de 13 de enero de 1928, la tercera parte de los bienes heredados, por esta vía, "? se destinará a la Caja de Amortización de la Deuda Pública?".
Hay contribuyentes que pagan sus obligaciones fiscales a lo largo de varios trimestres. Si alguien quiere anticipar pagos futuros, se le facilita con un descuento igual al interés que daría el banco en esos plazos. El Gobierno se beneficia del anticipo y el contribuyente no paga por el ingreso, pues no lo ha percibido. Es obvio que en la cultura española actual es poco viable, pero no imposible.
Las AAPP y los ayuntamientos deberían reducir parte de sus gastos discutibles, como pueden ser financiación de asociaciones, emisoras de radio y televisión, fundaciones y entes variados pero, sobre todo, empresas, ya sean controladas al 100% o las compartidas con otras AAPP o empresas privadas. Estas actividades, que son caras, poco transparentes y menos eficientes que las privadas, propician áreas de sombra y absorben crédito que, en última instancia, recae sobre las AAPP.
La deuda pública española, según datos de Eurostat, medida en porcentaje del PIB, asciende al 72,1% de éste. Está por de debajo de la media que, en la UE-27 es el 84,4 por ciento de cada PIB. Parece buena posición, con 13 países por encima y 14 por detrás, pero el coste no se guía exclusivamente por este indicador, sino que también considera la trayectoria de la misma deuda, la del PIB, déficit exterior, tasa de paro? entre muchos otros. Los países nórdicos y los provenientes del este, excepto Hungría, están por debajo de España. Por encima están los tres países intervenidos, más Italia, Bélgica, Francia y el Reino Unido. Las diferencias van desde un máximo del 132,9% de Grecia hasta el mínimo del 6,6% de Estonia. Lo más relevante reside en que la financiación de las AAPP absorbe la financiación que necesitan las empresas y familias, que son las que generan los recursos para consumo, contratación y pago de los impuestos que, si suben, frenan el empleo y el crecimiento.
Joaquín Trigo, director general del Instituto de Estudios Económicos.
