Por mucho que el autor de estas líneas intenta que sus comentarios lleguen al día de su publicación con rasgos de actualidad, he de admitir que su frenético ritmo hace casi una eternidad del espacio temporal de una semana. Desde que comenté el fracaso de la cumbre europea, los acontecimientos se han precipitado de tal manera que ya estamos en una situación cuantitativa y cualitativa diferente y mucho más grave. Las medidas que el Gobierno ha tomado son graves, injustas y sobre todo inútiles, a la luz del fin al que pretendidamente se deben.
Que son graves e injustas salta a la vista, y que además son inútiles lo corrobora el asumido decrecimiento de la economía, que conllevará más déficit y vuelta a empezar. Lo de la salida del túnel o lo de la creación de empleo no son ya más que estúpidas palabras, carentes de seriedad y sentido común. En septiembre, mes antes o mes después, España será intervenida y ya dependeremos directamente de la troika.
El camino que ha conducido a este desastre está jalonado de conculcaciones de la Constitución, de atracos al derecho y de mentiras. El país, como conjunto de ciudadanos que lo mantiene como realidad cohesionada, está en trance de desaparecer como consecuencia de que las futuras generaciones carecen de porvenir, horizonte o siquiera un resquicio de esperanza laboral. La muerte está anunciada.
Lo saben y, sin embargo, siguen obsesionados con unos dogmas económicos que, además de defender los intereses de una minoría, se ven desmentidos por la realidad cotidiana. Cuando se llega a una situación como ésta, en la que los intereses supremos del país (es decir de su pueblo) se someten a los intereses de una entelequia de moneda única o, mejor, a los de la banca alemana, el Gobierno que tal cosa hace debe ser -en puridad- acusado de alta traición a su patria. El contrato que la Constitución establece entre los poderes del Estado y la ciudadanía ha sido unilateralmente roto por el llamado Gobierno de España.
Julio Anguita, ex coordinador general de IU.
