Un principio fundamental del razonamiento científico empírico establece que la simultaneidad de dos hechos o acontecimientos no implica ni supone necesariamente causalidad entre ambos, y ello sin entrar en el consiguiente problema de la dirección causal. No obstante, muchos caen seducidos por los cantos de sirena de lo cómodo o fácil en el análisis y cometen el doble error señalado. Sin ser una argucia exclusiva de la economía, ésta la padece con frecuencia.
Así, contemplamos con credulidad o aprobación la tenaz explicación de que los excesos de las entidades financieras causaron la crisis, sin reflexionar sobre qué causó tal comportamiento excesivo tanto respecto de la oferta y manejo de fondos prestables como de la creación de instrumentos y activos financieros de todo pelaje; qué animó los excesos de los demandantes de crédito -familias y empresas- o qué distorsionó sobremanera los planes de gasto futuro e inversión, hasta el punto de inflar algunos sectores, como la construcción, a la que también se fija como culpable. Pocos señalan a las autoridades monetarias de gran parte del mundo y a los dirigentes que las controlaban. Y, por cierto, en nuestro caso, justo la parte del sistema financiero que nos ha colocado en serias dificultades ha tenido relación, durante décadas, con los políticos y organizaciones afines o buscadoras de protección administrativa.
Otra falacia aceptada de modo general es que en España y Europa se han producido enormes recortes o ajustes de los gastos públicos en nombre de la austeridad. Ciertamente, si miramos la foto fija de las tímidas (respecto de lo que es preciso) y mal prescritas medidas de recorte del gasto en los recién aprobados Presupuestos Generales del Estado, puede tenerse la sensación de que, aquí o en Europa, se impone la tan cacareada austeridad. Pero si contemplamos lo sucedido desde el inicio de la crisis, en absoluto puede decirse con los datos disponibles que autoridades y políticos estén apostando por la misma, ya que en 2011 el nivel de nuestro gasto público fue un 13% superior al de 2007 incrementándose el mismo entre ambos años 4,4 puntos porcentuales del PIB.
¿Quiénes sufren la austeridad?
Los datos de déficit en términos de Contabilidad Nacional hasta el pasado mes de mayo, facilitados por la Intervención General del Estado, también rompen el argumento de que nuestros problemas vienen por el hundimiento de los ingresos públicos (impuestos), tan utilizado por amigos del Gran Hermano orwelliano. Si comparamos con las cifras de mayo de 2011, ciertamente los ingresos han caído un 4%, pero los gastos han crecido un 11,6% en tasa interanual. Lo que arroja un aumento del déficit del Estado de un 30,5%, nada menos. Si comparamos con 2007, los ingresos fiscales se han reducido un 35% para el Gobierno central, a pesar de las subidas de impuestos, en tanto que los gastos han crecido un 25%. Y si tomamos como referencia 2004, los ingresos apenas han caído un 6,6% pero el gasto es un 52,4% mayor. En cualquier caso, el Estado sigue gastando muchísimo más de lo que ingresa y, mientras en los últimos cuatro años el sector privado ha reducido de manera significativa (en torno al 20%) su endeudamiento y apalancamiento (relación entre capital propio y crédito), el sector público lo incrementa, lejos de reducirlo, en cifra similar. ¿Dónde está la austeridad y quienes la sufren? Los políticos, no parece.
Quienes defienden, como Stiglitz, que la austeridad no sólo no conduce al crecimiento sino que puede llevar a las economías al colapso, igual que quienes propugnan o aplauden planes públicos de apoyo al crecimiento -es decir, de expansión de gasto público-, como el Plan E o los 130.000 millones de euros aprobados por la UE, incurren en una doble falacia. De un lado, equiparan confusamente el crecimiento económico que es fruto del ahorro y acumulación previos, de las reformas y la adaptación libre y competitiva de las instituciones y las estructuras productivas y comerciales a los requerimientos de los demandantes, con el falso crecimiento, cortoplacista y distorsionador, basado en el gasto y el endeudamiento sobredimensionados con políticas monetarias así como en decisiones administrativas sobre qué debe producirse y en qué debe invertirse. Pero, además, no perciben que, desde una perspectiva histórica del desarrollo económico, primero es el crecimiento y la generación de riqueza y luego viene la intervención supuestamente protectora (el aumento) del Estado y no al revés. Siguen creyendo que es más Estado, más políticos, más poder, lo que produce o proporciona más riqueza.
Fernando Méndez Ibisate, Universidad Complutense de Madrid.
