Parece que los acontecimientos económicos retoman su rumbo y que, con cierto tiempo que no querían otorgar muchos inversores, diversos políticos y algunos medios de comunicación, se vuelve a cifras que, aun mostrando serios problemas y dificultades, van incorporando algunos giros de política adoptados en los primeros seis meses de gobierno de Rajoy. Desde luego, no todo está hecho y se puede hacer no sólo mucho más, sino de otra forma y mejor.
Aunque el término rescate, y lo que ello pretende significar sobre el actual Gobierno, ha triunfado, ni el Estado, ni la Administración Pública, ni el Tesoro o las cuentas públicas han sido rescatados, al menos de momento. Tampoco ahora hemos sido intervenidos o controlados, ya que lo estamos desde la primavera de 2010 -y, de nuevo, en verano de 2011-, fechas en que el anterior Ejecutivo adoptó, mal y de forma incompleta, medidas impuestas que, aunque necesarias, no quería asumir por razones obvias.
Conocemos ya las cuantías máximas de necesidad de recapitalización del sistema financiero, es decir, los activos en balances que no cuentan como tales o peligran, aún más en caso de agravamiento de la actual situación de crisis, y no difieren mucho de lo esperado: entre 51.000 y 62.000 millones en el escenario adverso y alrededor de 25.000 millones en el escenario base. Tenemos la aportación del Eurogrupo que, claro está, impondrá condiciones para asegurarse de que, primero, sus fondos se usan correctamente y para su propósito, con eficiencia (desde luego no manteniendo políticos en los consejos) y que serán devueltos; y, segundo, que -como tal crédito afecta a nuestra consolidación fiscal, dado el mecanismo de aportación y uso utilizado mediante el Feef (o EFSF, en inglés), Mede (o ESM, en inglés) y Frob- España cumplirá con las obligaciones adquiridas por su pertenencia al euro.
Podrían haberse utilizado otras alternativas. Por ejemplo, una vía diferente de préstamo que, en lugar de pasar por el Estado como garante o avalista, hubiese ido directamente a los bancos a través del BCE, que no puede financiar organismos ni instituciones públicas, aunque este hubiese impuesto establecer un directorio en nuestro sistema financiero. Lo que no está exento de dificultades y problemas muy diversos.
Podría no rescatarse en absoluto a la banca, en este momento con consecuencias nefastas, dado lo que se ha dejado extender y profundizar el problema, o al menos reducir y racionalizar el rescate a un número más limitado de entidades, con liquidación de algunas que no debieran haberse rescatado. Lo que, tal vez, también deberá aplicarse.
Incluso con el esquema y vía aprobados, todavía pueden relajarse por parte de la UE las exigencias presupuestarias y fiscales a los países con dificultades, cosa que se hará en parte, lamentablemente, poniendo en peligro precisamente la estabilidad del euro. Pero, sobre todo, lo que España debe hacer con urgencia es una reforma fiscal y presupuestaria que, de un lado y a diferencia de lo hecho hasta ahora, limite sustancialmente el gasto público total a una cifra por debajo del 30 por ciento del PIB, obligando el ajuste al sector público y no al privado (vía impuestos), y, de otro, simplifique, racionalice, dé transparencia y reduzca (al revés de la subida acometida) los impuestos, de forma que se ajusten obligatoriamente y sin trampas ingresos y gastos.
Ni ayudas, ni líneas de crédito, fondos de rescate o inyecciones de liquidez sacarán a los países de sus dificultades. Apenas suponen alivios precarios que permiten ganar algo de tiempo, pero que no abordan las reformas y cambios precisos para resolver las causas que, en cada caso, han conducido a una situación de hundimiento. Por ello, debemos seguir profundizando en reformas que doten de flexibilidad y eficiencia a nuestras instituciones y a nuestra economía: mejorar nuestro mercado laboral, que se ha quedado a medias; nuestro sistema financiero; el mercado y los costes energéticos; reducir la intervención, protección o concentración de los sectores económicos; liberalizar la comercialización y distribución de bienes y servicios, reducir la presencia del poder y de las autoridades en nuestros acuerdos y contratos a términos de vigilancia y cumplimiento... y, en definitiva, cambiar esa mentalidad, esa tendencia general, sobre todo de los empresarios, de que para salir adelante es precisa la tutela e intervención de la Administración Pública o de los políticos de toda índole. Del plan de 120.000 millones para crecimiento, les hablaré otro día.
Fernando Méndez Ibisate, Universidad Complutense de Madrid.
