El equilibrio presupuestario es necesario para lograr un crecimiento sostenido. Para conseguir dicho equilibrio, "nuestro cuidado principal debe consistir -como nos advierte el jesuita Juan de Mariana (1536-1624)- en que estén nivelados los gastos con los ingresos y haya congruencia entre el fundamento de los impuestos y las necesidades a que se atiende, a fin de que el Estado no se vea envuelto en mayores males si las obligaciones exceden a las rentas.
Si los gastos de la Corona -esto es, el Estado- llegan a ser mucho mayores que los tributos, el mal será inevitable, habrá todos los días la necesidad de imponer nuevos tributos y se harán sordos los ciudadanos y se exasperarán los ánimos" (Juan de Mariana, De rege et regis institutione, [1599] edición de 1981, III, VII, pág. 333).
Pero las enseñanzas del jesuita toledano son de rabiosa actualidad. Nos advierte que "debe procurar el príncipe -léase Gobierno-, una vez eliminados los gastos superfluos -luego hablaremos del disparatado volumen de gastos superfluos que nos abruman sin que se vea la menor voluntad de eliminarlos-, que se moderen los tributos y, como aconsejan todos los hombres que desean conservar su hacienda -continúa el padre Mariana-, debe esforzarse -el Gobierno- para que, si no pueden ser menores los gastos públicos, no sean mayores que las rentas reales -ingresos-, a fin de no verse obligado a hacer empréstitos que consumen las fuerzas del imperio en pagar intereses que crecen de día en día -la prima de riesgo-" (ibídem, pág. 332).
Pero vayamos a los gastos superfluos. Se nos había dicho que existen 4.000 entidades, entre organismos autónomos y empresas públicas, dependientes del Estado. El Gobierno actual nos prometió poner orden en esa jungla de clientelismo, pero, ¡ay!, no contaba con que gran parte de tales organismos superfluos proporcionan prebendas a los suyos. Eliminaron en torno a 40, y quedan vivitos y coleando cerca de 3.960. Pero ¿qué decir de los organismos multiplicados por 17 de las comunidades autónomas? Consejos económicos sociales, tribunales de la competencia, tribunales de cuentas, defensores del pueblo y un largo etcétera. Otro tanto podemos decir del tenebroso mundo de las subvenciones.
A partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales -reliquias estos últimos del corporativismo vertical-; incluso las que vienen de Europa, esto es, de la PAC, cuyos destinatarios, tal vez por la paz que les proporcionan los ingresos no ganados, denominan la PAZ. Pero el populismo de los dirigentes les lleva a los recortes fáciles, en los salarios de médicos, profesores y funcionarios en general, con repercusión especial en educación y sanidad y con el peligro de que se resienta la cohesión social. Y, lo que es más grave, recortes en investigación, una de las bases, junto con el acopio de capital humano, del crecimiento económico.
Ahora bien, para sentar las bases del crecimiento económico y devolver la confianza no sólo a los mercados, sino también a nuestros socios comunitarios, además de los equilibrios macroeconómicos es necesario restablecer un marco institucional bastante deteriorado. Uno de los problemas más graves y del que se hacen eco nuestros socios de la UE es nuestra disparatada organización estatal, que junto con el deterioro de nuestro sistema financiero -como consecuencia de una pésima gestión de la mayoría de las cajas de ahorros, y en menor medida por haber vivido por encima de nuestras posibilidades- es la causa de la falta de confianza en nuestra economía. El Gobierno debe solucionar ya el saneamiento del sistema financiero, pero también debiera abordar de una vez por todas los problemas de la organización del Estado. A las otras instituciones claves para el buen funcionamiento de la economía y para incentivar el crecimiento económico dedicaremos las próximas columnas.
Victoriano Martín, Catedrático de Historia del Pensamiento Económico. Universidad Rey Juan Carlos.
