Llámese como se quiera, no tengo mayor problema. Pero el mecanismo puesto en marcha para financiar la reforma bancaria española no es similar a lo ya visto en Grecia, Portugal o Irlanda. No es un rescate y, sobre todo, no lo es en el sentido que muchos le quieren dar con la finalidad de derribar, por medio del descrédito, un Gobierno que todavía no lleva seis meses funcionando. Los medios de comunicación que así actúan sabrán lo que hacen y su papel en democracia. Pero lo que es inadmisible y hasta soez para la inteligencia de los ciudadanos es que los principales causantes de que la situación de nuestro sistema financiero se degradase y emponzoñase, tanto en extensión como en intensidad, hasta los niveles actualmente conocidos sean los que arremeten para apartar a un Ejecutivo que, aun con errores, trata de enfrentarse con la realidad, de no ocultar la gravedad de la situación y que se dispone a resolver el problema y poner en orden esa parte esencial de la economía.
Porque no es en cinco meses, sino más bien a lo largo de ocho años -o más- y juzgando que es el mejor y un ejemplo para el resto del mundo, como el deterioro de nuestro sistema financiero alcanza el grado y las cotas presentes. Y, con todo, si nos atenemos al informe del FMI, no resulta catastrófico pues afecta al 30% del mismo, quedando suficientemente cubierto el resto, incluso del peor escenario posible contemplado. La decisión del Eurogrupo no es un rescate, porque no hay una intervención de las cuentas públicas, ni Bruselas ha fijado los cambios en gastos o impuestos que deben hacerse en tal ámbito. Tampoco se han intervenido la Seguridad Social, ni se ha determinado una reforma en pensiones o sanidad. Ni siquiera se ha intervenido la estructura productiva. Otra cosa es que este Gobierno -no otro- haya emprendido ya con anterioridad reformas, el logro presentado por Rajoy ante sus socios europeos para evitar algo siquiera parecido a lo acontecido en Grecia, Portugal o Irlanda.
Con independencia de los problemas del sistema financiero, tales reformas deben profundizarse y ampliarse -he insistido en que muchas han sido timoratas y otras, como reducir la ocupación realizada por los políticos en ámbitos particulares y sociales, apenas se han iniciado porque son exigencias de nuestra pertenencia al euro y la UE. Lo mismo les pasa al resto de socios.
Si acaso, alguien dirá que se parece a lo de Irlanda. Pero ni siquiera. La prueba es que el Gobierno irlandés ha pedido para sí la aplicación retroactiva de las condiciones otorgadas por Bruselas a España. Y es que, siendo cierto que allí el sistema financiero quebró por completo -no un tercio-, lo que hizo el Gobierno fue absorber todo el agujero nacionalizando la banca; aseguró a los depositantes y tenedores de bonos y cierto tipo de deuda y, a cambio, transformó todo ese aval o préstamo en deuda pública y déficit que se aceleraron espectacularmente, convirtiéndolo en un problema de deuda soberana. Ahí vino el rescate.
La acción del Eurogrupo ha sido abrir una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros -el Gobierno español podrá usarla por completo o no-, con fondos del FEEF (temporal) y del MEDE (permanente), destinada exclusivamente a recapitalizar, sanear y reestructurar el sistema financiero, en aquella parte dañada o insolvente. Por supuesto, a cambio quieren asegurarse de que se hace un uso adecuado, correcto y eficiente de esos fondos. Sigo sin ver por qué el BCE se ha puesto de perfil y no ha sido la institución encargada de facilitar esos fondos para parte del sistema que se supone regula y administra, máxime cuando ha estado prestando indirectamente a los Gobiernos a través de barras de liquidez y facilidades de crédito puestas a disposición de la banca europea. Puesto que técnica o legalmente no tiene problemas en abrir créditos a la banca (incluso con las garantías o vigilancias necesarias), la única razón que encuentro es que no sólo es el sistema financiero español quien pasa por dificultades, y, en tal caso, las exigencias para la autoridad monetaria europea podrían ser abrumadoras.
El uso del crédito concedido por el Eurogrupo se canalizará a través del Frob que, tal como está instituido, se transformará en emisión de deuda pública. Eso sitúa en mayores dificultades las cuentas públicas que, a lo largo del tiempo, deberán atender una adición de la deuda hasta un 10% del PIB. Y, dependiendo de cómo actúe el Gobierno, cuáles sean sus mecanismos de absorción del impacto o de si tiene éxito y logra beneficios de la operación final de saneamiento y venta de las entidades, puede afectar al bolsillo del contribuyente más o menos. Por eso es preciso que se reduzca el tamaño de las Administraciones Públicas -el gasto- y no se cargue a impuestos.
Fernando Méndez Ibisate, Universidad Complutense de Madrid.
