El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, máxima autoridad provisional de Egipto, anunció el pasado jueves que no renovará la Ley de Emergencia, en vigor desde el asesinato del presidente Anwar el Sadat en 1981. La Junta Militar cumple finalmente su compromiso de derogar esta norma, una de las principales reivindicaciones de la revolución. Aunque iba a ser suspendida en enero pasado, la junta se había limitado a reducir su aplicación a algunos casos.
La organización Human Rights Watch ha exigido a las autoridades que liberen a 188 personas que siguen detenidas bajo el estado de emergencia. Su representante en Egipto solicitó a los diputados tomar medidas para terminar con todas las prácticas relacionadas con los juicios llevados a cabo por los llamados Tribunales de la Seguridad Estatal.
La Ley de Emergencia se ha venido manteniendo para suspender las libertades de prensa y asociación, ampliar los poderes de los órganos de seguridad y anular los derechos civiles y políticos con la excusa de la lucha contra el terrorismo.
El sábado pasado, si no lo retrasa el juez, la justicia egipcia esperaba dar a conocer el veredicto en el juicio de Hosni Mubarak para quien el fiscal pide la pena de muerte. El ex presidente está acusado de corrupción y estar involucrado en la muerte de unos 800 manifestantes durante las movilizaciones. También se le acusa de corrupción cuando se realizó una venta de gas natural egipcio a Israel -supuestamente a un precio inferior al del mercado -, así como por aceptar sobornos. Su ex ministro del Interior, Habib el Adli, y seis altos responsables de los servicios de seguridad, son juzgados por los mismos motivos. Los hijos del ex mandatario, Alaa y Gamal, juzgados igualmente por corrupción, deberán enfrentarse a nuevos cargos, esta vez por manipular la bolsa egipcia para enriquecerse.
Este trascendental juicio viene a complicar aun más la ya compleja transición egipcia tras la primera vuelta de la elección presidencial.
El islamista Mohamed Mursi y el ex primer ministro, Ahmed Shafiq, han sido los candidatos más votados en la primera vuelta. A partir de ahora será determinante su capacidad para movilizar el apoyo de los tres derrotados: el naserista Hamdin Sabahi -esperanza de los revolucionarios laicos- tercero a solo cuatro puntos del vencedor islamista; y los moderados Abdel Moneim Abul Futuh y Amr Musa, cuarto y quinto respectivamente.
Tanto los seguidores de Abul Futuh como el partido salafista Al-Nur apoyarán a Mursi. También los Socialistas Revolucionarios, aunque con condiciones como la de designar un primer ministro que no pertenezca a los Hermanos Musulmanes. Para ganarse a los votantes de Sabahi y Musa, Mursi intenta tranquilizar a los jóvenes revolucionarios prometiendo crear un gobierno con una amplia coalición y proteger el derecho a organizar manifestaciones pacíficas. Pero muchos de ellos se encuentran ante un dilema y piensan boicotear la segunda vuelta al considerar que no pueden votar por ninguno de los dos candidatos.
Mursi modera asimismo su discurso para atraerse el voto de las mujeres que "gozarán de todos los derechos en empleo y educación y tienen el derecho de escoger libremente la vestimenta que deseen". Asegura a los coptos que "los cristianos estarán representados como asesores de la presidencia y quizá, de ser posible, con un vicepresidente".
Pocas horas después de que la Comisión Electoral anunciara los resultados oficiales comenzaron las protestas de varios miles de personas en las calles. El ex general Shafiq es un personaje odiado por muchos como muestra el asalto y posterior saqueo de la sede de su campaña política con cócteles molotov. Los manifestantes critican que las elecciones no fueron libres ni justas y afirman que Tahrir es el lugar que "derribó a Mubarak y derribará a Shafiq si es elegido".
El pilar de la campaña de Shafiq ha sido la seguridad y la vuelta a la estabilidad. Preferido por los militares ha cosechado votos entre los coptos - opuestos a una presidencia islamista - y los que consideran que la revolución ha perjudicado la economía; en especial el crucial sector turístico.
Todos estos factores están llevando a Egipto a una situación de máxima tensión. Por si fuera poco la cuestión constitucional sigue sin resolverse si bien Mursi ha prometido - otro giro en su discurso - que la nueva Carta Magna será escrita por un panel en verdad representativo de la nación.
La carrera por la presidencia será muy reñida además de polarizada. Mursi parte con una leve ventaja por la implantación de la Hermandad que ya ha iniciado la batalla convocando a un diálogo nacional con el objeto de aunar fuerzas para impedir al candidato contrarrevolucionario alcanzar el poder.
Marcos Suárez Sipmann, analista de Relaciones Internacionales.
