Los españoles llevamos sufriendo varios años una crisis sin precedentes, viendo cómo se nos arruga el estómago después de asistir a las "razias" de los viernes, versión Consejo de Ministros. La espiral recesionista y la inacción del Gobierno en el mayor problema que aqueja a España, que no es otro que la imposibilidad de acceso al crédito por parte de familias y empresas, nos pintan un panorama pesimista del que no es fácil salir.
En medio de este problema sistémico, se publican los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, el primer ejercicio en el que Mariano Rajoy y su aguerrido equipo económico bipolar amenazan con llevar a cabo una lucha sin par contra los indómitos mercados financieros, que "increíblemente" no están dispuestos a seguir financiando a un país que ha permitido que en los últimos cuatro años las comunidades autónomas hayan incrementado su deuda en un 80%, los ayuntamientos en un 36% y el propio Estado en un 51%.
Si segregamos la Seguridad Social, y no tenemos en cuenta las transferencias internas ni las amortizaciones de deuda pública, tendríamos la gradación de la importancia de los gastos en un comparativo de los presupuestos de los años 2011 y 2012 (ver gráfico).
Vemos, que a pesar del "esfuerzo" realizado por el Partido Popular, los presupuestos de Cristóbal Montoro son prácticamente iguales a los que realizó el PSOE el año anterior. Eso sí, las transferencias a las comunidades autónomas han crecido un 11% y las realizadas a entidades locales un 7,6%. El Servicio de la Deuda lógicamente ha crecido un 5,3%, habida cuenta de que no paramos de emitir nueva deuda, y cada vez la prima de riesgo es mayor y pagamos más intereses por la nueva emisión.
Especialmente llamativo es que a nivel presupuestario hayan crecido levemente los sueldos y salarios de empleados públicos. Por su parte, las transferencias, tanto corrientes como de capital, deberían ser el caballo de batalla de cualquier gobierno que tratase de ser ortodoxo y de buscar el equilibrio presupuestario; y aunque las transferencias directas a todo tipo de fundaciones, asociaciones, federaciones, centros culturales, etc. hayan disminuido, siguen siendo un elevado gasto que a lo mejor no puede permitirse el Gobierno español.
En los tiempos que corren, lo adecuado sería realizar un presupuesto base cero, es decir, analizar los gastos que son necesarios y los que no, y de los primeros distinguir entre los que imperiosamente hay que realizar en el año 2012 y los que pueden demorarse o realizarse de forma parcial. Nos da la impresión de que lo que se ha hecho ha sido fijar un porcentaje de disminución del gasto del 15 o del 20%, y distribuirlo entre los distintos ministerios, los cuales tienen discrecionalidad para asignar ese dinero entre los destinos que se consideren adecuados. Por tanto, no se realiza ese análisis previo que permitiría eliminar los gastos superfluos, sino que simplemente se rebaja el dinero a distribuir entre las diferentes entidades.
Los que somos independientes y pensamos que hay que ser muy cuidadoso con el destino del dinero público, consideramos que, después de ver los Presupuestos del año 2012, vamos a tener más de lo mismo, aunque haya habido un cambio de Gobierno. Es preciso cambiar la mentalidad de los gestores del dinero público. No podemos seguir pensando que somos un país rico que puede dispendiar dinero en gastos no necesarios. Si no, a lo mejor vienen otros de Bruselas a decirnos cómo se deben hacer los recortes, y seguro que serán más profundos.
Miguel Córdoba, miembro del Comité Consultivo de la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva).
