"Tarde, mal y a rastras" ha sido la queja formulada por el presidente de Gobierno sobre cómo debe acometerse la reforma del sistema financiero por no haberlo hecho en su momento. Pero su aforismo, que debe extenderse a la reforma de las AAPP, su financiación y a las cuentas públicas en general se vuelve contra él; sobre todo en este segundo caso, por falta de profundidad, desacierto y carencias en las medidas que está emprendiendo, cruciales para nuestro futuro. Tiene razón Rajoy, y no es apelar ni a la herencia pasada ni al lastre -los peores y más pesados de nuestra democracia- en advertir que las actuaciones del presente tienen mucho que ver, en intensidad y dimensión, con las acciones o dejaciones del pasado.
En lugar de crear en 2010 esos monstruos de entidades que eran los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) o las fusiones frías que, junto con el Frob (2009), el programa de avales de 100.000 millones de euros (2008) y el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (2008), agravaron el desorden y las ineficiencias ya existentes, donde bancos y, sobre todo, cajas obtuvieron fondos o garantías públicos para mantener sus viejas estructuras organizativas, de negocios y administración. Si en lugar de ello, la reforma financiera se hubiese llevado a cabo no sólo antes sino correctamente, limpiando entidades de menor calado -no necesariamente de menor tamaño, como prueba la buena gestión y resultados de diversas cajas rurales- en cuanto a su sentido o presencia en el mercado; eliminando los muchos y graves problemas de unas cajas de ahorro que ni tenían bien definida su naturaleza -y, por ende, su propiedad real- y cuya gestión estaba en manos de poderes e intereses políticos; liquidando las entidades ineficientes o quebradas (CajaSur, Caja Castilla-La Mancha, Unnim, Novagalicia, Caixa Catalunya, CAM o Bancaja, entre otras); favoreciendo fusiones naturales (no forzadas); y acometiendo un plan serio y definitivo de limpieza de activos tóxicos así como de fortalecimiento del balance o capitalización adecuada, en lugar de las pequeñas dosis, el ocultismo de balances o los malos remedos de reformas previas, y con salidas a bolsa oportunas y no limitadas en el tiempo, es seguro que, de haberse hecho así, la dimensión e intensidad de los costes implicados en esta reforma no habrían llegado a ser lo que son.
El Gobierno de Aznar tampoco quiso acabar con ese ineficiente sistema politizado, logrero y nepotista que constituía la mitad de nuestro sistema financiero, proveniente de la LORCA de 1985 establecida por el Gobierno de Felipe González. La última reforma de Rajoy, además de insuficiente en cuantía de aprovisionamiento de fondos o de problemas no resueltos en las Sociedades de Gestión de Activos (bancos malos) -naturaleza de su pasivo y la permanencia del riesgo inmobiliario en las entidades, valoración de dichos activos o lentitud de plazos de constitución, liquidación y venta-, tampoco termina de resolver las conexiones político-administrativas de ciertas entidades con las autoridades autonómicas, por ejemplo en Galicia, Cataluña, País Vasco o Andalucía. Y esperemos que en Madrid haya quedado resuelto. Tarde, mal y a rastras -si es que es- está siendo también la necesaria reforma que reduzca la intromisión, gastos y apelación a nuestros bolsillos de las Administraciones y poderes públicos. Con todos los recortes que se han hecho en la lucha contra un déficit desbordante y desbordado, todavía el aumento de impuestos destinado a recuperar ingresos, tanto en la Administración central como en las autonómicas, es incluso mayor que las reducciones y renuncias a partidas de gasto en tal sentido. No hay contradicción en luchar contra el despilfarro, reducir lo político a su justos términos y lograr el crecimiento económico. Sí lo daña que los ajustes recaigan sobre todo en los ciudadanos (impuestos) en lugar de en una sobredimensionada estructura burocrática de autoridades, políticos u organizaciones oportunistas que viven del gasto y del erario público. De nuevo, el déficit de 2011 se ha desbordado en las autonomías. Especialmente sensible es el dato de Madrid -la única que cumplía- pasando del 1,3 previsto al 2,2%(nada menos que una desviación del 69,3%).
Hay que reducir la Administración, es decir, la cuota del poder.
Fernando Méndez Ibisate, Universidad Complutense de Madrid.
