Reformas cada viernes. Eso es lo que ha prometido el actual presidente de Gobierno con el añadido de que va a "hacer todo lo necesario para salir de aquí". Desde luego, no son los políticos quienes nos sacarán de las dificultades, aunque todos pretendan apuntarse el tanto. Somos los ciudadanos quienes ya hacemos todo lo posible para salir de la situación particular de penurias -unos mejor y otros peor- en la que cada uno se encuentra, y lo único que pedimos a las autoridades es que nos fastidien lo menos posible o incluso que nos faciliten tal labor. Hasta el momento, no sólo han hecho caso omiso, sino que van en la dirección opuesta.
No lo digo por las reformas o recortes, imprescindibles para una sociedad que ha vivido con constancia por encima de su disposición a producir y ahorrar, en buena parte embaucada por los mensajes interesados de sus políticos. Es obvio que las reformas iniciadas eran necesarias para nuestra economía y sociedad y se han orientado en la buena dirección, aunque no siempre han profundizado lo preciso o contemplado todos los aspectos atañidos.
Premiar el esfuerzo y el trabajo
Es preciso devolver la responsabilidad a las personas y premiar el esfuerzo, el trabajo y el talento. Que primen y, sobre todo, se respeten las decisiones y contratos privados (también en el mercado laboral) por encima de los grupos de intereses, cuando se adoptan con libertad y sin fraude ni engaño. Es muy importante que, como ciudadanos y sociedad, seamos no sólo conscientes, sino responsables de lo que cuesta cualquier bien o servicio de los mal llamados públicos y que paguemos por su uso sin socializar sus costes cuando otros no vayan a hacer uso directo o indirecto de los mismos (por ejemplo, universidad). Pero tengo la sensación de que se ha empezado todo al revés.
En este sentido, el Gobierno, cuya prioridad a corto plazo es la consolidación de cuentas públicas, ha optado por fastidiar y distorsionar los planes privados de la gente, cargándoles con muchos más impuestos o realizando muchos de los recortes sin replantear la provisión, gestión y financiación de muchos de los servicios y bienes en sus manos. Vamos, que la reforma de la Administración Pública, incluido todo el organigrama del Estado, ha quedado pendiente o pospuesta y buena parte de los nichos de los que viven o afectan a los políticos o afines apenas se han tocado.
Hay que devolver dinero a los ciudadanos
Buena parte de la racionalización de la administración pública pasa por reducir, sin más, su presencia de las vidas de los ciudadanos. Además, debe cambiarse su gestión, administración y financiación. Ambas medidas permitirían retornar buena parte de los dineros que ahora manejan políticos o grupos de intereses diversos a los bolsillos de los ciudadanos. No cabe hacer pagar al ciudadano por los altísimos costes, baja productividad e ineficiencias con que se atienden o suministran servicios desde el sector público en comparación con el privado. Como tampoco tiene sentido plantear el cobro por determinados servicios (sanidad, educación o autovías) cuando su calidad no llega a lo decente y no se establecen cambios de su financiación, que sigue cobrándose mediante impuestos generales.
Lo primero sería devolver a los ciudadanos buena parte de sus ingresos o rentas que ahora, y desde hace muchos años, se despilfarran. Para ello no basta con fusionar unos cuantos ayuntamientos, que habrá de hacerse por mera cuestión de racionalidad administrativa. Ni tampoco suprimir diputaciones o acabar con la duplicidad de competencias, cuya simple existencia indica el nivel de moralidad en nuestros administradores públicos y autoridades. El aparato completo del Estado debe deshacerse de muchas competencias (gastos) que no le corresponden, como procurar la felicidad o el ocio de los ciudadanos, según regula alguna que otra norma. No corresponde al Estado (en todos sus niveles) la creación de empresas o entidades para proveer bienes y servicios que ya procuran los privados. Hay que eliminar prácticamente todas (no solo 45) de las más de 4.000 empresas u organismos públicos existentes. Debe revisarse cada partida de gasto, cada tarea que pretenden para sí las Administraciones Públicas, cada puesto, de los que muchos solo están para poner trabas al desarrollo de las actividades privadas y sacar provecho económico de la actividad burocrática. Muchos empleos públicos se descargarán del bolsillo de los ciudadanos, especialmente aquellos que, como un tercio del personal de la Intervención General de la Junta de Andalucía, se han designado a dedo sin ser funcionarios de carrera.
Fernando Méndez Ibisate, de la Universidad Complutense de Madrid.
