La seguridad jurídica es el mayor activo económico de cualquier país. Hay aspectos acaso más fáciles de cuantificar, como la fuerza de trabajo, las materias primas o el desarrollo tecnológico, pero sin seguridad jurídica resulta materialmente imposible generar confianza, atraer inversores o construir riqueza.
La expropiación en Argentina de YPF, al que ha seguido la decisión boliviana sobre Red Eléctrica, es el último capítulo de una larga lista de decisiones políticas que fracturan ese principio jurídico. Al igual que en los demás casos, esta aventura concluirá con el recelo y la desafección internacional y de los mercados contra sus promotores, en este caso una nación hermana. Alentar la inseguridad jurídica nunca sale a cuenta, por muy altas que suenen las supuestas razones invocadas. La confianza internacional se pierde en un instante, pero recuperarla lleva muchos años, por lo general todo se recompondrá demasiado tarde y, como pasa con los jarrones y las piezas de museo, las cosas nunca serán iguales que antes de romperse.
Esa imposibilidad de recomponer la confianza cuando se quiebra fue el hilo argumental de las críticas del presidente del Gobierno español a la decisión argentina. Las hizo recientemente en el Foro Económico Mundial de México, y resumen a la perfección las consecuencias de esa pérdida de la reputación internacional de la que trato de advertirles.
Sin duda, defender a las empresas españolas que se ven arbitrariamente tratadas y sufren de inseguridades jurídicas es un mandato exigible a cualquiera de nuestros Gobiernos. Excepto, o eso parece, si las medidas retroactivas y arbitrarias fueron aplicadas por un Gobierno español, el anterior, y desde finales de 2010 vienen perjudicando gravísimamente y de puertas adentro a todo un sector, el solar fotovoltaico. Miguel Sebastián, anterior ministro de Industria, aprobó entonces el Real Decreto-Ley 14/2010, en el que redujo retroactivamente la retribución concedida a instalaciones solares fotovoltaicas ya en marcha. Es decir, quienes decidieron invertir en esa industria a partir de unas condiciones de mercado establecidas por el propio Ejecutivo, vieron cómo un par de años más tarde, ese mismo Gobierno alteraba arbitrariamente sus propias decisiones y ponía a todo un sector al borde del abismo.
Si las condiciones del mercado pasan a ser totalmente arbitrarias, con unas reglas del juego que pueden cambiarse a voluntad en cualquier momento, ¿quién va a querer invertir o, mejor, quién invierte en España con semejante incertidumbre?
Unos meses después, el propio comisario europeo de Energía, el alemán Günther Oëttinger, denunciaba al Gobierno español por vulnerar el principio de seguridad jurídica, y lo hacía con unos argumentos y un énfasis tan parecidos como dos gotas de agua a los empleados ahora ante Argentina.
Las medidas retroactivas de Sebastián se adoptaron para resolver el déficit de tarifa eléctrica en España, un problema que no ha dejado de crecer desde entonces, porque el problema del déficit no es de las renovables en general, ni de la fotovoltaica en particular, sino de un sistema eléctrico oscurantista y obsoleto. Desde el cambio de Gobierno y de ministro de Industria, en UNEF venimos pidiendo a los nuevos responsables que anulen las medidas retroactivas y abran una mesa de diálogo con los agentes sectoriales y los poderes públicos para atacar el problema del déficit de tarifa a fondo y desde su origen. Ante los nuevos acontecimientos y por simple coherencia política, por transmitir un mismo mensaje de puertas afuera y también de puertas adentro, confiamos en que la inseguridad generada por el anterior Gobierno pueda solucionarse cuanto antes.
Rocío Hortigüela y Antonio Navarro, copresidentes de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF.