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Desgravación fiscal sanitaria

Parecía que no iba a llegar nunca, pero por fin las indiscutibles dificultades que acontecían en nuestro sistema sanitario público, reflejadas principalmente en la generación de una deuda inaceptable, han hecho que por primera vez en las últimas décadas se impongan los criterios sanitarios y económicos a unos intereses electorales que, con tal de no perder votos, prometían a los ciudadanos lo que no tienen capacidad de dar: una oferta ilimitada para toda la población sin ningún sobrecoste.

Sin duda, solo con atreverse a plantear alguna modificación en las reglas que rigen el sistema sanitario público, el Gobierno ha demostrado un gesto responsable, valiente y ante todo acorde a la realidad que de nuestra sociedad y, aunque cualquier reforma o recorte conlleva un esfuerzo de los ciudadanos, no se deben descartar otras alternativas que, una vez quitados los reparos ideológicos, podrían ser una opción clara a considerar.

Así pues, en este sentido, hora es de referenciar la medida que hemos propuesto desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) en torno a la desgravación fiscal de los seguros privados de salud -www.desgravacionfiscalsanitaria.com-. En primer lugar, es importante que todos los ciudadanos aprecien que ésta no es una medida extraordinaria ni mucho menos inoportuna, máxime teniendo en cuenta los tiempos que corren. Un sistema sanitario en bancarrota que está financiado con los impuestos que pagamos todos hace más necesario que nunca que los que puedan realicen un esfuerzo a través de la inyección de financiación privada al sistema sanitario en favor de quien no tiene oportunidad de elegir y debe seguir obligatoriamente bajo la cobertura del sistema sanitario público. Y esto es exactamente la suscripción voluntaria de los seguros de salud: un copago voluntario que, en mayor o menor medida, en función del uso que se le dé y de las coberturas que se contraten, supone una inyección económica al sistema sanitario que genera ahorros tanto en el gasto como en el uso de recursos públicos.

Como referencia internacional, podemos decir que la mayoría de los Estados miembros de la UE ofrecen algún tipo de incentivo fiscal en el gasto sanitario directo a las familias (Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Rumanía, etcétera) o a las familias y a los colectivos (Austria, Bulgaria, Grecia, Italia, Portugal o Eslovenia). Como pongo de manifiesto, nos encontramos de nuevo con múltiples experiencias en el contexto fiscal, siendo cierto y demostrado en diversos estudios y análisis recientes elaborados dentro de la UE que en aquellos países donde existe una auténtica complementariedad e integración de los recursos de ambos sistemas y se promueve el seguro voluntario privado, es donde la sanidad alcanza las mejores puntuaciones y valoraciones por parte de la sociedad en la que se enmarca. Son además los sistemas más saneados financieramente hablando, mejor gestionados en su conjunto y que brindan en general una mejor atención al ciudadano en términos de equidad, cohesión y acceso.

En España, los más de siete millones de usuarios de la sanidad privada a través del doble aseguramiento no consumen recursos de la sanidad pública, o los consumen parcialmente y esto disminuye la presión asistencial, los tiempos de demora y las listas de espera, lo que se traduce en una liberación de recursos sanitarios para el sistema y una ayuda financiera que puede llegar a ser hasta de 1.500 euros por persona y año -o, cuando menos y sin dejar lugar a interpretaciones, de 625 euros al año, que es la siniestralidad media por asegurado que tienen las mutuas sanitarias-. Al encontrarnos ante un sistema público de cobertura universal, obviamente todo lo que se consuma en el sector privado es ahorro para la Administración Pública.

Éste es un aspecto irrefutable, de consenso por parte de los expertos y que debería ser tenido muy en cuenta de cara a la planificación y el diseño que se haga con vistas al futuro, ya que en cualquier caso una desgravación del 15% sobre la prima anual -teniendo en cuenta que el sistema asegurador español es de los más baratos que existen- siempre sería muy inferior a esos 625 euros de siniestralidad media por asegurado al año. Y, si lo que queremos es evitar la falta de ingresos para la Administración que acarrearía el que los casi siete millones de usuarios se beneficiaran de la desgravación de golpe, con limitarla al nivel de renta se aplacaría totalmente la medida, dado que la gran mayoría de usuarios del sector sanitario privado tienen rentas superiores a treinta mil o sesenta mil euros anuales.

En conclusión, los datos expuestos demuestran la oportunidad de reformar de forma consensuada nuestro sistema sanitario. Déjese de lado la demagogia fácil -que no está el país para bromas-, y valórese en cambio que el sector sanitario privado es por encima de cualquier circunstancia de las pocas fuentes de generación de riqueza y empleo que se sostiene a pesar de la tremenda crisis que estamos viviendo.

Juan Abarca, secretario general del IDIS.

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