Las cuentas de la Seguridad Social para este ejercicio 2012 es una de las secciones de los presupuestos, y no es la única, que parecen no ajustarse a la realidad de la situación económica del país. Planteadas bajo un prisma excesivamente optimista y alejado de la realidad, nos sitúan en un pretendido déficit del 0,0% del PIB o, lo que es lo mismo, en una situación de equilibrio presupuestario a cierre del año. Deseos y realidades parece que se confunden una vez más, y lo que es peor, en una partida fundamental de uno de los preciados pilares del Estado de bienestar español.
Debe recordarse que del total del gasto planteado por las cuentas del Estado para 2012, 175.383 millones se destinan a gasto social y que dos tercios del mismo va a pensiones, concepto que incluye las pensiones contributivas y no contributivas, incapacidad temporal, maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo, prestaciones familiares, etc. En conjunto, los presupuestos de la Seguridad Social ascienden a 120.698,3 millones de euros, gasto comprometido e irrenunciable, cuya partida más cuantiosa está destinada a pensiones contributivas y no contributivas, que experimenta un crecimiento esperado del 2,9%, consecuencia del incremento del colectivo de pensionistas, de la cuantía media de las pensiones de los nuevos jubilados y de la revalorización de las pensiones contributivas del 1%.
Premisas poco sólidas
Catalogados por el propio Gobierno como austeros, se puede objetar en contra de los Presupuestos que no parten de unas premisas suficientemente sólidas, si tenemos en cuenta que los cálculos para este ejercicio se basan en los datos presupuestados del anterior, no los reales. Más si recordamos que la Seguridad Social cerró en 2011 con un déficit del 0,1%, lo que supuso un desequilibrio de 995 millones de euros, que equivale al 0,09% del PIB, desviación que no se ha tomado en cuenta a la hora de elaborar estos presupuestos. Tanto los ingresos como los gastos acabaron finalmente desviados de sus previsiones iniciales, debido al aumento del paro y al empeoramiento de la situación económica, por una parte, y al aumento del número de pensionistas y de la cuantía media de las pensiones, por otra. Si por el lado de los ingresos podría aceptarse cierta indefinición a la hora de concretarse la cifra esperada, máxime tras un año especialmente difícil, es más sorprendente la desviación al alza por el lado de los gastos, ya que se supone que a principios de cada ejercicio se cuenta con todos los datos necesarios para llegar a unos cálculos muy aproximados.
Respecto a la dependencia, y tratando de contener esta dotación de gasto, el Gobierno ha suspendido la entrada al sistema de los dependientes moderados prevista para 2012, medida justificada por los responsables del Ministerio por la supuesta asistencia que éstos ya reciben de los servicios sociales básicos, sin embargo ya muy recortados por la crisis. Y en cuanto a los dependientes más graves, dos tercios están actualmente atendidos en su domicilio, la inmensa mayoría bajo el cuidado de sus familiares, en vez de recibir una ayuda especializada. Ésta es una muestra más de la imposibilidad de llevar a la práctica y de dotar fondos al Sistema de Atención a la Dependencia.
Si desde el lado de los gastos poco se puede acometer para reducir el presupuesto, siempre que no se cuestione y revise el modelo vigente de pensiones, son, no obstante, las partidas de ingresos las que generan mayores interrogantes respecto a su cumplimiento, concretamente las cotizaciones sociales, que representan el mayor peso relativo en la financiación del presupuesto de la Seguridad Social. Para conseguir el pretendido déficit cero, y dado que los gastos crecen respecto al año anterior, sólo queda, por tanto, aumentar los ingresos.
¿De dónde van a sacar el dinero?
¿De dónde se va a sacar el dinero? En un contexto económico aún más difícil que el año anterior, se prevé que la recaudación por cotizaciones solo se reduzca un 3,9% respecto a lo presupuestado el año anterior, obviándose que en el 2011 solo se alcanzaron el 95,4% de las presupuestadas para ese periodo. Es decir, se parte de una previsión errónea del número de cotizantes, ya que no se contempla la reducción sufrida en el año anterior en datos reales.
Plantearse ese entorno de déficit cero para el cierre de este periodo parece más un ejercicio de buenas intenciones que de realidades. La aplicación del Fondo de Reserva, que siempre ha estado dotado por debajo de los superávits experimentados en los años de bonanza, para el pago de las pensiones, parece hoy en día una realidad más cercana.
Rocío Gallego, profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos.
